LIBERTAD DIGITAL 25/08/16
· El PP pide «tranquilidad» después de que Girauta avisara de que esto no es un «trágala». La negociación se tensa.
La negociación está «estancada» ante los reiterados no del PP a las propuestas de reforma, algo que provoca «preocupación e incluso consternación» en Ciudadanos. O hay que estar «tranquilo» porque los equipos negociadores están «ocupados» en buscar soluciones y «trabajando hasta altas horas de la mañana, con la misma voluntad que desde que empezó este proceso de negociación». Son las dos versiones del momento de la negociación para una investidura de Mariano Rajoy, cuando se cumple el tercer día de reuniones entre populares y centristas.
La primera versión la ha traslado el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y la segunda el secretario de estado de relaciones con las Cortes, José Luis Ayllon, en sendas comparecencias a última hora de la noche, después de un día en el que los de Albert Rivera habían pedido «compromisos presupuestarios» para cinco reformas económicas: el complemento salarial, el plan contra la pobreza infantil, el aumento en la inversión a la educación infatil, el plan de choque contra el fracaso escolar y la equiparación y aumento de las bajas de maternidad y paternidad.
«La negociación no está rota» ha dicho Girauta, pero es muy difícil llevarla a cabo, ha manifestado, cuando «te encuentras un no, no, no» a varias de las propuestas que el partido naranja considera fundamentales, como la eliminación de las diputaciones provinciales, la reforma del Senado o el cambio de elección de los miembros del CGPJ, aspectos en los que, según el propio Girauta, «ya venimos cedidos de casa». Ciudadanos abogaba hace un año por un cambio integral de la cámara alta para convertirla en una conferencia permanente de presidentes autonómicos, un maximalismo rebajado ahora.
Ayllón, como ya hiciera por la mañana el vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha reiterado su oposición a la supresión de las diputaciones dado que prestan un «servicio fundamental» a los españoles que viven fuera de los grandes centros urbanos. Girauta, por su parte, las llegaba a calificar de «pesebres».
El portavoz del grupo naranja se quejaba de la falta de «voluntad política» de los populares en aspectos clave: «Todo proceso de negociación es un toma y daca con cesiones por ambas partes, pero hay que conseguir ciertos objetivos. Los objetivos económicos y sociales no basta con formularlos sino que hay que comprometer financiación» afirmaba el diputado por Barcelona, quien añadía: «Si no hay la disposición a tomar una coma con respecto al Senado, de tocar una coma con respecto a las diputaciones o a la despolitización del poder judicial, entonces lo que hay es una falta de voluntad política». Para Girauta, el sí a la investidura de Mariano Rajoy de la semana que viene «tiene un precio» y por ello lanzaba un apremio aún más duro a sus interlocutores: «Que no se crean que se puede empezar otra reunión mañana, que será jueves, diciéndonos que no a todo».
En su tono conciliador, Ayllon, que aseguraba estar a esa hora trabajando con su equipo en el acuerdo, se mostraba dispuesto a buscar redacciones más razonables a alguna de las propuestas de Ciudadanos. «El compromiso de ambas partes negociadoras, al acabar cada una de las reuniones, es buscar fórmulas y buscar textos que nos permitan llegar a acuerdos en todas y cada una de esas posturas» afirmaba el responsable de relaciones con las Cortes, que añadía: «Las propuestas no sólo es ponerlas en un papel. Todo lo que el PP pone en un papel es para luego ser cumplido».
Los resultados de la mañana
Por la mañana, PP y Ciudadanos escenificaban un desencuentro sobre la financiación de determinadas medidas económicas, lo que el número dos de los centristas, José Manuel Villegas, ha definido como «un freno» al acuerdo final. Villegas pedía al PP compromisos presupuestarios explícitos para financiar las medidas sociales.
En su ya habitual comparecencia posterior, el vicesecretario de organización del PP Fernando Martínez-Maillo, afirmaba que, en ese caso, habría que ampliar el acuerdo para que fuese de gobierno, una puerta que los populares han mantenido siempre abierta y que los de Albert Rivera tampoco han descartado nunca del todo. Maillo lo valoraba además positivamente: «Como han planteado cuestiones económicas, e incluso plazos, eso también supone que no estaríamos hablando sólo, inicialmente, de un acuerdo de investidura. Parece que entonces, si hablamos de plazos, también estamos hablando de un acuerdo de gobierno, lo cual nos parece también positivo. No sé si sería completo, pero sería un cierto programa de gobierno». Girauta le contestaba horas después «en tono amigable» asegurando que no se podía hablar de un compromiso para toda una legislatura: «Ha establecido una relación entre dotar de fuente de financiación una medida y un acuerdo de Gobierno. Es una relación que ha establecido él y que sólo a él le compromete».
¿De dónde se saca el dinero?
Villegas, además, aportaba soluciones ante el posible reproche de que no haya dinero para esas medidas. Anticipándose al punto de la negociación que se abordará este jueves, sobre «Fortalecimiento institucional», volvía a sacar a colación la supresión de las diputaciones provinciales, con un ahorro estimado por Ciudadanos de 6.000 millones. En la misma línea, pedía de nuevo que los defraudadores fiscales amnistiados paguen el 10% y no el 3% de los fondos repatriados, con lo que según la formación naranja se podrían recaudar casi 3.000 millones de euros.
En el equipo negociador naranja, algunas fuentes consultadas por Libertad Digital alejan la posibilidad de un acuerdo de gobierno y se remontan para ello a los pactos de investidura de José María Aznar en 1996: «Ellos tienen un largo historial de acuerdos de investidura comprometiendo partidas presupuestarias con nacionalistas y regionalistas. Ya saben cómo se hace. Ahora, en cambio, lo que pedimos es para todos los españoles».
Hacen falta 7.000 millones
Según está recogido en la memoria económica que Ciudadanos presentó en junio junto a su programa electoral, el coste estimado de las medidas económicas que supondrían gasto supera los 7.000 millones. 2.800 millones de euros anuales el complemento salarial anual garantizado, 2.651 millones el plan contra la pobreza infantil, 800 millones de la equiparación de las bajas de maternidad y paternidad, otros 800 millones del plan contra el fracaso escolar y la reversión de los recortes educativos y 278 millones del incremento del gasto en educación de 0 a 3 años.