Ignacio Camacho-ABC

  • El palmario enchufe no supone en sí mismo un delito, pero deja indicios de un clamoroso caso de amiguismo político

David Sánchez Pérez-Castejón, alias Azagra, ha dimitido de un puesto en el que no estaba. Su nómina podía figurar administrativamente en un organigrama pero el desconocimiento sobre sus funciones y su lugar de trabajo quedó patente ante toda España en esa declaración judicial desdichada. (Inciso: si no se trató de una estrategia para parecer idiota antes que culpable, el abogado no merece su fama. Una declaración así hay que prepararla). El evidente enchufe no supone por sí mismo un delito, cuestión que deberá dilucidarse si llega a juicio, pero el presidente de la Diputación sí queda muy en entredicho si no demuestra que la designación se ajustó a los correspondientes requisitos. Por ahí está el exalcalde de Jerez Pedro Pacheco que se comió enteritos cinco años de prisión por colocar a dedo a dos compañeros de partido en la Gerencia de Urbanismo. A simple vista, sin prejuzgar responsabilidades penales, hay pocas dudas de estar ante claros indicios de amiguismo político.

Para el Gobierno, sin embargo, el asunto constituye una persecución apriorística al hermano de un presidente progresista. Así lo ha manifestado la portavoz Pilar Alegría, siguiendo la costumbre oficial de decretar absoluciones o culpas al margen de lo que los tribunales decidan. Es vieja historia ésta de que el presidente y sus ministros arbitren si hay caso o no hay caso según la proximidad o lejanía del imputado al entorno sanchista; la de dinero y de tiempo que podrían ahorrarse los contribuyentes si fuese el Ejecutivo el encargado de impartir justicia por vía expeditiva. Si el acusado es de izquierdas o nacionalista, si ejerce de fiscal del Estado o tiene algún parentesco con el líder supremo, absuelto con todos los pronunciamientos favorables sin necesidad de proceso; si es de derechas, convicto de antemano para que aprenda a situarse en el lado correcto. Los jueces, esa inútil casta de leguleyos, sólo sirven para entorpecer la justa aplicación del Derecho.

La pena es que la provincia de Badajoz se queda por ahora sin director de artes escénicas, ese imprescindible cargo que su titular no sabía ubicar ni definir cuando la jueza le preguntó de manera bien concreta por su localización, cometido y competencias. El programa de Ópera Joven, proyecto estrella del afamado director de orquesta, va a volver a salir a concurso porque su oferta no ha despertado el interés de ninguna empresa. La renuncia de Sánchez II puede estar relacionada con esa falta de solicitantes, dado que de todos modos no iba a obstaculizar el curso de las diligencias judiciales. A Alegría y sus proveedores de argumentario se les ha pasado por el alto el detalle del daño colateral infligido a los pacenses con la lamentable privación de una actividad cultural tan relevante. Con lo bien que habrían quedado lamentándose de que la cacería fascista empuje a la víctima a irse con la música a otra parte.