Los condenados con penas privativas de libertad tienden a oscilar a cada instante entre la defensa de su inocencia y la jactancia por sus actos delictivos. Un clásico del que son especialmente partícipes las personas encarceladas que siguen encuadradas en ETA. Aunque en este caso la inocencia pretendida se manifiesta a través de la vindicación de una supuesta causa colectiva, y ésta es proclamada como eximente de responsabilidades personales. Algo que se hace patente mediante la depuración del denominado EPPK, cuyos integrantes obedecen a una disciplina orgánica, que centrifuga a aquellos presos cuyas fotografías acaban desapareciendo de su exposición en ‘herriko tabernas’ y establecimientos análogos sin que medie un ‘juicio con garantías’ para su expulsión.

La Constitución establece que las condenas de prisión «estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Objetivo que sitúa a la persona presa en el centro de atención del sistema penitenciario, independientemente de los delitos por los que hubiese sido condenado o de las víctimas y daños materiales que hubiera causado. Pero al evaluar la progresión del interno, las instancias competentes no pueden abordar de la misma manera el caso de un condenado por un delito cometido individualmente -por execrable que sea- que la trayectoria de quienes se obstinan en mantenerse, pronunciarse y exponer sus reclamaciones como parte de un colectivo. Cuando es precisamente eso lo que condiciona y, a la vez, hace discutible el arrepentimiento personal -palabra tabú- respecto a aquellos actos de terror en los que cada preso participó directamente según conste en la correspondiente sentencia en firme.

Es por ello que las juntas de tratamiento de cada cárcel concernida pueden emitir dictámenes que decaigan ante el criterio de la Fiscalía, del juez de Vigilancia Penitenciaria y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La progresión de grado y, eventualmente, la libertad condicional no responden a certeza alguna sino a una confianza razonada por parte del sistema penitenciario en la evolución personal del recluso. Sistema que puede albergar más dudas sobre que un preso cualquiera no reincida frente a la seguridad razonable de que un etarra preso no volverá a cometer actos de violencia física y organizada precisamente en virtud de su sometimiento al colectivo. Pero aunque la convicción de que la desaparición irreversible de ETA avale la reinserción de cada integrante del EPPK, la disolución de este colectivo de presos bajo disciplina sería la mejor manera de facilitar el acceso de cada uno de ellos al tercer grado.

La izquierda abertzale actual se debate entre su necesidad de desentenderse del pasado terrorista y su obligada dedicación a salvarlo del juicio de la Historia, tratando finalmente de sacar la cara a los etarras presos. También podría abstenerse de dar la nota en su intento de forzar los equilibrios del Estado, no sea que el protagonismo pretendido prorrogue segundos grados. Aunque el EPPK esté deseoso de continuar en prisión con tal de salir triunfante.