Javier Tajadura-EL Correo
Los afiliados al PSOE fueron convocados a una consulta en la que debían responder a esta pregunta: ‘¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre el PSOE y UP para formar un Gobierno progresista de coalición?’ Participó el 63% de la militancia y el 92% dio una respuesta afirmativa. Unidas Podemos ha organizado otra consulta similar que concluirá hoy. El lunes, ERC celebró otra en la que se preguntaba acerca de la oposición a la investidura de Sánchez de no alcanzar antes «un acuerdo para abordar el conflicto político a través de una mesa de negociación». El 95% de los votantes respaldó el rechazo a permitir la investidura de un Gobierno PSOE-UP, a no ser que el presidente en funciones ceda a las demandas antidemocráticas de crear una mesa negociadora al margen del único foro en el que los catalanes deben resolver sus problemas: el Parlamento. En el caso de ERC, es evidente que la única finalidad de la convocatoria y de su alambicada pregunta es presionar a Sánchez. Distinto es el significado que cabe atribuir a estos procesos en el PSOE y en UP.
Ambos partidos argumentan que se trata de dar la voz a los afiliados y que, por lo tanto, las consultas son un instrumento de profundización democrática. Sin embargo, cuando se comprueban sus efectos, nos encontramos con que se trata de prácticas que erosionan y debilitan de forma grave el carácter democrático de las fuerzas políticas.
En primer lugar, se trata de una práctica plebiscitaria, dado que los afiliados no se pronuncian realmente sobre ningún programa de gobierno. El pacto alcanzado en unos minutos por Sánchez e Iglesias para repartirse el Ejecutivo no se ha traducido hasta ahora en ningún tipo de acuerdo programático concreto y detallado. Desde esta óptica, las consultas solo pueden ser concebidas como un plebiscito a favor o en contra del líder que las convoca. Su principal finalidad es por tanto reforzar el poder -ya de por sí casi omnímodo- que ejercen los dirigentes de los partidos. Reforzamiento que resulta muy poco democrático.
En segundo lugar, y como consecuencia de ello, las consultas solo formalmente son democráticas, puesto que no concurren los presupuestos materiales de un proceso democrático: la deliberación y el debate racional sobre las distintas opciones en juego. Hasta ahora ningún afiliado socialista conoce las razones por las que a su secretario general ya no le quita el sueño la eventual presencia de miembros de UP en el Consejo de Ministros. En el seno del PSOE no ha habido ningún debate digno de tal nombre sobre las distintas alternativas existentes para la formación de un Gobierno. En el caso de UP, su militancia ignora el verdadero alcance de las cesiones que será necesario hacer para formar parte de un gabinete cuya vicepresidencia y dirección de la política económica correspondería a una persona a la que hasta ahora atribuían todas las maldades del neoliberalismo (Nadia Calviño).
No ha habido debate ni discusión alguna porque no eran necesarios. Porque las consultas no son un procedimiento democrático para controlar un acuerdo alcanzado en el seno de una formación política, sino un simple instrumento de legitimación plebiscitaria del líder. Ahora bien, si en el caso de Podemos, en última instancia, estas prácticas pueden resultar coherentes con su ideología, en el caso del PSOE resultan absolutamente incompatibles con ella.
Fue un diputado socialista -del Partido Socialista Popular, que luego se integró en el PSOE-, el profesor Enrique Tierno Galván, quien promovió y logró la aprobación de una enmienda al actual artículo 6 de la Constitución que regula los partidos, estableciendo que «su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos». El funcionamiento de las formaciones políticas tiene que ser democrático, y como la única democracia posible es la representativa, esas fuerzas deben organizarse conforme a ese esquema. Esquema incompatible con el establecimiento de una relación directa entre los afiliados y el líder. Los militantes deben escoger a órganos de representación -en el caso del PSOE, su Comité Federal- como únicos sujetos legitimados para adoptar la política de alianzas y acuerdos y para seleccionar a sus máximos dirigentes. El PSOE hoy ha abandonado ese modelo.
En definitiva, las consultas celebradas estos días en el PSOE y en UP con ropaje democrático encubren prácticas autoritarias y caudillistas. Y no es exagerado afirmar que en este perverso diseño y funcionamiento -claramente antidemocrático- de los partidos reside la causa última de la inestabilidad política que padecemos. El bloqueo es la lógica consecuencia de unas formaciones en las que la voluntad de los líderes plebiscitados por los militantes se impone a la de los órganos colegiados representativos de deliberación y de decisión. Órganos que formalmente existen, pero que están tan muertos como lo estaban las instituciones republicanas en la Roma imperial. Órganos en los que la discrepancia y el debate brillan por su ausencia.
Cuando, en el seno de esos órganos, alguien se atreve a discrepar, como ocurrió en Ciudadanos por el veto de Rivera al PSOE, la respuesta del líder no pudo ser más clara y contundente: el que no esté de acuerdo conmigo que funde otro partido. Parafraseando al más insigne representante del absolutismo político, solo le faltó decir: el partido soy yo.