Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 13/5/12
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, fue designado para el puesto que hoy ocupa tras un pacto escandaloso -publicado como si nada por muchos periódicos de España- entre el entonces presidente Zapatero y el líder de la oposición mayoritaria.
Ese acuerdo, por el que uno y otro se arrogaban el ejercicio de una competencia que no les pertenecía en absoluto -pues aquella corresponde, según la Constitución, al pleno del Consejo del Poder Judicial- fue en su día una prueba manifiesta de la forma pintoresca en que en este país se entiende el principio de la separación de poderes, pero supuso también, al tiempo, una muestra bochornosa de la sujeción de los miembros del Consejo a los partidos que los habían designado para el cargo: todos, sin una sola excepción, siguieron las instrucciones que les llegaban desde arriba y ratificaron formalmente lo que otros, sin competencia para ello, habían políticamente decidido.
Esa forma de designación y ese comportamiento subsiguiente de los consejeros judiciales, típica de una institución que se ha perdido el respeto a sí misma, son, sin duda, perfectamente coherentes con la forma en que, al parecer, el presidente del Supremo que ellos no eligieron, aunque se prestaran a la comedia de que así lo pareciera, se ha aprovechado de su cargo como si aquel fuese en realidad no una alta responsabilidad del Estado sino una canongía pistonuda para pasárselo en grande a costa de la pasta de los españoles.
Y así, en un país con un sistema judicial manifiestamente mejorable, donde uno se imagina que debe de haber mil cuestiones de enorme trascendencia que ocupen el tiempo y la cabeza de quien preside su órgano de gobierno y, al tiempo, la del Tribunal Supremo de justicia, el señor Dívar ha considerado normal, al parecer, viajar durante veinte largos fines de semana a Puerto Banús, hospedarse allí en un hotel de lujo y pasar como consecuencia de esos viajes, de finalidad institucional desconocida, gastos al Consejo por valor de ¡18.654 euros!
La cosa es muy sencilla: si las acusaciones vertidas contra Dívar son exactas, y todo indica que lo son, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial debe presentar de inmediato su irrevocable dimisión. Pero si no lo hace, y nuestras instituciones y partidos no la exigen, la cosa será más sencilla todavía: nadie podrá negar ya, con argumentos, que España camina a paso de gigante hacia las formas y los comportamientos políticos e institucionales característicos de una democracia bananera, en la que el presidente de su Tribunal Supremo hace fines de semana caribeños con cargo al contribuyente mientras el país, que atraviesa desmoralizado una de sus más terribles crisis, es humillado por el desprecio supino de quien debería ser el primer español en dar ejemplo.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 13/5/12