La cultura de la cancelación, consistente en convertir en dogma de fe ideas que son discutibles, reescribir la historia y hacer desaparecer del mapa a los que no piensan de la misma forma, de modo que usted podrá existir o no en un futuro dependiendo de quién ostente el poder, parece haber llegado al terreno judicial. En un extenso y duro informe —»extremadamente duro», en palabras de algunos juristas—, el fiscal Pedro Crespo ha solicitado que la decisión adoptada por la antigua mayoría conservadora del Constitucional de suspender la tramitación parlamentaria de la reforma del Gobierno que buscaba acelerar la renovación de dicho tribunal sea borrada de la faz de la tierra. 

Alega que aquello no debió ocurrir, que el fallo debe ser revocado, como si no hubiera existido, para evitar «perturbadoras» consecuencias futuras y que así el tribunal de garantías no «se convierta en un órgano de fiscalización a priori del objeto de las iniciativas legislativas en el umbral de su tramitación». Además de la Fiscalía, el Congreso y el Senado han presentado alegaciones en términos similares.

Sea como fuere, en próximas fechas —más pronto que tarde, habida cuenta de lo polarizador del tema y del año electoral en ciernes—, el tribunal se tendrá que pronunciar al respecto. Al contar con mayoría progresista y nuevo presidente, nos maliciamos —así lo anticipan los votos particulares previos— que las tesis de Crespo serán asumidas por el pleno, resolviendo en contra del recurso del PP contra las polémicas enmiendas y mandando al averno las cautelarísimas adoptadas por el anterior TC. 

Esta marcha atrás abonará la idea de la ocupación de las instituciones por parte del Gobierno y cierto sesgo de arbitrariedad en las mismas entre una ciudadanía ya de por sí escéptica, testigo de un tribunal que un mes falla una cosa y al mes siguiente la contraria, dependiendo del pie con el que se levanten sus señorías. 

Como recordó Pedro González-Trevijano en su discurso de despedida, no se trata de censurar la disparidad de opiniones dentro del propio tribunal, diversidad sana y enriquecedora, que se ve «respaldada por la presencia de voces discrepantes y concurrentes, expresadas en los votos particulares, que han flexibilizado y ampliado las argumentaciones», lo que Peces Barba llama afinamiento de las ponencias mayoritarias, sino que se trata, básicamente, de cumplir con la Constitución.

En la reforma del poder judicial, la doctrina existente exigía una relación de homogeneidad entre las enmiendas y la iniciativa legislativa que se pretendía modificar, lo que no ocurría en este caso, pues dicha iniciativa versaba sobre la sedición y la malversación, nada que ver con el TC ni con el CGPJ. 

Con la suspensión de la votación, ni se acallaron las Cortes ni hubo un «golpe de togas», como verbalizó la bancada socialista. Se adoptaron las cautelarísimas para que no se vulneraran los procedimientos constitucionalmente previstos. «No hay nada ni nadie, tampoco las Cortes Generales, que esté por encima de la Constitución, que es la ley de leyes y norma jurídica nuclear que se impone a todos», incidía en la idea el abogado de Estado Joaquín de Fuentes, en el último Consejo Editorial de El Confidencial.

 

Hay consenso en que el bloque conservador del TC, hoy capitidisminuido, ganó la batalla doctrinal de diciembre. La mejor prueba de ello fue el silencio atronador de Félix Bolaños en el discurso de despedida de González-Trevijano. Sánchez quedó en evidencia con su maniobra exprés para reformar el poder judicial por la puerta de atrás. Han sido muchos los juristas, de uno y otro signo, que han venido a dar la razón al expresidente del Constitucional, en tanto en cuanto sin los checks and balances de unos poderes respecto a otros no puede haber democracia ni libertad. 

Por culpa de los últimos acontecimientos, la sombra de sospecha se cierne sobre el nuevo Tribunal Constitucional

Pero la victoria académica no implica victoria política. Aquí les van a pasar como un rodillo a los conservadores, con las mismas tesis populistas que esgrimieron los líderes independentistas para respaldar la consulta de 2017 (nada ni nadie puede impedir que los ciudadanos voten) o que ha blandido el Ejecutivo para conceder los indultos y suprimir la sedición (la acción política frente a la judicial para facilitar la convivencia en Cataluña). 

Mensajes simplistas que van tomando forma en el imaginario colectivo y que se olvidan de que, como escribe el historiador Michael Ignatieff en el último número de Política Exterior, «sin la protección de los controles y equilibrios contramayoritarios de la democracia liberal, las democracias corren el riesgo, en tiempos de emergencias, de acabar con la libertad que deben defender. Si estas instituciones contramayoritarias se debilitan o son capturadas por un partido o una tendencia autoritaria, la capacidad de la democracia para defenderse de sus supuestos defensores estará en grave peligro». 

Por culpa de los últimos acontecimientos, esta sombra de sospecha es la que se cierne sobre el nuevo TC. El órgano de garantías es ahora de mayoría progresista, tiene un nuevo presidente que cuenta con las bendiciones del Ejecutivo y la Fiscalía ha pedido que se borre con típex el auto histórico de diciembre. Esto va más allá de una mera discrepancia de pareceres o votos particulares. Esta es la verdad, pero si no te gusta, aquí tengo otra. 

Está por ver si este nuevo TC dará prioridad a las alegaciones del fiscal Crespo, Congreso y Senado sobre las cautelares 

No son pocos los que, en este 2023 electoral, ven cierta intencionalidad de Cándido Conde-Pumpido en la selección de los asuntos que pretende abordar con urgencia. A saber: la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero, la de la eutanasia y la ley Celaá, esto es, los temas más polémicos y polarizadores en un momento en que Sánchez necesita bajar a la trinchera cultural para revertir las encuestas. Está por ver si este nuevo TC dará prioridad a las alegaciones del fiscal Crespo, Congreso y Senado sobre las cautelares. 

Conde-Pumpido tiene una ventana de oportunidad para cumplir con su promesa de «devolver el prestigio» perdido al Constitucional. El hecho de que el sector progresista se haya quedado con la vicepresidencia en vez de dejar este último puesto a un magistrado de la sensibilidad contraria, como venía siendo habitual, es un mal comienzo. Conde-Pumpido deberá andarse con pies de plomo y evitar convertir en arma política los asuntos más polémicos que maneja el tribunal. El TC siempre ha bajado el pistón en elecciones. Veremos si es así o si esta regla no escrita salta, como tantas otras, por los aires.