Cierto es que Cándido Conde-Pumpido se ha tenido que retractar de esas expresiones y la versión definitiva de su voto particular no las contiene, pero la rectificación ha sido tardía y forzada. Tardía, porque se manifestó tres días después de conocerse el texto filtrado, y forzada, porque no se hubiese producido de no ser porque los seis magistrados que secundaron la ponencia se plantaron negándose a asistir a un pleno, después de que la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, dirigiese al presidente una carta de protesta por las palabras de Conde-Pumpido. Ante la muy verosímil posibilidad de que el Constitucional no pudiese constituirse en plenario por falta de ‘quorum’, el ex fiscal general del Estado presentó públicamente sus disculpas y entonó un encendido elogio de sus compañeros, suprimiendo sus desafortunadas, prepotentes y ajurídicas opiniones de su voto particular.

Frente a ellas, hay que considerar la pertinencia de las taxativas y contundentes —pero jurídicas— del voto particular discrepante de Juan Antonio Xiol Ríos, que no se priva de emplear la mayor dureza en su impugnación de la sentencia, pero sin rebasar los límites propios de una discrepancia interpretativa radical, incluso cuando manifiesta la “fatiga” por la “deriva” del Tribunal Constitucional por lo que considera una línea de entendimiento “esencialista” de determinados derechos y principios que, constata, está siendo revisada por el Tribunal de Estrasburgo. Apreciación sobre “la deriva” con la que podría estarse de acuerdo por esas y otras razones: sus divisiones internas, la tardanza de sus resoluciones, la procrastinación en debatir asuntos complejos y, a la postre, por la incapacidad para acordar criterios de aplicación jurídica más homogéneos y contemporáneos que blindasen con más garantías los fallos de sus sentencias, tanto de giros posteriores del propio tribunal como de instancias internacionales. 

Sin embargo, el episodio protagonizado por Conde-Pumpido no es fruto de su impulsividad ni de un transitorio acaloramiento de este jurista al que nadie niega su buen equipamiento técnico y su larga trayectoria como fiscal y como juez. Acumula, por eso, demasiada experiencia para que el desliz que cometió fuera solo un error imprudente. Se trató de toda una operación para contrarrestar el impacto negativo para el Gobierno del fallo del Constitucional, que era claramente técnico y no ideológico, como lo demostraría que a favor y en contra de la ponencia hubo votos de magistrados tenidos unos por conservadores y otros por progresistas. 

Conde-Pumpido declaró hace unos años que la “Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos” 

Conde-Pumpido colaboró en una estratagema para cortocircuitar la impresión pésima que suponía para el Ejecutivo que el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma fuera declarado inconstitucional, desacreditando a sus compañeros que así lo consideraron en la sentencia, al tiempo que desprestigiaba al propio órgano de garantías constitucionales que se dispone a tumbar también el segundo estado de alarma declarado por el Gobierno en octubre de 2020 y en una sentencia presumiblemente más dura que la que ha anulado el confinamiento domiciliario. 

Conde-Pumpido declaró hace unos años que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”, y añadió que la “Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos”. En otras palabras: el ex fiscal general del Estado propugnaba la ausencia del control jurisdiccional —ni favorecer ni obstaculizar— en lo que él llamaba “procesos políticos”, expresando una metáfora que explica mejor que cualquier otra lo que es la teoría del uso alternativo del derecho, del que es un firme defensor. Consiste en la aplicación de las normas de manera relativista y circunstancial, es decir, alternativa, en función de la conveniencia de eso que se llama ‘razón de Estado’ desde el izquierdismo más militante. Un concepto que nació en el siglo pasado, que ha dejado de tener vigencia, pero que siguen sosteniendo jueces, abogados y catedráticos especialmente sesgados. El Tribunal Supremo, el propio Constitucional y la doctrina más extendida han proscrito la aplicación de las leyes conforme a ese criterio acomodaticio a los intereses de determinadas ideologías de izquierda. En esa línea de intento por aplicar alternativamente el derecho se ha pronunciado, quizá sin saberlo, la propia portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, según la cual si los magistrados se hubiesen puesto “en la situación del Gobierno en marzo de 2020”, quizá la interpretación del derecho les hubiera llevado a sentenciar de manera diferente. Un argumento bastante obtuso desde el punto de vista jurídico.

La pretensión descalificatoria de Conde-Pumpido ha sido fallida, aunque no del todo. Las palabras no se las lleva el viento; el texto de su borrador —aunque la versión última de su voto particular no recoja las expresiones increpantes— se maneja ya como argumentario contra la sentencia y contra el propio Constitucional. Sería deseable que a un magistrado como Conde-Pumpido —procedente de la Sala Segunda del Supremo tras varios años en la Fiscalía General del Estado (2004-2011) con los gobiernos de Rodríguez Zapatero— no le quedase más recorrido después del daño que ha infligido a la Justicia constitucional y a la reputación de sus compañeros. Es posible que haya cavado su tumba, aunque él pretenderá seguir ocupando posiciones privilegiadas, aunque su aspiración de presidir el TC ha quedado laminada. Pero sean esas u otras sus aspiraciones, lo cierto es que el comportamiento de Conde-Pumpido ha estado subordinado a los intereses del Gobierno y ha convulsionado al TC. A tal punto que, siendo un hombre conocidamente soberbio y altanero —sus insultos a los compañeros así lo delatan—, ha tenido que disculparse públicamente ante la posibilidad de que el órgano de garantías constitucionales quedase paralizado por su intemperancia. 

El trance es idóneo para la emboscada: este órgano debe resolver la responsabilidad patrimonial de 34 excargos de la Generalitat 

Esperemos, pero no lo descartemos, que ningún consejero del Tribunal de Cuentas salga por parecido registro para enturbiar también la reputación de este organismo, ya cuestionado con agresividad en Cataluña, de forma un tanto indocumentada porque, entre otras razones, obvia la existencia de la Sindicatura de Cuentas en su propio Estatuto (artículos 80 y 81). El trance es idóneo para la emboscada: este órgano constitucional debe resolver —en ello está— la responsabilidad patrimonial de 34 excargos de la Generalitat que, a su juicio, malgastaron presuntamente dinero público. En 2017, el representante en la comisión del Congreso que controla la actividad del Tribunal de Cuentas excitó el celo fiscalizador de esta instancia, pero ahora le viene bien a Pedro Sánchez que le zurren la badana porque el presidente no quiere contrapesos ni controles en esa política constante, disolvente, irresponsable y cínica de ir debilitando el Estado hasta dejarlo en una situación de crítica resistencia frente al ‘embate’ de los que ya se configuran como la única posibilidad de que este PSOE —no el socialismo, algo diferente al partido que dirige el político madrileño— siga en el poder: amarrado a los destructores del sistema, los independentistas, que en ocasiones cuentan con colaboradores enfundados en uniformes profesionales adornados con puñetas de encaje que actúan como zapadores de la arbitrariedad. Está sucediendo lo que Francesc de Carreras ha calificado en este diario como “desbordamiento constitucional”.