El CorreoJAVIER TAJADURA TEJADA Profesor de Derecho Constitucional de la UPV/EHU
Lejos de perturbar la convivencia, como sostienen los separatistas, el cónclave gubernamental en la Ciudad Condal refuerza la presencia del Estado Constitucional en Cataluña
Los acontecimientos de Cataluña condicionan por completo el rumbo de la política española. Muchos analistas han confirmado que la gestión del desafío independentista por parte del presidente Pedro Sánchez es la principal causa del significativo descenso de votos sufrido por el Partido Socialista en las recientes elecciones celebradas en Andalucía. En el seno del PSOE surgen voces –singularmente las de los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha– que reclaman una política más firme frente al secesionismo. Aunque el Gobierno no ha hecho ninguna cesión significativa a los independentistas, lo cierto es que los votos de estos últimos hicieron posible el triunfo de la moción de censura que desalojó a Rajoy de la Moncloa. Desde su nombramiento como presidente, Sánchez ha practicado una política de mano tendida que no ha sido, en modo alguno, correspondida por los separatistas.
En este contexto, la celebración del Consejo de Ministros de hoy en Barcelona reviste un importante significado. Significado que trasciende al que es usual a este tipo de reuniones del Ejecutivo en ciudades distintas de la capital de la nación, como pudo ser el último celebrado en Sevilla. Entonces, ningún representante político interpretó la decisión como una ‘provocación’. Todos vieron en ella una deferencia hacia la Comunidad Autónoma de Andalucía. En Cataluña, por el contrario, se han producido llamadas a la movilización ciudadana en contra de la celebración del encuentro.
La cita del Consejo de Ministros en la Ciudad Condal es un oportuno recordatorio de que el Gobierno de España, como titular del «poder de dirección política del Estado» (artículo 97 de la Constitución), ejerce sus facultades sobre todo el territorio nacional. Y, desde esta óptica, supone un notable respaldo a la mayoría de la sociedad catalana –no independentista– a la que se le recuerda que no está sola, y que cuenta con el apoyo de los poderes legítimos del Estado para salvaguardar sus derechos.
Ante la celebración del cónclave gubernamental de hoy, el Govern catalán ha anunciado que va a garantizar tanto su seguridad como el derecho fundamental de los ciudadanos a manifestarse en contra de aquel. Por precaución y responsabilidad, el Ministerio del Interior ha dispuesto un refuerzo de 1.000 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional por si la actuación de los 8.000 Mossos desplegados por la Generalitat no fuera suficiente para garantizar el orden. Desde un punto de vista jurídico, es preciso distinguir el abismo que separa el ejercicio del derecho de manifestación pacífica y la comisión de un grave delito como lo es el tipificado en el artículo 503 del Código Penal, que establece penas de hasta cuatro años de prisión para quien intente obstaculizar o coartar la celebración del Consejo de Ministros.
Las actuaciones previstas por los denominados Comités de Defensa de la República –CDR– y otros grupos radicales –corte de vías de comunicación, por ejemplo– en contra de la celebración del Consejo de Ministros, lejos de constituir modalidades del derecho de manifestación son actividades delictivas. Y lo son por la sencilla razón de que son violentas. Cortar carreteras y bloquear vías de comunicación, como se hizo el pasado 7 de diciembre, es violencia (contra los ciudadanos a los que se les lesiona su derecho a circular libremente). Levantar las barreras de peaje de las autopistas, como se hizo el pasado día 8, es violencia (contra los empleados y las empresas titulares de la concesión). Y toda esa violencia y alteración del orden público sufridos en Cataluña durante el puente de la Constitución fueron posibles por la irresponsable y presuntamente delictiva pasividad de la policía autonómica.
Si lo ocurrido aquel fin de semana volviera a producirse, es decir, si hoy se produjesen alteraciones notables del orden público y los Mossos no desplegasen una actuación eficaz concretada en la detención de la mayor parte de los radicales violentos, habría llegado la hora de que el Ejecutivo central asumiera –en virtud del artículo 155 de la Constitución– las competencias de Cataluña en materia de seguridad y orden público. Ahora bien, para que esta medida, o cualquier otra intervención al amparo del artículo 155, fuera realmente efectiva sería preciso que las fuerzas políticas que defienden el valor y la vigencia de la Constitución alcanzasen un amplio acuerdo sobre la respuesta al separatismo catalán y lo dejaran al margen de la contienda electoral.
Lo que nos lleva, una vez más, a la triste conclusión de que la división de las fuerzas políticas comprometidas con la defensa de la Constitución es la principal baza con la que juegan los separatistas. Solo esa división puede explicar que el PP y C’s reclamen simultáneamente activar el 155 y disolver las Cortes, olvidando el hecho evidente de que un Gobierno de España en funciones es el menos indicado para intervenir una comunidad autónoma.
Con todo, la celebración del Consejo de Ministros de hoy en Barcelona es una buena noticia. Con independencia de las alteraciones del orden público que se puedan producir y de las que sólo cabrá responsabilizar a quienes las alienten y ejecuten, la reunión del Ejecutivo central, lejos de perturbar la convivencia –como sostienen los separatistas– contribuye a reforzar la presencia del Estado Constitucional en Cataluña.