Pero también lo es de alguna manera para Pedro Sánchez por haber fiado su suerte a la del máximo responsable del Ministerio Público al proclamar su «inocencia» con argumentos que certifican hoy una flagrante temeridad. «¿Quién le va a pedir perdón al fiscal?», se preguntaba el presidente del Gobierno durante la investigación para justificar la continuidad en el cargo del jefe de los fiscales. No haber renunciado a su puesto antes de entrar togado ante los siete magistrados de la sala, en la que declaró que «la verdad no se filtra, se defiende», constituye otro hecho insólito de este proceso, rematado por los votos particulares de dos juezas sobre una condena que no comparten.

Será difícil que la falta de unanimidad de un tribunal dividido -cinco a dos- no sea utilizada por los partidos en este clima de crispación política, en el que el Gobierno y la judicatura parecen sostener un pulso por el cerco judicial al entorno de Sánchez. Si ayer el Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, optó por «no compartir» el fallo, sorprendió la dureza de sus socios de investidura -PNV y Bildu denunciaron motivaciones políticas en el Supremo, mientras que ERC y Podemos acusaron de «golpismo» a los jueces-.

Tampoco ayuda a evitar la confusión que se haya difundido la sentencia sin el contenido argumental por el hecho de que la ponente original sea una de las voces discrepantes, presumiblemente partidaria de la absolución. Habrá que esperar para conocer si se ha condenado a García Ortiz con pruebas o indicios, y quién es el filtrador inicial de haber quedado acreditado. Y, sobre todo, el peso que ha podido tener en la sentencia la nota informativa preparada por el fiscal general para contestar al bulo urdido por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, sobre un falso pacto ofrecido por la Fiscalía al empresario. O el reconocimiento de que García Ortiz eliminó los mensajes de su móvil y del mail, en un intento de borrar huellas.

Está por ver si el caso está cerrado, aunque el varapalo afecta al presidente del Gobierno, que hasta ahora resiste a la corrupción, los escándalos judiciales de sus cargos de confianza y la pérdida de aliados parlamentarios. Sánchez, a quien el PP exige la dimisión, ha arriesgado en este juicio, escenario de un duelo con la presidenta de Madrid que parece haber arrastrado a García Ortiz al final de su carrera. Obligado a dimitir, forzado el Ejecutivo a buscarle sustituto. Si había alguna duda sobre el otro enfrentamiento librado en la sala, lo resuelve Ayuso al presentar la condena al fiscal como un éxito personal. Su pareja, González Amador, puede ver resarcido su honor con la indemnización que le debe pagar García Ortiz, pero el único que se ha retratado como culpable fue él al reconocer dos delitos fiscales para evitar una posible pena de cárcel.