Les da tanta vergüenza que no se han atrevido a ir por derecho. El acuerdo de fiscalidad ‘singular’ –o sea, especial, o sea, aventajada– de Cataluña está trufado de esos sintagmas huecos que caracterizan el lenguaje de madera del Gobierno. Sin precisión, sin calendario, sin método. En eso lleva razón Junts aunque se queje por celos. Ni siquiera compareció en la reunión la vicepresidenta Montero, que en un acta de su propio Ministerio dejó expresado en julio del año pasado su rechazo al procedimiento que ahora se supone cuenta con su visto bueno; no quiere poner su candidatura andaluza en más aprietos. Pero lo que sí representa el documento es la apertura de un proceso por el que la Generalitat recibe la prerrogativa de recaudar y gestionar los impuestos. La enésima cesión de soberanía en forma de privilegio financiero. El principio de la ruptura de la solidaridad autonómica para mantener a Illa y a Sánchez en el poder durante un poco más de tiempo.

Como esto es imposible de vender sin quebranto electoral lo recubren con el habitual camuflaje de eufemismos. La idea de que la financiación singular será a la vez general, abierta al resto de las comunidades, constituye un oxímoron, un absurdo semántico, técnico y político. En primer lugar porque no tiene sentido, en segundo término porque no resulta viable y en tercero porque lo que quiere el separatismo es exactamente lo contrario, es decir, un trato de favor, una distinción ventajista, un fuero específico. Un mecanismo asimétrico que separe –segregue– a los territorios pobres de los ricos. Un cupo(nazo) que permita a los catalanes decidir cuánto aportan al Estado, que será nada porque al hacer ellos los números les saldrán a devolver como en Navarra y el País Vasco. Y si eso lo reclamase por ejemplo Madrid se oirían los gritos en la otra orilla del Mediterráneo. El confederalismo no les sirve de nada si no rompe el modelo igualitario.

Éste es el fondo del asunto, al margen de que las conclusiones de la reunión bilateral –adjetivo clave por su simbolismo– de ayer fueran poco concretas en la definición y los plazos del traspaso de competencias. Se trata de romper un poco más la caja común del sistema para que Cataluña acabe teniendo su propia Hacienda o, dicho de otra manera, para que a la hora de pagar la cuenta se levante de la mesa. De que el nuevo plazo del alquiler de la Moncloa lo afronten los usuarios de los servicios castellanos de dependencia, los alumnos y docentes aragoneses o los pacientes y médicos de la sanidad manchega. Allí debería ir Montero a explicar los beneficios de este creativo concepto de la socialdemocracia moderna: el de la redistribución a la carta según convenga a los contribuyentes de mayor renta. A ver cómo de contentos la reciben los votantes de Jaén, Almería o Huelva. Siempre los podrá confortar diciendo que al menos así no gobierna la derecha.