KEPA AULESTIA, EL CORREO – 06/12/14
· El Sociómetro vasco aflora un independentismo del ‘todo incluido’ que, como en Cataluña, reclama las ventajas de la autonomía y apura los beneficios de pertenecer a España.
El secretario general socialista, Pedro Sánchez, adelantó al jueves la celebración hoy del 36 aniversario de la Constitución, presentando en el Congreso de los Diputados una iniciativa procedimental: la creación de una subcomisión, dentro de la Comisión Constitucional, para abordar el estudio de su reforma. Lo hizo después de llamar por teléfono al presidente Rajoy para anunciarle su propósito, en un rasgo de lealtad institucional. Hoy, 6 de diciembre de 2014, dos cosas parecen claras. La más inmediata es que esa ‘subcomisión de la Comisión’ no verá la luz en esta legislatura, porque la mayoría absoluta del PP lo impedirá. Lo último que admitiría Rajoy ahora sería un desfile de jurisconsultos deshilachando la Carta Magna, removiéndole aún más la tierra sobre la que desearía descansar en algún momento. La otra evidencia es que la actualización constitucional será inexorable según comience la próxima legislatura y en la propia campaña de las elecciones generales. Las estrategias de contención acaban a menudo anegadas por el desbordamiento.
Pero la diatriba pública sobre si la Constitución ha de reformarse cuanto antes, la resistencia a hablar del tema, y la irrupción ‘constituyente’ de Podemos está generando una ilusión equívoca: la creencia de que el origen de los males y la clave de todas las soluciones se encuentra en la Carta Magna. El tabú de Rajoy alimenta el tótem de Sánchez ante el escepticismo general. Los socialistas se aferran a su propuesta porque intuyen que puede ser la tabla de salvación que les permita preservar la cohesión interna y les procure un discurso visual para un año –hasta las generales de noviembre de 2015, pasando por las locales y autonómicas del próximo mayo– que se hará interminable. El argumento de que el texto constitucional refrendado en 1978 debería actualizarse puede ser irrebatible, atendiendo tanto a la caducidad de sus previsiones como al cambio generacional. Pero de ahí a suponer que la reforma constitucional desataría el nudo gordiano en que concurren las carencias del estado del bienestar, la podredumbre de la corrupción y las tensiones territoriales dista un abismo.
La reforma de la Constitución ha de ser resultado de un diagnóstico coincidente en cuanto a su necesidad y de una voluntad convergente en lo que respecta a su nuevo articulado. Entre otras razones porque su redacción definitiva requeriría el previo encauzamiento de los problemas que aquejan a la sociedad y al sistema democrático. La Carta Magna puede preservar de manera más explícita e incontrovertible la división de poderes. Pero sería imposible depositar en su nuevo contenido virtudes que la partitocracia no esté dispuesta a ejercitar de antemano aplicando, para empezar, las propuestas consensuadas esta misma semana por los jueces decanos. Media docena de retoques a la Constitución de 1978 podrían subrayar su carácter social. Incluso el socialismo de Pedro Sánchez puede aspirar al simbólico acotamiento de la reforma del 135 pactada entre Rodríguez Zapatero y Rajoy. Pero de poco serviría enunciar un supuesto «blindaje» de la sanidad, la educación y las pensiones en el plano de los principios constitucionales cuando su situación estará sujeta siempre a dos variables: la disponibilidad financiera según criterios de consolidación fiscal y el cuadro de prioridades que tracen las mayorías políticas de turno.
En cuanto a su dimensión territorial, la reforma propuesta por Pedro Sánchez presenta dos serios inconvenientes. Por una parte, el objetivo de delimitar las competencias respectivas de la Administración central, de las comunidades autónomas y de los municipios constituye un desideratum que se enfrenta a la propia lógica de un Estado compuesto y sometido a tensiones e intereses políticos, y también a la cambiante naturaleza de la capacidad reguladora de las instituciones en un entorno global. Hoy resulta 36 años más difícil delimitar competencias que en 1978. Junto a ello se da la circunstancia de que es creciente el ánimo de aquellos españoles que querrían dejar de serlo. Ánimo que no se sostiene sobre la nada, sino que se eleva sobre la realización y el disfrute de los autogobiernos catalán y vasco. Una reforma federalizante del Estado autonómico no solo es poco atractiva para el empeño soberanista, sino que conlleva un diseño uniformizador que podría acelerar las agendas independentistas anulando las virtudes teóricas del empeño.
Aunque esto no es ninguna tragedia. A veces parece más bien una comedia interpretada por los prejuicios, la identidad y el sentido común. El Sociómetro que el Gobierno vasco hizo público ayer ha defraudado, sin duda, a los entusiastas del soberanismo. Los cuales no entenderán cómo a Urkullu se le ocurre mostrar esa imagen de país. O pensarán que el país descrito en la encuesta se le parece tanto a Urkullu que resulta hasta sospechoso. Pero más allá de la discusión que se produzca entre quienes se consideren herederos de la ‘casa del padre’, el Sociómetro revela la existencia de un ‘independentismo todo incluido’. Quiero más, pero sin arriesgar nada de lo que tengo. No nos vamos a engañar, en este diminuto país nos conocemos todos. Del mismo modo que aciertan a conocerse en ese otro país, tres veces mayor que el nuestro, llamado Cataluña. No es ningún desdoro. En esto del futuro colectivo no hay suicidas en las sociedades abiertas. Siempre quedará algún margen para el entendimiento.
A no ser que se imponga la apertura de un período constituyente, por el que abogan los denunciantes del ‘Régimen del 78’, los de Podemos. Se trata de un hallazgo en términos de comunicación, que ocupa el renglón siguiente a ‘la casta’. Pero no hay ningún Régimen que actúe como custodio de lo establecido. Más bien es un estado de cosas caótico, y sin duda interesado, que intenta pervivir otro año y por ello queda a merced de quien venga de nuevas a cambiarlo todo.
KEPA AULESTIA, EL CORREO – 06/12/14