Ignacio Camacho-ABC

• El homenaje a Parot proclama un fracaso democrático. El de un Estado que no sabe o no quiere defenderse de los malos

Para mañana está convocada y anunciada en Mondragón la comisión multitudinaria de dos delitos contemplados en el artículo 578 del Código Penal vigente: uno probable de enaltecimiento o justificación del terrorismo y otro seguro de humillación a las víctimas. La marcha en favor de la libertad de Henri Parot, de expresa intención solidaria con el terrorista que mató a 39 personas -hombres, mujeres y niños- y dejó a doscientas más heridas, cuenta con el aval del Gobierno y de la justicia, que a pesar de sus claros visos delictuosos no encuentran razones jurídicas para prohibirla por un vacío legal de nuestro ordenamiento garantista. Cabe suponer que la argumentación sería la misma si se pretendiese homenajear a un violador en serie o rendir honores retrospectivos al régimen franquista. La solicitud de cancelación, formulada por familiares de los asesinados y asociaciones de la Guardia Civil y Policía, ha sido objeto de un tira y afloja entre la fiscalía, los tribunales y la autoridad gubernativa, y todos han optado por la interpretación exquisita para sacarse el problema de encima. El acto se celebrará, los asistentes podrán dar libre muestra de su refinada sevicia y los deudos de los muertos tendrán que conformarse con consolar su rabia en una cita alternativa que las instituciones respaldan con la mala conciencia de quien sabe que ha consentido una felonía.

Lo más sangrante del caso quizá sea que la Audiencia Nacional dictamine que manifestarse a favor del más sanguinario criminal de ETA no implica enaltecer o justificar a la banda ni conlleva una intención vejatoria concreta. Eso se llama cogérsela con papel de fumar, dicho sea de forma menos grosera que la afrenta a la que el juez ha dado su venia. Y no sólo porque Parot, autor no arrepentido de múltiples masacres sangrientas, no sea un pistolero cualquiera sino el símbolo de la brutal doctrina de la socialización de la violencia; es que se trata de una convocatoria urdida para defender la vigencia del legado etarra y desafiar la impotente musculatura ética de un Estado renuente a su autodefensa. Eso es lo que significa la concentración de este sábado: una demostración de fuerza, una exhibición de poder y desparpajo para evidenciar que los herederos del terrorismo se han adueñado del relato memorial del holocausto. Y la indulgencia judicial y política les da la razón al condenar a las víctimas al papel amargo, desamparado, de vestales humilladas en la rescritura de un pasado cuya reinvención proclama el más deplorable fracaso democrático. Ésta es la cuestión esencial del caso: que la dignidad de la sociedad española está en saldo tras haber sufrido, y teóricamente ganado, el ataque más salvaje y largo. Que esta democracia carece de instrumentos y de voluntad para defenderse de los malos. Menos mal que hombres buenos como Joseba Arregui no han vivido para presenciarlo.