La opción de bonificar a los caseros que no suban los alquileres, anunciada por Pedro Sánchez casi a la vez que el exministro Jordi Sevilla planteaba «cambiar el rumbo» en el PSOE, parece más una medida oportunista en un momento de acusada debilidad del presidente del Gobierno. Ni siquiera una alternativa intervencionista como la desgravación fiscal le ha valido el apoyo de su socio en el Ejecutivo, Sumar, ni de la principal fuerza de la oposición. En las filas de Yolanda Díaz, su apuesta por una prórroga automática de 600.000 contratos abre otra grieta en el Consejo de Ministros y un conflicto jurídico por la eventual inconstitucionalidad de una congelación por decreto.

Las medidas para facilitar el acceso a un piso se pueden asomar al electoralismo por su capacidad de arrastre e importancia en la agenda social. La vivienda ha jugado un papel crucial en los movimientos populares avivados por el desencanto con la gestión pública. Construir desde el acuerdo es el pilar fundamental para que las soluciones sean más efectivas y eviten la frustración a la que conducen la improvisación y las ocurrencias. Las apelaciones a «la gente» que necesita una casa, formuladas tanto por Sánchez como por Feijóo, se quedarán huecas si no van acompañadas de políticas realistas, pactadas y urgentes. Lo contrario es alimentar una indignación de muy compleja digestión después, especialmente si desembocan en extremismos electorales. El hecho de que la desgravación de Sánchez no tenga repercusión en Euskadi por su régimen fiscal propio no exime a las instituciones vascas de responsabilidad, viendo los pobres resultados en la construcción de VPO –apenas 827 pisos el año pasado, la cifra más baja desde 2017– y en la contención del alquiler –encarecido un 4%–.