Con López no, con Urkullu ¿sí?. Los cuatro fracasos

Apunto de alcanzar los treinta y cinco años de autonomía, Euskadi parece encaminarse, por fin, hacia el cierre de su compleja arquitectura institucional con la aprobación de la Ley Municipal. El País Vasco es desde hace tiempo la única comunidad que se ha mostrado incapaz de alumbrar una norma de estas características.

El PSE ha lamentado el «partidismo» que, a su juicio, han mostrado los jeltzales durante tres décadas

El vacío no se cubrirá de la noche a la mañana. El Gabinete Urkullu aprobó en su Consejo de Gobierno del martes el correspondiente anteproyecto de ley, que ahora se someterá a la consideración de las instituciones afectadas. El proyecto definitivo está previsto que vea la luz en otoñoinvierno, para que el Parlamento lo debata y le dé luz verde definitiva a lo largo de 2015. Año electoral por partida doble, no se olvide. En mayo, municipales y forales. Hacia el final del ejercicio, generales. Tres lehendakaris se asomaron al problema y no fueron capaces de resolverlo. José Antonio Ardanza lo intentó en dos ocasiones, en 1986 y 1988, cuando cogobernaba con los socialistas. El Gabinete Ibarretxe también alumbró un proyecto, que decayó. Y otro tanto le sucedió al socialista Patxi López hace un par de años. Todos los indicios llevan a pensar que Urkullu va a tener más ‘suerte’.

¿Por qué con López ‘no’ y con el actual lehendakari jeltzale todo apunta a que ‘sí’? Pues porque Sabin Etxea ha movido ficha en uno de los puntos que impedían un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias: la entrada de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), el órgano hasta ahora paritario Gobierno autónom odiputaciones en el que se decide cómo se reparte el dinero de los impuestos que pagan los vascos.

Históricamente el PNV (y el PP) había considerado ésta y otros pretensiones socialistas «un ataque frontal a las competencias forales recogidas en la LTH y en el Estatuto», y había lanzado a la Diputación de Bizkaia por delante para impedirlo. Pero ha llegado el cambio. Los peneuvistas aceptan en su texto que los municipios tengan tres representantes (los mismos que el Ejecutivo y las diputaciones) en el CVF. Tendrán voz y voto cuando se aborden asuntos de su competencia, y solo voz en el resto.

El PSE no se ha recatado en lamentar el «partidismo» que, a su juicio, han mostrado durante tres décadas los jeltzales. Aun así, sea o no por su pacto parlamentario, ha anunciado que ni hará filibusterismo, ni responderá con la misma moneda. Toda una aparente puerta abierta al entendimiento.

Así pues, y si los intereses electorales no malogran estas posiciones de partida, todo apunta que en unos meses quedarán reguladas y tasadas las competencias de los ayuntamientos vascos –hasta 37–. Y garantizada una suficiencia económica para financiarlas.

Lo improbable
Bastante más improbable parece que la autonomía vasca apruebe otra de sus eternas asignaturas pendientes: la supresión de duplicidades e ineficiencias derivadas de nuestro complejo entramado institucional.

Y es que Euskadi tiene nada menos que tres niveles institucionales para apenas 2.150.000 habitantes. El autonómico, con un Gobierno y un Parlamento vascos. El foral, con tres diputaciones –responsables de la exacción del grueso de los impuestos– y sus respectivos órganos legislativos (las juntas generales). Y el municipal, con un total de 251 ayuntamientos.

Hacia abajo todavía podemos encontrar otras entidades menores, como las cuadrillas alavesas. Hacia arriba dos más: las instituciones de Europa y las del Estado.

Es usual que parlamentarios y periodistas ironicen en no pocas ocasiones sobre la utilidad de las denominadas ponencias. Con este nombre se identifica a los grupos de trabajo que se crean en las cámaras legislativas para trabajar a puerta cerrada en busca de acuerdos en asuntos complejos. En demasiadas ocasiones se convierten en una cómoda fórmula para eternizar esos asuntos que terminan por morir con el final de la legislatura sin un solo avance que llevarse a la boca.

El Parlamento de Vitoria, generoso esta legislatura en la constitución de ponencias para casi todo por deseo expreso del lehendakari Urkullu y de su partido, creó hace ya meses una para abordar específicamente este asunto de las duplicidades. Vaticinar que no servirá para nada puede resultar prematuro. Pero parece altamente improbable que de allí salga algún compromiso cuando el partido de Ortuzar insiste en que eso de las duplicidades es poco menos que una leyenda urbana. En tanto las demás formaciones no solo las ven, sino que hablan de pérdidas multimillonarias para la sociedad.

Solo el interés de algunos partidos, en Euskadi y en el resto de España, por disponer de chiringuitos en los que ‘colocar’ a sus cuadros con un buen sueldo parece explicar, por ejemplo, la pléyade de sociedades incrustadas en el área de Agricultura. Y lo mismo podría decirse de la existencia de un buen número de empleados de la Administración y de las diputaciones cuyo trabajo esencial es vigilar los flujos económicos entre instituciones para ejercer competencias que son de otro.

Ni con crisis y recortes, ni con sustos electorales como los que deparó el 25-M. Las grandes fuerzas políticas se resisten como gato panza arriba a acometer la regeneración que reclama la sociedad.