El aplazamiento del debate lingüístico amenaza con reactivar el estado de insatisfacción de Junts, que vincula la oficialidad al apoyo a una legislatura ya de por sí inestable. El PNV, defensor de la pluralidad lingüística como «parte del ADN de la Unión», optó por una posición conciliadora para avanzar en «la vía diplomática» de reconocimiento del euskera como un patrimonio cultural y una realidad social «evidente».

La precariedad parlamentaria de Pedro Sánchez le ha llevado a trasladar a Europa las urgencias de Puigdemont. Pero intentar resolver en Estrasburgo el trabalenguas en el que se ha metido Sánchez en España para atar sus respaldos era un ejercicio sumamente complejo. Suponía reabrir la caja de Pandora y desatar las dudas en varios países. Por buscar el salvavidas de Europa a un problema doméstico. Por el coste del reconocimiento de las tres lenguas, valorado en 132 millones, a pesar de que el Gobierno español lo sufrague. Pero, sobre todo, por el temido agravio comparativo en socios comunitarios plurilingües. Hay 50 lenguas minorizadas en una Unión de 24 idiomas oficiales. Desde el corso y el bretón en Francia, al sardo de Italia, pasando por la minoría turca en Chipre o la comunidad rusófila en las repúblicas bálticas.

El debate europeo se había planteado como un pulso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lejos de casa. El líder del PP puede utilizar el aplazamiento como un triunfo a su confesado veto a la oficialidad, censurado por los socios del Gobierno, aunque su partido haya apoyado recientemente en el Parlamento de Santiago el uso del gallego en la Eurocámara. El presidente ha ganado tiempo. Otra cosa es que Junts amague con nuevas rupturas a un Sánchez que enfila con la lengua fuera el ecuador de la legislatura.