Un diario digital envió días atrás a uno de sus periodistas, cámara en ristre, a la localidad madrileña de Parla con el encargo de testar el problema de la inseguridad ciudadana. Y en plena calle se topó con una aguerrida podemita, militante del movimiento LGTBI local, que, protegida por varios fornidos parleños, se lanzó a la yugular del reportero.

• No te voy a responder, puto nazi. Fuera de Parla, anda.
• ¿Por qué fuera de Parla?
• Porque no queremos nazis en Parla
• Yo tampoco, pero esa es una actitud nazi.
• Que no queremos nazis en Parla. ¡Que te largues…!
• No me insultes, que yo no te he insultado a ti, no me llames nazi
• Nazi no es un insulto, es una descripción. Llámame tú comunista, que estoy muy orgullosa de serlo.

La señora estaba muy orgullosa de ser comunista y de que la calificaran como tal. Orgullosa de una ideología que ha producido cien millones de muertos de 1917 a esta parte y un paisaje de ruina y miseria allí donde consiguió implantarse. La anécdota, real como la vida misma, es un buen ejemplo de la degradación de la convivencia a la que nos ha conducido un Gobierno de extrema izquierda dispuesto, en esta su hora postrera, a someter al país a un estrés difícilmente soportable. «Nos conviene que haya tensión». La tensión boba de la que alardeaba Zapatero ante Gabilondo en febrero de 2008, convertida por Pedro Sánchez en un intento descarado de enfrentamiento entre españoles, a quienes ha dividido en dos bandos que sueña irreconciliables. El caso más llamativo de esa intención de destruir la convivencia es lo que está ocurriendo desde hace semanas en la República Independiente de la Puerta del Sol, un escándalo que interpela a un Gobierno que no solo se niega a desalojar a los paleocomunistas que allí campan a sus anchas, sino que protege y alienta las prácticas que allí ocurren a diario y que han conducido a un deterioro profundo del espacio público. La Puerta del Sol convertida en metáfora de la España de Sánchez, y en retrato vivo de la tragedia que amenaza al país si esta extrema izquierda encantada de ser comunista lograra, con Sánchez, su indiscutible líder, al frente, volver a gobernar durante cuatro años más.

A seis semanas de la fecha crucial del 29 de noviembre, el nuevo Gobierno que salga de las urnas estará obligado a enfrentar una triple crisis, Hannibal ad portas, de cuya gestión debería salir un país fortalecido y capaz de abordar las próximas décadas con perspectivas de éxito. En primer lugar, la crisis económica, que es a la vez crisis financiera a cuenta de la dramática situación por la que atraviesa el vecino galo y el riesgo de contaminación que la quiebra francesa podría ocasionar en la zona euro. Francia es hoy un país en bancarrota. A finales de septiembre, la deuda pública francesa superaba los 3,6 billones de euros, o el 119% del PIB, con riesgo cierto de escalar al 122% en 2027. Tras años de adicción al dinero fácil (como días atrás denunciaba el WSJ) y el BCE como garante de cualquier desafuero, los mercados de bonos han empezado a fijarse en Francia y no para bien. Los tipos de interés han superado el 5% (el servicio de esa deuda, que este año se comerá 78.000 millones, escalará en 2027 hasta unos astronómicos 91.000 millones), y el diferencial con Alemania ha alcanzado los 150 puntos básicos. Francia se encuentra ahora mismo en la situación por la que atravesó Italia en 2011, un país que con una deuda del 120% del PIB, tipos de interés del 7%, un diferencial de 150 pb con Alemania y un déficit del 4,6% (5,4% el déficit galo previsto para este año) conoció la caída del Gobierno Berlusconi y la puesta en marcha de un severo plan de ajuste bajo la autoridad de Mario Monti y la supervisión del BCE.

El viejo lema del «too big to fail» aplicado a Francia ha dejado de tener valor, hasta el punto de que el próximo presidente de la V República que salga de las elecciones de mayo del 27 tendrá todas las papeletas para convertirse en el Alexis Tsipras francés, porque, con una clase política incapaz de abordar el problema desde dentro (cualquier intento de recortar el gasto es automáticamente derrotado en la Asamblea Nacional), la solución al cáncer francés vendrá impuesta desde fuera, la impondrá la troika del FMI, Bruselas y el BCE, con la receta conocida: reforma de las pensiones, recorte drástico del gasto público (más del 57% del PIB), venta de activos, reforma fiscal, cambios en la legislación laboral y un largo etcétera, traducido en una caída del PIB que podría llegar al 20%. Una catástrofe desde todos los puntos de vista. Adiós al más que generoso Estado del Bienestar francés. Está por ver cómo abordará el BCE un eventual default galo, pero con los inversores institucionales vendiendo y los fondos de cobertura comprando con fines especulativos, el horizonte no puede ser más peligroso a corto plazo. Con el riesgo añadido de contaminación a bancos y aseguradoras (y con nuestra banca cargada de deuda pública española).

Una situación que debería mantener en guardia a los responsables de nuestra economía, porque una quiebra francesa tendría graves consecuencias para toda la zona euro y para España, claro está, aunque aquí todo el mundo parece vivir en el mejor de los mundos, ajeno a la tormenta que se avecina. El nuevo Gobierno que salga de las urnas estará obligado a proceder a una consolidación urgente de las cuentas públicas, con una revisión integral del gasto público para barrer de un plumazo toda esa zona gris del subsidio destinado a la compra del voto. No es de recibo, por insostenible, que la deuda pública española haya escalado ya a los 1,7 billones (la mitad de la francesa, para un PIB que es la mitad del francés), por mucho que el denominador de la ecuación sirva de consuelo a quienes sostienen que nuestra situación es tolerable al no rebasar el 100% del PIB. No es sostenible que el Gobierno, este o el que venga, siga pretendiendo financiar las pensiones con deuda, porque eso nos conduce colectivamente al abismo a plazo fijo. Debería ser mandato constitucional la obligación de los Gobiernos de tratar a los ciudadanos como seres adultos a los que no se les puede engañar con cuatro abalorios. Obligados a decir la verdad sobre las cuentas públicas. No es aceptable la existencia de un Gobierno enemigo declarado de la actividad empresarial, pero al mismo tiempo dispuesto a presumir de un crecimiento (básicamente debido a la población inmigrante y el aumento consiguiente del consumo) en cuyo favor no ha movido un dedo. ¿Qué medida de política económica o fiscal ha introducido este Gobierno en los últimos 8 años que haya animado a un español dueño de un millón de euros a abrir un pequeño negocio y generar 5 puestos de trabajo? Ninguna. Un Gobierno obligado a poner freno al rally alcista de los impuestos, a aliviar la presión sobre las cotizaciones empresariales y a primar, por encima de todo, el crecimiento económico y el empleo.

Y luego la crisis política. España ha llegado a octubre de 2026 arrastrándose por la pendiente de una aguda crisis política que ya era evidente desde el 2008, con la implosión de la burbuja, y debería haber obligado a nuestros políticos a adoptar las medidas correctoras pertinentes. El escenario actual, con un elemento disruptor de la categoría de Sánchez, líder de uno de los dos tradicionales partidos dinásticos, ha impedido cualquier acuerdo tendente a grandes pactos o a cambios sustanciales en la Constitución. Todo está parado en espera de lo que ocurra el 29 de noviembre. Una derrota del sátrapa que nos gobierna (muy mal tiene que ver las cosas para protagonizar ayer ese beso a lo Bonnie & Clyde), y una derrota explícita, rotunda, podría abrir la puerta a cambios en la dirección del PSOE capaces de volver a colocar a la antigua socialdemocracia española, hoy echada al monte del radicalismo más extremo, en la centralidad, posibilitando los grandes acuerdos que se antojan imprescindibles para abrir la Constitución e insuflar nueva vida al moribundo régimen de la Transición. Dos reformas constitucionales urgentes (además de reformas prácticamente en cada rubro que se aborde): fijar las competencias exclusivas del Estado (las que jamás debió haber cedido) y armonizar los estatutos de autonomía, cerrar de una vez la sangría competencial urgida por los nacionalismos disgregadores. Y naturalmente abordar la efectiva separación de poderes («Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de ver a políticos nombrar a los jueces que pueden juzgar a esos políticos», Ruiz Gallardón en la precampaña de las generales de noviembre de 2011), de acuerdo con el mandato constitucional. Y hacer efectiva la independencia de los organismos de control, obligando a los Gobiernos, a cualquier Gobierno, a sacar las manos de los tradicionales y democráticos checks and balances. Y poner coto al nombramiento de conmilitones en los altos cargos de la Administración, y revitalizar el prestigio de unas instituciones sometidas a un brutal castigo por este Gobierno corrupto. Y tantas cosas más que no caben en el espacio de esta pieza. Y hacerlas deprisa, porque la izquierda no le va a dar tregua. Los primeros cien días serán claves para el futuro de un eventual Gobierno PP+Vox. Se trata de actuar de forma resuelta, evitando rectificaciones y pasos atrás. La experiencia de Macri en Argentina enseña que el intento de acometer las reformas de manera pausada para contentar a tirios y troyanos solo conduce al fracaso. Mauricio quiso templar gaitas con el peronismo y el peronismo terminó matándolo. Reformas con valentía desde el primer día, con pedagogía, paciencia y total determinación.

Y la crisis social, que en realidad es crisis convivencial. La fractura interna en muchas familias, tan común en la Cataluña del procés, se ha ido extendiendo paulatinamente al resto del país. Familias y grupos de amigos que han dejado de hablar de política, o sencillamente de hablarse, para no terminar a palos. La España airada. La acampada de Sol, además de un problema de salud pública, se ha convertido en un escenario de violencia y hostigamiento contra cualquier ciudadano que se atreve a asomarse al recinto. El Gobierno Sánchez se niega a desalojar a la extrema izquierda marginal que ha sustituido al dizque Sindicato de Inquilinas porque busca precisamente eso: crispar, radicalizar, enfrentar a unos contra otros, importar a España el clima de violencia callejera que hoy arrasa Francia con el aliento de los neocomunistas de LFI de Mélenchon. Estudiantes, sindicatos y sectores que no han abierto la boca durante ocho largos años se muestran de pronto cabreados, jaleados por los millonarios de izquierdas, esa «burguesía urbanita progresista, fascinada», en palabras de Houellebecq, «por el populacho y la chusma». Nuestros anabelenes y victormanueles. Un clima de violencia soterrada, a veces explícita, se extiende por el país. Las banderas rojas, desaparecidas durante décadas, han vuelto a las calles. Es la consecuencia de tener al frente del Gobierno a un tipo dispuesto, en palabras del primer ministro checo, Andrej Babiš, a «sustituir a la población autóctona con emigrantes para mantenerse en el poder». Es la búsqueda consciente del conflicto institucional y social como revulsivo electoral. La prueba de que España está gobernada por un delincuente que no acepta las reglas del juego democrático. Un crimen contra la nación.

Y un desafío de primer orden para ese Gobierno de coalición PP+Vox salido de las urnas. Más que abordar la reconstrucción de un país institucionalmente reducido a escombros, más que poner en marcha un gran plan de inversión para mejorar unas infraestructuras abandonadas durante años, España necesita recuperar con urgencia su infraestructura moral, el tono vital de un país que hace tiempo dio la espalda a la cultura del trabajo y el esfuerzo para entregarse al sueño comunitario de un Estado que todo lo interviene, todo lo recauda, lo regula, lo subvenciona y lo administra, desde la salud hasta la educación, las pensiones, la vivienda, la energía, la cultura. La cultura como clave del arco. Todo está colectivizado por culpa de una derecha que nunca le prestó atención a la batalla cultural, la batalla de las ideas (el crimen de los Gobiernos Rajoy y sus Sorayas), la decisión de dejar la educación, por ejemplo, en manos de una izquierda, a menudo izquierda paleocomunista, que ha utilizado las aulas para adoctrinar vilmente las mentes de generaciones de jóvenes a quienes se ha privado del privilegio de pensar por su cuenta. Hay que restablecer la autoridad del maestro en las aulas y acabar con un estado de cosas en el que, por culpa de la igualdad por decreto, el bachillerato (o como se llame ahora) se ha convertido en un derecho fundamental, de modo que se ha acabado el repetir curso, se ha impuesto el aprobado general, y se ha rebajado el nivel de exigencia para que nadie, los estudiantes con dificultades, se quede atrás. Vale la frase de Bertrand Russell: «El socialismo fascina primero a los tontos y luego amordaza a los inteligentes». El resultado es que los estándares académicos se han desplomado, perjudicando especialmente a los alumnos listos de familias pobres, porque los hijos de los ricos ya se buscan la vida en los colegios privados.

He ahí un reto de primer nivel para un nuevo Gobierno con algún viso liberal: elaborar, con el consenso más amplio posible, un plan de Educación con vocación de permanencia que rescate la educación pública del sumidero en que se encuentra. Y plantear la batalla cultural a la izquierda a cara de perro. El PP tiene en sus filas a una mujer, Cayetana Álvarez de Toledo, con las ideas muy claras al respecto. Valga la recomendación del gran Condorcet, para quien «los pueblos libres no conocen otro medio de distinción que el talento y la virtud». La virtud de volver a entronizar el trabajo en el frontispicio de aquellos valores responsables de nuestro desarrollo económico a partir de los años sesenta del siglo pasado. La necesidad de que los españoles vuelvan a ganarse la vida con el trabajo y no con la subvención. Lo decía aquí Santiago Sánchez en un magnífico artículo publicado este miércoles: frente a un Gobierno que ha elevado las cargas sobre el trabajo y creado los incentivos para disuadir a los ciudadanos de apostar por la independencia económica y la libertad de elegir para pasar a depender del Estado, «trabajar y esforzarse tiene que volver a merecer la pena, tiene que tener el premio de una vida mejor». España aún está a tiempo de salvarse y huir del destino fatal al que parece irremediablemente condenada Francia. Lo expresaba en estos términos Nicolas Baverez en Le Figaro hace un par de semanas: «La deuda pública, inflada hasta niveles absurdos gracias a la protección del euro, permitió que durante casi medio siglo persistiera la ilusión de que los franceses podían seguir viviendo como ricos trabajando cada día menos, incluso con una economía en declive. Esta ficción se ha desvanecido. La proletarización de los franceses es la consecuencia inevitable del declive de Francia. Como en 1958, solo reconstruyendo Francia podremos devolver a los franceses la prosperidad y la seguridad sin las cuales no puede haber una democracia estable». Esto es lo que nos jugamos los españoles el 29N.