Jesús Cacho-Vozpópuli

Reclamar al dúo Sánchez-Yolanda las reformas estructurales necesarias para cambiar los componentes de nuestro crecimiento es pedir peras al olmo

Los medios de comunicación del vecino del norte se despertaron el viernes con la noticia del instituto nacional de estadística galo (el INSEE), según la cual la deuda pública francesa alcanzó los 3.303 billones de euros en el tercer trimestre del año, cifra equivalente al 113,7% del PIB, el nivel más alto jamás alcanzado en términos absolutos. En los tres meses que van de julio a septiembre, el endeudamiento galo aumentó en 71.700 millones. La escalada parece imparable: 3.159.700 millones al cierre del primer trimestre; 3.228.400 el segundo y los citados 3.303.000 el tercero. Más llamativo aún es reparar en el meteórico aumento registrado en los últimos 20 años, en los que la deuda pasó de 1.082.000 millones en 2004 a los 3.303.000 actuales, lo que quiere decir que la cifra se ha más que triplicado en dos décadas. Baste decir que en los siete años de presidencia de Emmanuel Macron, el endeudamiento francés ha aumentado en 839.000 millones. La crisis del Covid y el “haremos lo que sea necesario» [para derrotar la pandemia] están detrás de lo ocurrido, pero también la incapacidad de París para ajustar sus cuentas públicas. Pocas horas después de que, viernes 13 de diciembre, el presidente de la República anunciara el nombramiento de François Bayrou como nuevo primer ministro en sustitución de Michel Barnier, la agencia de calificación estadounidense Moody’s rebajaba la calificación crediticia a largo plazo de Francia de «Aa2» a «Aa3». Llovía sobre mojado después de que, la pasada primavera, Standard & Poor’s hiciera otro tanto (de “AA” a “AA-”). “La decisión adoptada refleja nuestra opinión de que las finanzas públicas del país se verán significativamente debilitadas en los próximos años por el aumento de la inestabilidad política, lo que probablemente impida una consolidación fiscal significativa”, explican los analistas de Moody’s.

La situación de España no es mucho mejor, incluso cabría decir que es peor. El último dato disponible eleva la deuda de nuestras Administraciones Públicas hasta los 1.636 billones, prácticamente la mitad de la francesa para un Producto Interior Bruto (PIB) que es también la mitad del francés. Es cierto que en términos de PIB esa cifra representa en la actualidad el 104,4% del mismo, pero ello se debe en gran parte a la trampa del denominador (revisiones al alza del PIB), al crecimiento de una economía dopada por los fondos europeos y un gasto público responsable en un 60% del comportamiento del PIB en el periodo 2019-2024. Alguien puede argumentar con razón que preocuparse por la deuda pública en momento tan crítico como el que en términos políticos vive España (otra semana de infarto, con Pedro Sánchez acorralado en los tribunales por culpa de la corrupción de su entorno familiar) no tiene demasiado sentido, pero a los que así opinan habría que recordarles que Sánchez pasará más pronto que tarde, mientras que el endeudamiento de nuestro país será la carga que heredarán nuestros hijos y nietos, hipotecando su futuro para varias generaciones. Un problema de primera magnitud, que debería reclamar la atención de cualquier español solvente y consciente.

Sánchez pasará más pronto que tarde, mientras que el endeudamiento de nuestro país será la carga que heredarán nuestros hijos y nietos, hipotecando su futuro para varias generaciones

Sorprende, por eso, el silencio sepulcral que en España acompaña la deriva suicida de nuestro nivel de deuda por parte de políticos y empresarios, naturalmente también de la llamada sociedad civil, como si el problema no existiera, mientras la clase política francesa, con excepción de la extrema izquierda agrupada en torno al Nuevo Frente Popular (NFP), se siente concernida por el asunto, por descontado el estamento empresarial y financiero, con los medios de comunicación galos plagados de referencias diarias al endeudamiento del país. Para Bayrou, abordar el problema de la deuda es “el Himalaya” (sic) que tendrá que superar. No es para menos. Esos 3,303 billones de deuda representan una carga de 48.308 euros para cada uno de los 68,4 millones de personas que actualmente pueblan Francia (33.526 euros per cápita en el caso español). El servicio de esa deuda (pago de intereses) que este año se comerá 53.900 millones del presupuesto nacional, casi tanto como el gasto en Defensa (54.800), podría escalar en 2025 hasta los 70.000 millones y superar los 80.000 millones en 2026, “rebasando por primera vez el presupuesto en Educación, que es el gasto de futuro por excelencia”,  en palabras del gobernador del Banco de Francia.

Para el ex ministro de Economía socialista y ex comisario europeo Pierre Moscovici, “no hay futuro para Francia si no somos capaces de salir de esa espiral de deuda, nada que podamos hacer con una deuda de esta magnitud”. El también ex comisario europeo Thierry Breton opina, por su parte, que “no hay un segundo que perder: la primera obligación del Gobierno Bayrou será la lucha contra la deuda si queremos poner en marcha a una Francia estancada”. Reducir deuda significa poner freno en 2025 a un déficit público que a finales de este año ascenderá a 162.400 millones, cifra equivalente al 6,2% del PIB, un guarismo que pone a Francia en el disparadero de la intervención del FMI, la Comisión Europea y el BCE. Los “hombres de negro”. Tan cerca como ayer sábado, un editorial de Le Figaro (“La explosión de la deuda francesa, un dilema moral”) describía la situación en tonos dramáticos: “Las cifras son vertiginosas: el año que viene, Francia, ya endeudada hasta el cuello, pedirá prestado otros 300.000 millones en los mercados. No para invertirlos y preparar el país para el futuro, sino para pagar pensiones y llegar a fin de mes. Mientras en las altas esferas miran hacia otra parte, las señales de alarma se multiplican. ¿Ganará finalmente terreno la idea de que, por irresponsabilidad, por cobardía, por egoísmo, estamos alimentando una bomba de tiempo financiera? Las encuestas ponen de manifiesto que esta es ahora mismo una de las principales preocupaciones de los franceses, una muestra de lucidez que por desgracia aún no ha llegado a la Asamblea Nacional, donde se sienta un 80% de diputados partidarios de gastar aún más”.

¿Ganará finalmente terreno la idea de que, por irresponsabilidad, por cobardía, por egoísmo, estamos alimentando una bomba de tiempo financiera?

Según Moscovici, “existe un nudo gordiano entre la incertidumbre económica, la inestabilidad política y la degradación financiera de Francia. Hay que cortar este nudo y para cortarlo hay que resolver la cuestión política”. Ese es exactamente el problema de España, un país que camina aceleradamente hacia el precipicio de esa república bolivariana a la que aspira Sanchez y su banda para consolidar su poder con el respaldo de medio país y con el otro medio en la diáspora o el exilio interior. Resolver la cuestión política. Desalojar cuanto antes a Sánchez y su banda de la presidencia para abordar la ingente tarea de reconstrucción nacional que tenemos por delante. Desde su llegada a la Moncloa la deuda pública española ha aumentado en 415.000 millones. ¿Va mal la economía española? No. Una fuente tan fiable como Funcas apuesta por un crecimiento del PIB del 3% para este año, por encima incluso de las previsiones del Gobierno (2,7%), pero conviene aclarar enseguida que los motores de ese crecimiento (el puro gasto público propulsado por los ingresos fiscales extraordinarios derivados de los efectos de la inflación sobre los impuestos, más la lluvia de los fondos europeos Next Generation), tienen fecha de caducidad. En modo alguno el comportamiento de la economía española se puede atribuir a un piernas que plagió su propia tesis como Sánchez, hasta el punto de obligar a preguntarse cuál hubiera sido la evolución del PIB en un entorno de estabilidad política, seguridad jurídica y apoyo, en lugar de asedio, a la actividad empresarial.

El último “regalo” de este Gobierno al mundo de la empresa ha sido la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, acuerdo firmado y anunciado esta semana entre unos sindicatos marxistas financiados con dinero público y una ministra analfabeta a fuer de comunista, en cuyas manos ha puesto Sánchez la gestión de la economía. Jornada laboral de 37,5 horas en un país con una productividad entre las más bajas de la OCDE. ¿Qué puede salir mal? Reclamar al dúo Sánchez-Yolanda las reformas estructurales necesarias para cambiar los componentes de nuestro crecimiento es pedir peras al olmo. Navegamos con el viento en popa de la inmigración, el turismo y los fondos europeos. Solo de momento. Tanta importancia tiene ese “regalo” que este mismo viernes el Gobierno reclamaba a la CE el quinto pago de esos fondos, nada menos que 25.000 millones, el 15% de todos los recursos que tiene asignados desde la pandemia. Sánchez es simplemente un político con suerte, un tipo con una flor en el culo. Por ejemplo, la pandemia.

Reclamar al dúo Sánchez-Yolanda las reformas estructurales necesarias para cambiar los componentes de nuestro crecimiento es pedir peras al olmo

El crecimiento de estos últimos años tampoco ha servido para acometer un recorte drástico del déficit público (ergo de la deuda), asunto obligado en cualquier gobernante responsable a quien hubiera tocado la lotería del aumento de ingresos fiscales citado. El escenario de un déficit del 3,7% del PIB en 2023, del 3% estimado para 2024 y del 3,1% previsto para 2025 (Portugal, con superávit presupuestario del 1,2% en 2023, prevé cerrar 2024 con el 0,6%), obliga a reconocer que Sánchez ha dilapidado la ingente suma de dinero de que ha dispuesto de cara a los obligados objetivos de consolidación fiscal, privando de paso al país de cualquier colchón en caso de un futuro shock financiero externo. Y las cosas podrían ir a peor si el rufián lograra aprobar Presupuestos para 2025. Con cada vez más gente viviendo del Estado y menos del marcado, y con un escandallo de gastos que se han convertido en estructurales (por ejemplo, las pensiones, con la deuda de la Seguridad Social disparada hasta los 116.000 millones) insostenible, el horizonte de ajuste que previsiblemente heredará el sucesor de Sánchez en Moncloa, sea quien sea, suena sencillamente aterrador. De ahí la urgencia extrema de desalojarlo cuanto antes.

¡Feliz Navidad para todos los lectores de Vozpópuli!