Los socios necesarios de la investidura de Pedro Sánchez no pierden la ocasión de recordar su animadversión hacia la propia idea de España. Basta con atender a sus agravios durante la jornada del 12 de octubre, cuando tradicionalmente se celebra la hispanidad en España y América. Y se da por descontado que repetirán los desprecios en tres semanas, cuando darán plantón a la princesa Leonor en su jura de la Constitución.
Los dos grandes partidos del independentismo catalán, Junts y ERC, se disputaron ayer los honores de ser los más beligerantes contra los símbolos de los españoles. Mientras Junts repitió las delirantes tesis del indigenismo, que vinculan la celebración del 12-O con la exaltación del «genocidio», ERC exigió el fin de las paradas militares. Los republicanos argumentaron que dan «espacio a la derecha y la extrema derecha para integrar sus discursos xenófobos e imperialistas, con completa impunidad, en el discurso y debate público».
Entre los partidos independentistas vascos, como entre los nacionalistas gallegos del BNG, no cambia la tendencia. El PNV enfatizó que su «única patria» es la vasca. Bildu insistió en que «no hay nada que celebrar», incidiendo en el discurso hispanófobo. Y el BNG vinculó perversamente el «imperialismo» con el «españolismo». Lo cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol. Los nacionalistas asumieron ayer la misma rutina de todos los años. Pero el escenario político del país es, en cambio, más proclive para sus intereses que nunca antes desde la Transición a pesar de contar con una representación parlamentaria minoritaria.
En este escenario, las concesiones al independentismo catalán, consumadas con la supresión del delito de sedición o el indulto de parte de sus líderes, entre otras, pueden dar un salto cósmico con la suma de la amnistía que discuten PSOE y Sumar con el prófugo Carles Puigdemont. Es cierto que Sánchez ha reiterado, en una y otra ocasión, que el límite de sus negociaciones son los límites de la Constitución. Algo poco convincente cuando la amnistía, que acaba con el principio de igualdad de todos los españoles, es incompatible con los principios constitucionales. Pero, incluso pasando por alto este hecho, es el propio historial de cambios de opinión del presidente lo que dificulta que los españoles crean en la firmeza de su palabra.
Su investidura como candidato a la presidencia está condicionada a la opinión favorable de quienes tienen como propósito la destrucción de España. Y son estos quienes, a la vista de la fragilidad del presidente, aprovechan para exprimir su lista de reclamaciones. No hay un sólo partido a su alrededor que ofrezca un abismo de esperanza o tranquilidad. De momento, Sánchez se reúne esta mañana con Bildu por primera vez sin que la formación haya condenado expresamente el largo historial de sangre de ETA. Es más: Sánchez recibe a Mertxe Aizpurua una semana después de que Bildu se negara a participar en una declaración institucional en Vitoria para «condenar» la vandalización de la tumba del socialista Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista. Bildu fue la única formación que se salió del consenso.
Ni siquiera el desprecio a una de sus víctimas empaña la determinación del PSOE de obtener los votos del partido de Arnaldo Otegi. De hecho, Sánchez sólo excluye de las conversaciones con los grupos parlamentarios a Vox, sin filias conocidas por el terrorismo ni integrantes con delitos de sangre. El partido de Santiago Abascal resulta, a sus ojos, moralmente más atroz que quienes regatean una sencilla y clara declaración de condena contra el grupo armado que asesinó a 850 personas. Entre ellas, 12 miembros del Partido Socialista.
Resulta llamativo que, con estos mimbres, Sánchez llame al decoro democrático al PP, pudiendo comenzar por quienes se revuelven cuando se les reclama más rotundidad contra el terrorismo o a quienes insultan, por defecto, los símbolos democráticos y nacionales del país. Salta a la vista que, con esas compañías, a Sánchez le costará mucho presentarse como paladín del orden constitucional.