Francesc de Carreras-El Confidencial
- El decreto-ley aprobado el martes no tiene justificación alguna basada en el interés general: no hay ninguna «necesaria y urgente necesidad» de pagar las multas a los afectados
Parece mentira que Pedro Sánchez y su Gobierno sean tan ingenuos, no aprendan de la historia más reciente, no se hayan enterado todavía de qué pie calza ERC, de su naturaleza eminentemente desleal.
Hace como quien dice cuatro días, Sánchez concedió el indulto a los líderes catalanes que cumplían condena por sedición con la esperanza de que se creara un cómodo clima de confianza que le permitiera negociar acuerdos con ERC para así seguir gobernando hasta el fin de la legislatura.
Para justificar que estos indultos no tendrían contrapartidas onerosas para su Gobierno, Sánchez se permitió decir que en ningún caso accedería a que se celebrase un referéndum de autodeterminación. Una frase vacía que no comprometía a nada porque el presidente del Gobierno no tiene competencias para aquello que la Constitución no permite, tampoco las leyes y ni siquiera los tratados internacionales ratificados por España y, por tanto, con validez interna en el ordenamiento español.
Inmediatamente, el portavoz Rufián se burló del presidente y le espetó con desdén desde la tribuna del Congreso esta humillante frase: «Dijo usted que no habría referéndum de autodeterminación… También dijo que no habría indultos… Denos tiempo». Trató a Sánchez de mentiroso y de oportunista, no exactamente el método adecuado para ir creando el clima de confianza que pretenden los socialistas.
Pocos días después, la opinión pública fue informada de que 41 ex altos cargos de la Generalitat estaban encausados por el Tribunal de Cuentas, un órgano constitucional con dos principales funciones: por un lado, fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público y, por otro, enjuiciar la responsabilidad contable en que incurran quienes manejen los caudales públicos. Derivada de esta segunda función, de naturaleza jurisdiccional, se reclama a estos cargos públicos —entre ellos, Artur Mas y el economista Mas-Colell— una cantidad global que asciende a 5,4 millones de euros, relativos a gastos relacionados con la promoción exterior de actividades cuya finalidad era buscar apoyos al proyecto independentista en el extranjero.
Hay un antecedente claro de este caso. También el mismo Tribunal de Cuentas reclamó a Artur Mas y a otros consejeros por gastos injustificados relacionados con el frustrado referéndum de 2014. Estas responsabilidades jurídicas asustaron, con toda lógica, a algunos ‘consellers’ de Puigdemont en julio de 2017, cuando ya estaba perfectamente planificado y era conocido a través de los medios lo que sucedería en septiembre y octubre. Tres consejeros dimitieron de sus cargos. Pero el caso más significativo fue el de Jordi Baiget, entonces consejero de Empresa y antes secretario del Govern con Artur Mas. En unas declaraciones a la prensa, dijo que él estaba dispuesto a ir a la cárcel por sus responsabilidades en el ‘procés’, pero no a jugarse su patrimonio. Inmediatamente fue cesado por Puigdemont. El patrimonio no se toca, la pela es la pela.
Ello recuerda una célebre frase de Francesc Pujols, un pintoresco filósofo catalán de la primera mitad del siglo XX, que enlaza con uno de los rasgos más típicos del nacionalismo catalán: la supuesta superioridad respecto al resto del género humano. En su estrambótico libro ‘Concepte general de la ciència catalana’, publicado en 1918, dice así Pujols: «Los catalanes, vayan donde vayan, tendrán todos sus gastos pagados. Se les regalará el hotel, el más valioso regalo que se le puede hacer a un catalán cuando viaja. Al fin y al cabo, pensándolo bien, es mejor ser catalán que ser millonario».
Parece un chiste, como también lo parecen los escritos de esta secta de pseudohistoriadores —subvencionados por la Generalitat— que actualmente sostienen que Colón, Leonardo da Vinci y Cervantes, entre otros, nacieron en Cataluña. Pero no hay que considerarlo como una simple broma, sino que responde a la idea supremacista que justifica todas las actividades independentistas. Esta frase de Pujols me la contó hace unos 40 años un amigo, buen jurista y persona culta e inteligente, entonces militante de ERC, que me la justificaba diciendo que había en ella un fondo de verdad. «Es cierto —decía mi amigo— que cuando viajamos por el mundo los catalanes, por el hecho de serlo, somos muy respetados y bien tratados». Como si los demás fueran despreciados y maltratados. Los desvaríos a que llevan las ideologías irracionales no tienen límite.
El nacionalismo identitario radical es desleal por naturaleza. Dado que es leal a sus principios no puede serlo, con toda lógica, a los contrarios
Pues bien, en este fregado se ha metido Pedro Sánchez por su afán de continuar, sin apoyos parlamentarios coherentes, como presidente del Gobierno. El nacionalismo identitario radical es desleal por naturaleza, es decir, dado que es leal a sus principios no puede serlo, con toda lógica, a los principios contrarios.
Contrariamente a la idea de patriotismo, que entraña solidaridad con los ciudadanos de tu propia nación, entendida esta en sentido político, los nacionalistas identitarios profesan odio eterno a los ciudadanos de la nación que consideran contraria, la supuestamente opresora, la que no les permite, según dicen, ser libres. Una falacia que esconde simplemente la voluntad de mandar de una élite que logra convencer a sus hipotéticos súbditos de que solo podrán ser ellos mismos —la famosa «voluntad de ser», que tanto invocaba Jordi Pujol— si se constituyen en Estado independiente.
Tras los indultos, ahora quieren la inmunidad total: ni cárcel, ni multas ni nada. Por eso hablan de amnistía. Intocados y bien pagados. El decreto-ley aprobado el martes no tiene justificación alguna basada en el interés general: no hay ninguna «necesaria y urgente necesidad» de pagar las multas a los afectados, solo que algunos colegas de partido no sean responsables, algo que escapa al interés general.
Pero ahí, ministro Ábalos, empieza otra cadena de piedras en el camino: malversación, prevaricación, fraude de ley, desviación de poder… El Estado de derecho es implacable, lento, pero implacable. Y que no olvide el presidente del Gobierno que lo contrario de lealtad es traición.