EL MUNDO 14/04/14
DANIEL PORTERO
La defensora del pueblo ha comparecido ante el Congreso para hacer balance de 2013. En lo que se refiere a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que puso en libertad a la terrorista Inés del Río y casi 100 asesinos y terroristas más, dijo: «A juicio de los abogados españoles que han intervenido, no era una sentencia erga omnes sino una sentencia sobre una demandante». Daba la razón al escrito de queja presentado en noviembre de 2013 por Dignidad y Justicia en el que se solicitaba al Defensor del Pueblo una investigación exhaustiva por la decisión equivocada del Estado español de ejecutar la sentencia del TEDH. Era la última instancia que nos quedaba a las víctimas. Es el único escrito de queja presentado ante la defensora del pueblo y su artífice ha sido el abogado Luis Portero. En la queja se solicitaba que se acordara una investigación para esclarecer posibles irregularidades procesales dictadas entre el 22 de octubre y 14 de noviembre de 2013 por la puesta en libertad de tantos terroristas. Denunciábamos la pasividad adoptada por la Fiscalía o del inapropiado cauce procesal aconsejado por el acuerdo dictado el 12 de noviembre 2013 del Supremo. Se exponía que había sido inadecuada la ejecución de la sentencia Del Río Prada y su aplicación extensiva a otros casos o de las deficiencias observadas en el trabajo de la Abogacía del Estado ya que, desde la segunda puesta en libertad terrorista, tuvo que hacer consulta –que no lo hizo– al Comité de Ministros del TEDH, para aclarar si la libertad de Del Río Prada era extensiva al resto de presos a los que se le había aplicado la doctrina Parot.
La defensora del pueblo admitió la queja y solicitó informes a Interior, Justicia y Exteriores para poder esclarecer si se habían cometido irregularidades. Ahora, ha enviado al Gobierno unas recomendaciones pero ninguna advertencia a la Abogacía del Estado por su actuación poco diligente. Entre otras cosas, recomienda reforzar el papel de la Fundación de Víctimas del Terrorismo para coordinar la actuación en el ámbito internacional. A través del Estatuto de la Víctima, recomienda a Justicia facilitar la personación de las víctimas del terrorismo en los procesos del TEDH. Quizás la recomendación más interesante al Gobierno es que reforme la Ley Electoral y facilite el voto de los exiliados del País Vasco y Navarra por causa de la amenaza etarra.
El Gobierno debería seguir esas recomendaciones, justas para las víctimas después de las excarcelaciones. Sin embargo, debe quedar claro a la ciudadanía que la Parot no ha sido derogada desde el 28-F de 2006, a pesar de los que opinan lo contrario. Y es que las víctimas del terrorismo y de delitos violentos siempre recordaremos que el Estado no hizo lo suficiente para ejecutar correctamente la sentencia de Del Río Prada. Y es que muchas veces no hacer nada de lo que se debe tiene efectos tan perversos como hacer todo lo que no se debe.
Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, fiscal andaluz asesinado por ETA.