El Correo-JOSÉ MARÍA PORTILLO
El nuevo Estatuto deberá establecer todo tipo de garantías para el autogobierno, pero también las garantías que necesita cualquier Gobierno federal, empezando por la fidelidad
Si Urkullu tiene una virtud política es la de mover el avispero sin que se note mucho. Es una virtud porque es, como él mismo dijo en el Parlamento, lo que debe hacer un líder político y con mayor razón si está en el Gobierno: marcar el orden del día. No ha esperado, sin embargo, a que el actual presidente español se sacara algún conejo de la chistera y ha lanzado definitivamente la propuesta nacionalista. La última vez que el nacionalismo actuó como movimiento fue para avalar el proyecto de nuevo Estatuto de Juan José Ibarretxe, no muy diferente de lo que plantea Urkullu, pero sustancialmente distante en el escenario, que también remarcó debidamente el lehendakari la pasada semana: ya no hay ETA, se ha disuelto. El primer logro importante del PNV es hacer de nuevo a la izquierda ultranacionalista comer de su mano.
Lo hace con una propuesta que muy inteligentemente presenta ahora (y no antes) por su verdadero nombre: confederación. Se refiere a la relación que el nuevo Estatuto debe recoger entre Euskadi y España, basada en la bilateralidad; es decir, el trato de tú a tú. La confederación es exactamente eso, la unión de dos o más estados independientes para atender únicamente aquellos asuntos políticos que pacten dejar en manos de la confederación. Por supuesto, como propone el nacionalismo vasco, ese poder confederal debe ser, a su vez, también compartido y controlado por los estados. Dicho de otro modo, en la confederación debe residir únicamente un resto de poder político: el que los estados confederados quieran.
El discurso del lehendakari comienza a hacer fuegos artificiales cuando trata de situar esa propuesta en un entorno europeo. No es solamente que en ninguno de los casos que menciona (Reino Unido, Alemania, Bélgica) funcione una confederación, ni siquiera en Suiza, donde a pesar de su denominación oficial los federalistas (liberales) se impusieron a los confederales (conservadores) desde mediados del siglo XIX. Lo importante es que el mismo modelo europeo de referencia apunta hacia otro lado. El lehendakari Urkullu pasa de puntillas sobre el ‘Brexit’, precisamente porque es el caso determinante que convence de que una Europa confederal tiene los días contados y debe caminar hacia una relación federal.
En efecto, las confederaciones han pertenecido siempre al espectro conservador de la política europea porque funcionaron como un seguro frente a cualquier intento de modernización más allá de lo tolerable por la ideología conservadora, como la abolición de la esclavitud, el reformismo liberal o la libertad religiosa. De todo ello pueden encontrarse ejemplos históricos en Estados Unidos, Suiza o Euskadi, cuyo primer proyecto de Estatuto (nacionalista) en la II República española creaba una relación confederal precisamente en asuntos religiosos para evitar el laicismo republicano. El confederalismo europeo es hoy en día defendido por la «Europa de las naciones» de Marie Le Pen, Victor Orban y Matteo Salvini de nuevo como un mecanismo que permita cuestionar cualquier política europea que no encaje en su «política nacional».
Por ello es determinante, desde una perspectiva europea y, por supuesto, española, entender que se trata de dar cada vez más y no menos contenido político y constitucional al lema de la Unión Europea, In varietate concordia. Usualmente se traduce al castellano como unidad en la diversidad, algo parecido al primer lema de los Estados Unidos de América (e pluribus unum, uno a partir de muchos). Etimológicamente, sin embargo tiene un valor añadido, pues concordia es juntar corazones, el órgano que en la cultura clásica se vinculaba con la inteligencia. Y de eso se trata en una relación federal; de unir, no de pegar y despegar como propone el confederalismo y como argumenta Urkullu bajo palabras tan sonoras como bilateralidad y pie de igualdad.
Sabe bien el lehendakari que una federación no puede funcionar bajo tal presupuesto, el del pie de igualdad y el trato de tú a tú entre la federación y sus partes porque se aboca necesariamente a un ‘Brexit’ o a una disolución. Se refiere a Euskadi como un ejemplo de esa relación confederal, pero omite recordar que la Ley de Territorios Históricos que refundó el orden provincial vasco expresamente se refiere a la «supremacía política e institucional» del Parlamento vasco frente a las juntas provinciales. Como debe ser, cabría añadir.
Lo que esta ley exige, en definitiva, a los territorios históricos es exactamente lo que falta en la propuesta realizada por Urkullu: no solamente se trata de garantizar el autogobierno sino también el gobierno. Dicho de otro modo, el nuevo Estatuto deberá, por supuesto, establecer todo tipo de garantías para el autogobierno, pero también y en el mismo acto las garantías que necesita cualquier Gobierno federal, empezando por la fidelidad (que es de donde deriva la palabra precisamente). Si eso exige una reforma federal de la constitución española, marchemos todos unidos, y Urkullu el primero, por dicha senda.