Editorial, EL CORREO, 31/10/11
Las víctimas de ETA ya plasmaron su posición compartida ante el fin de la banda terrorista
El anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA ha situado en un primer lugar del debate público el modo en que la memoria de sus víctimas ha de verse reparada para hablar de paz y normalización y el papel que corresponde a sus deudos y a los perseguidos a la hora de establecer las bases de la convivencia. Un escenario en el que las víctimas corren más el riesgo de verse relegadas o mencionadas sin tener en cuenta su parecer que el de ocupar el espacio correspondiente a los poderes públicos en la toma de decisiones. Las víctimas conforman una realidad diversa desde el punto de vista de los sentimientos que alberga cada una de ellas, de las posiciones que defiende y de la notoriedad que alcanza. Pero esa diversidad no puede ser un argumento propicio a la dejación del deber que la sociedad y la Justicia tienen de resarcir moralmente su irreparable pérdida y de restablecer su dignidad. Como tampoco puede ser utilizado para diluir en un fluido intrascendente las posturas compartidas por las asociaciones y fundaciones representativas. Estas posturas fueron expuestas de manera inequívoca el 23 de noviembre del pasado año en el documento titulado ‘Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad’ y firmado por 22 organizaciones. Los partidos políticos y las instituciones no tienen que hacer suya la literalidad de lo que en él se expone, pero tampoco pueden alegar que no está claro qué piensan las víctimas ignorando la existencia de dicho manifiesto o restándole importancia. Es necesario realzar el valor de aquel texto tanto porque representa el sentir prácticamente unánime de las víctimas como porque aporta criterios democráticos ineludibles en cuanto a su toma en consideración para fijar los términos en los que ha de desaparecer ETA sin dejar un rastro de injusticia e indignidad. Las víctimas se rebelaban hace un año frente a la eventualidad de que los victimarios se hicieran acreedores a una impunidad histórica y a una impunidad jurídica, previendo sin duda que a ello podría contribuir la sensación de alivio que experimentaría la sociedad vasca ante un final que la banda anunciara como irreversible. Llegado este momento, y una vez que la izquierda abertzale ha vuelto a la legalidad de facto, sería esclarecedor que los partidos políticos y las instituciones indicasen de manera explícita y sin ambages qué partes del documento citado incorporan como base de su actuación.
Editorial, EL CORREO, 31/10/11