- Es insólito es que en algunas partes de España los niños no puedan estudiar en español, que suele ser su lengua habitual, la lengua que dominan y, desde luego, la lengua común del Estado
Por defender que un niño estudie en su lengua y denunciar que en algunas partes de España no se pueda estudiar en español tuve que soportar hace unos días el acoso y los insultos de decenas de fanáticos que pululan por Twitter. No fue sorprendente por habitual: es común que en cuanto uno defiende la libertad lingüística y denuncia los abusos de las políticas de imposición de los gobiernos nacionalistas que apoyan no pocos tontos útiles, aparezcan hordas demostrando su fanatismo. Es cierto que no ofende quien quiere sino quien puede, pero no por ello es menos triste la estupidez de demasiados; desgraciadamente, el fanatismo lingüístico (como todos los fanatismos) es insaciable y no atiende a razones.
Sí, lo aconsejable desde un punto de vista pedagógico es que los niños estudien en su lengua, es decir, en la lengua materna, en la lengua que dominan, en la lengua oficial o cooficial de su comunidad o en la lengua común, que en España suelen ser la misma: el español. Si los niños dominan cualquier otra de las lenguas cooficiales, que estudien en dicha lengua es perfectamente legítimo y pedagógicamente razonable, y tal cosa está garantizada y protegida en España. Que un niño estudie en una lengua que no domina, que no habla con asiduidad o que apenas se practica en el lugar donde vive y se desarrolla, suele ser problemático para el niño y para su futuro. Ya lo estamos viendo pero es probable que lo veamos mejor con el tiempo, cuando comprobemos los resultados del experimento que en algunas partes de España se está desarrollando. En ocasiones, los padres deciden que sus hijos estudien en inglés, sin ser lengua materna ni de la comunidad, con el objetivo de que los niños la aprendan, convencidos de que, al ser la lengua más hablada del mundo, tal decisión ayudará al futuro vital y profesional de sus vástagos. Es una decisión que necesita dedicación, apoyo y recursos, y que los padres y madres deciden tomar libremente y en beneficio de sus hijos.
Cursé pregunta parlamentaria para saber cuánto dinero se había destinado al fomento del euskera durante los treinta años de autogobierno: casi veinte mil millones de euros, me respondieron
En España está garantizado que los niños y niñas estudien en cualquiera de las lenguas oficiales del país; lo insólito es que en algunas partes de España no pueda estudiarse en español, lengua común del Estado. El fanatismo lingüístico considera que tal hecho iría en contra de los intereses de las lenguas minoritarias, y obvia tanto el interés del menor como la libertad misma. No solo obvia el sentido común sino que vulnera la legalidad vigente. Es lo que lleva ocurriendo largos años en Cataluña y lo que ocurre igual aunque más sutilmente en las otras comunidades bilingües españolas. Por mucho que nos acosen e insulten, habrá que repetirlo: las lenguas son instrumentos para favorecer la comunicación, no instrumentos para azuzar o incomodar a nadie; los derechos no son de las lenguas sino de los ciudadanos; y las lenguas no tienen el derecho a provocar hablantes forzosos que las perpetúen.
Durante mi periplo parlamentario en Euskadi, dispuesto a saber lo que todos suponíamos y nadie se atrevía a preguntar, cursé pregunta parlamentaria para saber cuánto era el dinero que se había destinado al fomento del euskera durante los treinta años de autogobierno: casi veinte mil millones de euros, me respondieron. Nadie había osado antes hacer tamaña pregunta. Pero la ciudadanía merece ser informada de a qué se destinan sus impuestos y qué se obtiene de ello: en relación a esta cuestión, el euskera se conoce, se habla y se entiende mucho más que hace treinta años, pero su utilización apenas se ha incrementado. En palabras de una profesora de Secundaria de San Sebastián, «crea cierta frustración comprobar que el euskera que aprenden los niños no se usa en la calle».
Hoy me pregunto hasta cuándo hay que subvencionar a las lenguas llamadas minoritarias cuando sus hablantes tienen todos los derechos garantizados para aprenderlas, utilizarlas o estudiar en ellas
Estos datos demuestran que las lenguas se hablan en función de lo que se necesiten, y que pretender corregir el comportamiento lingüístico natural de la población para que hable más una determinada lengua minoritaria en lugar de la que tiene más presencia, más fuerza, más alcance o más hablantes es un imposible además de una injusticia, sobre todo cuando lo pretendes lograr con prohibiciones e imposiciones liberticidas, que además son ineficaces y absurdas. Hoy me pregunto hasta cuándo hay que subvencionar las lenguas llamadas minoritarias cuando sus hablantes tienen todos los derechos garantizados para aprenderlas, utilizarlas o estudiar en ellas. Es, sin duda, una pregunta políticamente incorrecta que nadie hará. Otra cosa sería pensar que quienes hablan las lenguas minoritarias tienen el derecho a obligar al resto a que también las hablen, cuestión absurda que, sin embargo, cuenta con multitud de partidarios, por disparatado que nos parezca. No, no existe tal derecho.
El uso real del euskera ni crece ni mucho menos se multiplica, sino que mantiene su espacio: en determinados lugares, para determinadas conversaciones, entre determinadas personas. Si te acercas a la Guipúzcoa interior comprobarás que el idioma habitual es el euskera, mientras que si vives en Vitoria verás que apenas se habla. Y esto no es ni bueno ni malo, sobre todo cuando ya está garantizado que se pueda estudiar en euskera en cualquier parte de Euskadi. Lo que es inaceptable es que sea prácticamente imposible estudiar en español.
Es natural que los niños y niñas puedan estudiar en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado: nadie discute que pueda estudiarse en euskera en el País Vasco, en catalán en Cataluña o en gallego en Galicia. Lo que es insólito es que en algunas partes de España los niños no puedan estudiar en español, que suele ser su lengua habitual, la lengua que dominan y, desde luego, la lengua común del Estado (y la segunda que más se habla en el mundo). Algo que la Constitución Española recoge pero que el fanatismo lingüístico lleva saltándose años, con la aquiescencia del Gobierno de España y de los principales partidos políticos.