Es la incuestionable importancia política de Rita Barberá la que justificaba ayer actos como el minuto de silencio que se guardó en el Congreso en señal de duelo. Por ello, que los diputados de Podemos abandonaran el Hemiciclo para no «homenajear a personajes corruptos», como dijo Pablo Iglesias, fue una indecencia. La formación morada volvió a demostrar un sectarismo y una falta de la mínima cortesía política que, sumado en este caso a la ausencia de humanidad, produce escalofrío. La muerte de cualquier persona causa tristeza, no digamos ya cuando se trata de alguien relativamente joven como Rita Barberá, de 68 años. Y aunque su trayectoria se haya visto manchada en los últimos años por los casos de corrupción que afectan al PP valenciano, no pesaba sobre ella ninguna condena, por lo que merece ser tratada con presunción de inocencia y respeto.
Dicho lo anterior, tampoco es admisible la politización que muchos dirigentes del Partido Popular han hecho de la muerte de Barberá. El lógico dolor por la pérdida de quien ha sido una de las figuras más destacadas de esta formación no justifica que ayer se repitiera que su fallecimiento es la consecuencia de una «cacería injusta». Algunas declaraciones fueron tan extemporáneas como las de Celia Villalobos, quien acusó a los medios y los tuiteros de haberla «condenado a muerte».
En un régimen democrático, los medios ejercen su responsabilidad cuando informan, de modo contrastado, sobre hechos de innegable relevancia como los que salpicaban a la ex alcaldesa. No es verdad que estuviera siendo investigada sólo por «una donación de 1.000 euros», como ayer repitieron a modo de argumentario muchos líderes del PP. Eso es una simplificación falaz. Barberá tuvo que declarar el lunes ante el Supremo –en calidad de aforada– por un presunto blanqueo de capitales. Es una pieza separada del caso Taula, uno de los grandes escándalos de corrupción de esta Comunidad, en la que hay medio centenar de imputados, incluido el PP como persona jurídica y casi todo el equipo de Barberá de su etapa como alcaldesa. La Fiscalía pide penas muy altas porque la trama de financiación irregular empleó la llamada técnica del pitufeo para blanquear dinero –que presuntamente procedía de mordidas al adjudicar contratos–, propia de mafias.
Por ello, siempre hemos defendido que, independientemente de que Barberá tuviera o no alguna responsabilidad penal, cosa que debía dirimir la Justicia, sí debía asumir su responsabilidad política renunciando al escaño de senadora que ocupaba desde 2015.
Su resistencia a dar ese paso atrás cuando el Supremo decidió investigarla llevó a su partido a obligarla a darse de baja. Pero ayer no faltaron voces en el PP que traslucían una mala conciencia y criticaron la dureza con la que se le ha tratado estos meses. Y figuras como Aznar lamentaron su «exclusión» y que se le hubiera dejado sola. Ello enseguida abrió un debate sobre la injusticia de la pena del Telediario sin esperar a las sentencias. Se equivocarían los populares si tras este golpe emocional pretendieran desandar lo que se ha avanzado en fijar el listón de las responsabilidades políticas. En un país donde la lacra de la corrupción ha dañado tanto la credibilidad del sistema, los dirigentes están obligados a tener comportamientos ejemplares y a dejar la primera línea cuando hay sólidas sospechas de comportamiento irregular. Sin que ello prejuzgue su inocencia.