Que este programa cuente con el respaldo del partido que lidera el Gobierno de España hubiera sido, además, una gran noticia si no fuera porque tal acuerdo se refiere a algunas cuestiones que nos afectan a todos los españoles sin que nos hayan informado ni permitido dar opinión al respecto.

Una vez más, decisiones capitales que afectan a la estabilidad del sistema constitucional, que no se presentaron en el programa electoral ni formaron parte del programa de gobierno del presidente Pedro Sánchez, se toman en el marco de un debate de investidura con el objetivo de conformar una determinada mayoría parlamentaria.

Esta forma de tomar decisiones es sencillamente un fraude democrático y muestra la debilidad de nuestra cultura cívica («parroquial» o «de esclavo» en la terminología de Gabriel Almond y Sydney Verba) si se tolera.

De los compromisos contenidos en las treinta y cuatro páginas del documento firmado por ERC y el PSC se ha destacado por su trascendencia el de impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado.

Ambos partidos, de izquierdas como insisten en el texto, asumen el relato independentista sobre el maltrato fiscal a Cataluña. No parecen haber leído con provecho las contribuciones de investigadores (Ángel de la Fuente, Las balanzas fiscales y algunas cuestiones relacionadas, julio de 2024) o la ya clásica del profesor y exministro José Borrell (Las cuentas y los cuentos de la independencia, 2015).

«La comprometida financiación singular para Cataluña es un remedo del modelo del País Vasco y, mal que le pese a la ministra de Hacienda, tiene todos los rasgos esenciales de un concierto»

Tal infrafinanciación pretendidamente abusiva, argumentan los expertos, no es lo que reflejan las liquidaciones anuales del sistema de financiación que sitúan a Cataluña en la media nacional de ingresos por habitante y cuyos sesgos injustificados en todo caso se pueden y se deben corregir con el acuerdo de todos y sin reventar el sistema común de financiación. Esta desatención a los datos objetivos y a las aportaciones de los expertos es marca de estas legislaturas conocidas por su frivolidad legislativa.

En el caso de ERC no sorprende su ceguera ante los datos. Pero sí que llama la atención en el caso del PSC que no tenga en cuenta los trabajos de un socialista catalán como José Borrell, a quien hay que agradecer la claridad y firmeza con que siempre ha denunciado los cuentos de los independentistas y defendido la mejor inserción de Cataluña en la España constitucional.

La comprometida financiación singular para Cataluña, que tiene muy poco que ver con el sistema federal de Alemania, es un remedo del modelo del País Vasco y, mal que le pese a la ministra de Hacienda, tiene todos los rasgos esenciales de un concierto.

Según lo acordado, el Gobierno catalán, con la llave de la caja en la mano, recaudará, gestionará, liquidará y regulará todos los impuestos soportados en Cataluña. Esta aportará a la caja común el coste (a valorar) de los servicios que el Estado le preste, más una cantidad a negociar para la solidaridad cuyo monto deberá estar limitado por el principio de ordinalidad.

Es este un nuevo principio con el que se asegura que las transferencias interterritoriales no podrán alterar el ranking que diferencia hoy a los territorios más ricos respecto de los más pobres.

Esto es lo que, en un extraño compadreo ideológico, han firmado dos partidos que insisten en proclamarse de izquierda.

El acuerdo en cuestión suscita problemas de legalidad/constitucionalidad, cuestiones de equidad, y producirá, en todo caso, una desnaturalización del propio Estado social y democrático de derecho.

Comencemos por los problemas legales.

El acuerdo rompe el sistema común de financiación de nuestras comunidades autónomas tal y como aparece regulado en la LOFCA. Para su implementación será preciso excluir a Cataluña del régimen común de financiación a través de la reforma de la citada ley.

¿Tiene el Gobierno los votos precisos para ello? Si nos atenemos a las declaraciones públicas de algunos socios del Gobierno, no los tendría hoy por hoy. Y esto tranquiliza en principio a quienes ven con lógico temor y rechazo la forma y el fondo del citado acuerdo.

Pero tal vez convenga no pecar de confiados al respecto y sea más prudente contar con la posibilidad de amalgamar una mayoría parlamentaria (¿progresista?) para implementar el acuerdo.

«No es muy prudente excluir a priori la posibilidad de que Pedro Sánchez logre una mayoría dispuesta a reformar la LOFCA»

En primer lugar, porque en la biografía de este Gobierno está ampliamente acreditado que, tratándose de alcanzar o mantener el poder, no hay «cosas fuera de comercio», sean estas la igualdad de los ciudadanos (la amnistía), el Código Penal (sedición, malversación, indultos) o fragmentos del propio Estado.

En esta forma de hacer política, si se neutralizan debidamente las instituciones contramayoritarias de toda democracia liberal, como es el caso del Tribunal Constitucional, todo es negociable. Y todo tiene su precio.

En segundo lugar, cuando gobiernan, los actuales hiperlíderes disponen, tanto interna como externamente, de ingentes recursos institucionales (nombramientos), financieros (presupuesto) y regulativos para lograr las mayorías que precise. No es cuestión de inteligencia o habilidad: basta con carecer de límites. Por eso no es muy prudente excluir a priori la posibilidad de que se logre una mayoría dispuesta a reformar la LOFCA. Todo depende de que el Gobierno logre casar oferta y demanda.

Pero aunque en el mercado político se lograra dicha mayoría, armar un nuevo concierto para Cataluña plantea problemas de constitucionalidad, sin que estos se resuelvan, como alguno sugiere, implementando dicho acuerdo con una reforma del Estatuto de Cataluña al que se traspondría un sistema similar al Estatuto Vasco o al sistema de Navarra.

Es verdad que el País Vasco (Título III de su Estatuto) y Navarra (art. 45 y siguientes de la Ley de reintegración y amejoramiento del régimen foral) disfrutan de un sistema de financiación singular, diferente al del resto de las comunidades y cuya explicación hay que buscar en las dramáticas circunstancias que se debieron sortear en la Transición.

Pero, en todo caso, su fundamento está en la propia Constitución, cuya disposición adicional primera (para el País Vasco) y segunda (para Navarra) han servido de enganche para que se les reconociera en su día estos dos singulares modelos de financiación y que nada tienen de federalizantes, salvo en el oxímoron de la federalización asimétrica.

¿En qué disposición constitucional se podría basar una financiación singular para Cataluña como la prevista en el acuerdo? No existe ninguna al respecto. Habría que reformar la Constitución añadiendo una nueva disposición adicional tercera para Cataluña. O, remedando el café para todos que se insinúa desde el Gobierno, incluir en esta reforma otras catorce adicionales para todas y cada una de las comunidades, con la consiguiente inviabilidad no sólo del Estado de las autonomías, sino del propio Estado social y democrático de derecho.

Esta falta de engarce constitucional de un concierto para Cataluña tal vez no sea un obstáculo definitivo para una mayoría que, como se ha visto, considera que un parlamento puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por la Constitución. Abusar de aparentes vacíos legales suele ser la primera estrategia para erosionar las democracias liberales (Levitsky y Ziblatt, La dictadura. Cómo revertir la deriva autoritaria y forjar una democracia para todos, mayo de 2024).

Alegar la inexistencia de una prohibición constitucional expresa se ha convertido en un argumento-tipo que ha servido ya para aprobar una ley de amnistía, que servirá para que algunos justifiquen la constitucionalidad del nuevo concierto y, cuando llegue el caso, que puede llegar, para defender la constitucionalidad de ese referéndum del que se habló en Bruselas con Junts.

De esta manera, sin reformar la Constitución, y mediante ilegítimas mutaciones constitucionales, se puede modificar la naturaleza de nuestro Estado social y democrático de derecho, convertir el Estado de las autonomías en un Estado confederal y erosionar la democracia liberal.

Las organizaciones de izquierda (PSC, PSOE, Podemos, Sumar, Compromís) parecen haber descubierto de repente una pasión hasta ahora desconocida por el concierto. Si es así, esto no parece que case muy bien con el ideal de la igualdad que históricamente ha formado parte de sus señas de identidad. No pocas personas que se ubican ideológicamente en la izquierda se sentirán sorprendidas de que sus partidos demanden más financiación para una de las regiones más ricas, menos solidaridad de esta con las regiones desfavorecidas y un incremento sustancial de las transferencias del Estado a Cataluña durante el periodo transitorio.

Es la primera vez que se puede leer y ver cómo dos partidos de izquierdas defienden pública y expresamente limitar la solidaridad y mantener las desigualdades. Este acuerdo, por ello, debería suscitar en el seno de la izquierda la pregunta de qué es hoy ser de izquierdas.

«El criterio de diferenciación entre derecha e izquierda ha sido históricamente, y sigue siendo hoy, el de la distinta posición de unos y otros ante el ideal de la igualdad»

En 1994 publicó Norberto Bobbio Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione. El libro se tradujo inmediatamente en España y lo presentó Gregorio Peces-Barba como uno de esos signos alentadores que alumbran en un momento de crisis y de desorientación ideológica de una izquierda que comenzaba a sustituir la bandera de la igualdad por la de las identidades.

Bobbio resumía aquel texto en tres tesis.

En primer lugar, que ha habido siempre derechas e izquierdas.

En segundo lugar, que el criterio de la libertad sirve para trazar la línea entre extremistas y moderados de derechas y de izquierdas.

En tercer lugar, que el criterio de diferenciación entre derecha e izquierda ha sido históricamente, y sigue siendo hoy, el de la distinta posición de unos y otros ante el ideal de la igualdad. La igualdad, concluía, ha sido siempre la estrella polar a la que mira y sigue mirando la izquierda.

Tal vez Norberto Bobbio no entendía ya los nuevos tiempos que se avecinaban. Al fin y al cabo tenía ochenta y cinco años cuando escribió aquella obra. O tal vez veía en la izquierda los primeros signos de desorientación y desconcierto.

En todo caso, la propuesta del PSC y de ERC pone sobre la mesa una cuestión capital para el Estado de las Autonomías y para el Estado social y democrático de derecho; y también un problema existencial para la propia izquierda.

*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá.