Editorial-El Correo
El Gobierno, a través del ministro de Economía, defendió la consulta pública «sobre criterios de interés general» anunciada la víspera por el presidente Sánchez para que la ciudadanía, organizaciones económicas y otros colectivos puedan manifestarse hasta el día 16 acerca de la opa hostil de BBVA a Sabadell. Carlos Cuerpo avaló la iniciativa por legal y por pertinente, una consideración esta mucho más discutible. Y no solo porque el Ejecutivo recurra a un instrumento inhabitual, en un asunto de singular complejidad técnica y con un formato de preguntas simples en el que el consultado puede pronunciarse las veces que quiera e incluso con datos falsos. Al desvelar esta suerte de plebiscito después de que la CNMC ha avalado la operación y cuando le corresponde a él decidir si le da vía libre o la obstaculiza, el Gobierno se sirve de una pirueta que desaira al regulador y con la que busca una coartada para un eventual freno a las intenciones del banco vasco, rechazadas por todo el arco parlamentario catalán. Y que se convierte en bumerán porque obliga a interpelarle sobre por qué no ha efectuado la misma consulta en otros asuntos de evidente «interés social».