Esta situación se enmarca en un grave contexto de crisis que trasciende nuestro país: la guerra de Ucrania; la crisis económica internacional; el cambio climático; y el creciente fenómeno de la polarización en algunas democracias.

Al reflexionar sobre la situación postelectoral que vivimos, conviene empezar recordando lo que logramos en 1977, gracias al espíritu de consenso político y concordia cívica que alumbró la Transición.

La dictadura surgida tras la Guerra Civil, y que llevaba casi 40 años en el poder, fue transformada en una democracia plena, terminando con el enfrentamiento de esas dos Españas que, como escribió Machado, helaban los corazones de los españoles desde su nacimiento. Aquello se logró sin violencia, sin prisiones, sin exilios.

Quienes vivieron aquel milagro político contemplan sorprendidos la incapacidad actual de alcanzar pactos políticos, pese a la gravedad de algunos de los problemas que tenemos planteados. A esto se añade que las nuevas generaciones, carentes de una adecuada formación histórica, tienden a despreciar lo que significó la Transición por puro desconocimiento.

«Transcurrido el momento constituyente, era natural que la práctica del consenso declinase y prevaleciera el juego de una alternancia no pactada»

El cimiento sobre el que se asentó aquella transformación ejemplar fue indiscutiblemente el consenso político, esto es, la voluntad de pacto asumida desde un inteligente y generoso espíritu liberal, que reconoce la parte de verdad que tiene el otro en su condición de adversario y no de enemigo.

Transcurrido el momento constituyente, era natural que la práctica del consenso declinase y prevaleciera el juego de una alternancia no pactada. Pero no se puede olvidar que en una democracia siempre hay un momento en el que el pacto político se hace, de nuevo, conveniente, si no imprescindible. La entidad de lo que hoy está en juego en España demanda unos políticos capaces de recorrer el próximo tramo de nuestra historia con la altura de los grandes estadistas.

Repasemos, muy brevemente, algunas de los problemas que definen la naturaleza de esta hora.

En primer lugar, no es posible seguir demorando el momento de afrontar la cuestión peor resuelta de la Transición. Me refiero a la vertebración territorial del Estado. En la Constitución de 1978 se dejó abierto un proceso ilimitado de descentralización que años después amenaza la integridad del Estado y su buen funcionamiento. Un modelo federal puede y quizás deba contemplarse.

En todo caso, se precisa un gran acuerdo entre los dos principales partidos, que se extienda después a los partidos nacionalistas, implicando una definición estable de la estructura territorial del Estado, y recuperando, además, un sentido de lealtad institucional entre las principales partes que lo conforman. En definitiva, se hace necesario un cambio constitucional como los aprobados hace algún tiempo en Alemania y Canadá, que quizás pudieran servirnos de referencia.

«Si la educación vertebra una sociedad, esta inestabilidad legal constituye un elemento más de la desvertebración de nuestro país»

Pero hay otras grandes cuestiones que también requieren de ese consenso. Por ejemplo, la aprobación de una Ley de Educación con vocación de permanencia. En un país como el nuestro, de reconocidas diferencias lingüísticas, culturales y territoriales, la existencia de una ley de Educación perdurable constituye un elemento esencial para fomentar una cultura de convivencia.

En los 45 años de democracia ha habido ocho leyes de Educación que han ido sucediéndose tras cada cambio de gobierno. El reciente y durísimo informe de la OCDE sobre nuestro sistema educativo es muy significativo. Si la educación vertebra una sociedad, esta inestabilidad legal constituye un elemento más de la desvertebración de nuestro país.

Otra cuestión urgente es la reforma del sistema de salud pública. Hemos pasado de tener un sistema que era un referente en Europa a un sistema fragmentado y empobrecido, con algunos agujeros negros que de no resolverse pueden hacerlo quebrar. El sistema, además, está colapsado con millones de personas en listas de espera y 800.000 en espera quirúrgica.

El problema no se resuelve con la sanidad privada, que sí está funcionando, y menos intentando intervenirla. El principio de una sanidad pública ejemplar y viable hay que recuperarlo. En estos momentos, además, por la fragmentación autonómica, hay tratamientos, por ejemplo, en el campo oncológico, que sólo tienen los hospitales públicos de algunas comunidades, creando una situación de injustificable desigualdad cívica.

«Todo acuerdo político, y más si es relevante, precisa recorrer previamente puentes de diálogo discretos, cuando no invisibles»

La reforma de la Justicia también requiere de ese necesario consenso político. Y no me refiero tan sólo a que se renueven, como establece nuestra legislación, adecuadamente los órganos principales de la Justicia española, cuyo bloqueo constituye un fenómeno inasumible, sino también a la lentitud de la administración de la Justicia, que supone de por sí una profundísima injusticia para la ciudadanía.

Una actualización de nuestra Constitución, no sólo en el campo de la vertebración territorial, sería también necesaria para abordar, por ejemplo, el proceso de sucesión de la Corona, en el que prevalece el hombre sobre la mujer, el funcionamiento del Senado y una reforma de la Ley Electoral.

Es inimaginable plantearse todo lo anterior sin un consenso previo entre los principales partidos, buscando esa imprescindible mayoría que legitime las soluciones políticas que se alcancen. Y, por supuesto, este consenso no se alcanza en un debate televisivo, ni menos a golpe de titulares en los medios de comunicación. Todo acuerdo político, y más si es relevante, precisa recorrer previamente puentes de diálogo discretos, cuando no invisibles, que sirvan para explorar y preparar esos necesarios acuerdos públicos.

Concluyo con un testimonio esperanzador. En mis encuentros con algunos políticos relevantes de nuestros dos principales partidos, he comprobado que puede existir una coincidencia en la necesidad de ese gran pacto reconstituyente que permita abordar los principales problemas que tiene planteados nuestra democracia, así como las necesarias reformas que demanda una Constitución tras 45 años de vigencia. Ojalá sea así.

*** Gregorio Marañón es presidente del Teatro Real.