Editorial-El Correo
- Las llamadas a actualizar la Carta Magna se convierten en meros reclamos en un contexto de quiebra entre el PSOE y el PP
La celebración institucional de que la Constitución fue aprobada en referéndum hace 46 años, asentando así las bases del período más próspero y libre de la convivencia entre los españoles no pudo soslayar ayer los abismos que se han ido generando al respecto entre las fuerzas parlamentarias, intensificados en esta convulsa legislatura. Y ello aunque el disenso no fuese suficiente para perturbar el disfrute unánime de una jornada de fiesta que volvió a evocar para la ciudadanía un día más que feliz en la historia colectiva. El revisionismo de Vox leyendo la Carta Magna como si fuese un tratado restrictivo incluso de las libertades y los derechos que anhelaban los españoles de 1978 está constriñendo la actitud del PP, algunos de cuyos dirigentes con más voz tienden a cerrar la puerta a que el texto constitucional se muestre capaz de integrar nuevas diversidades y demandas. En paralelo y en la España polarizada, las formaciones alineadas con el principal grupo en el Gobierno, el PSOE, insisten con intermitencias en que se acabó «el régimen del 78», aunque sin atreverse a reclamar la apertura formal de un nuevo período constituyente. Algo que interpela a la actitud silente de un partido netamente constitucionalista como el socialista, que en estos momentos prefiere enumerar los derechos y libertades que, según reivindica, deben incluirse en el articulado constitucional que defender su vigencia a la espera de un clima de consenso más propicio para su actualización.
El presidente Sánchez defendió en el acto del Congreso el reajuste de la Carta Magna para «blindar» derechos sociales como el aborto o el matrimonio homosexual, en medio de la quiebra de los puentes con el líder de la oposición. Es evidente que el disenso cada vez más acerado en la política cotidiana y la concurrencia de enmiendas divergentes al texto de la ley de leyes convierte las proclamas por la reforma en meros reclamos, dada la necesidad de mayorías cualificadas en las Cortes y de un refrendo final por los españoles para afrontar semejante desafío. Aunque no son los garantistas requisitos que establece la propia Constitución para su renovación los que la traban, sino la incapacidad, singularmente, de los dos grandes partidos para aproximarse ya en los asuntos más domésticos. Lo que convierte la adaptación del artículo 49 pactada este año, un gesto de justicia y dignidad hacia las personas con discapacidad, en un efímero oasis en una agria legislatura.