- Ni el Tribunal Constitucional se atreve a acompañar a Sánchez en su evidente intención de cambiar el censo electoral
En parte por dignidad de unos vocales y en otra por temor del resto a las consecuencias incluso legales, lo cierto es que el Tribunal Constitucional se ha negado a admitir el recurso del Defensor del Pueblo, a las órdenes de Pedro Sánchez, contra la suspensión cautelar de la incorporación electoral de algo más de 160.000 beneficiarios de la nacionalidad española con la llamada «Ley de Nietos».
Sin necesidad de entrar en el fondo, ha aceptado que no se puede intervenir en un proceso antes de que lo dirima la instancia competente, que es el Supremo, aunque en su fallo haya presentes más ingredientes.
El primero, el miedo a convertir en costumbre la escandalosa injerencia del Gobierno, a través de Conde-Pumpido, en las decisiones del Tribunal Supremo, convirtiendo el Constitucional en una especie de cuarta instancia de mayor jerarquía, algo que es falso, perverso y tiene efectos devastadores sobre la propia Justicia, como hemos visto con la anulación casi total de la sentencia de los ERE o la revocación de la del procés, apoyando una infame amnistía claramente inconstitucional.
Y el segundo, igual de importante, el temor personal de una parte del Constitucional a incurrir en responsabilidades penales por participar en una posible prevaricación, al rubricar el formidable abuso que el Gobierno ha querido perpetrar con insólito descaro y que aún mantiene: insistir en reclamar el voto de españoles dudosos, incluso después de este fallo, solo sirve para confirmar sus aviesas intenciones.
Conviene decir ahora que este asunto está lejos de acabar. Es cierto que esos miles de nacionalizados casi a escondidas, con una instrucción de la hermana de Óscar Puente que modifica fraudulentamente la llamada «Ley de Nietos», no podrán acudir a las urnas sin ningún tipo de conocimiento, arraigo y respeto por España.
Pero no lo es menos que, desde que se aprobó la ley y se alteró, hay cientos de miles de nacionalizaciones concretadas o en desarrollo que antes o después tendrán un impacto directo en los procesos electorales si no se adoptan medidas más allá de la ya conocida: la ingeniería electoral perpetrada por el PSOE tiene una primera fase, ahora frenada, pero un recorrido al medio y largo plazo que debe atajarse con contundencia.
El Debate, y especialmente Isabel Durán, ha sido decisivo en la denuncia detallada del montaje con el que se ha pretendido inflar el censo electoral, regalando de facto el DNI a cualquiera que lo pidiera, con excusas peregrinas, sin una documentación precisa y con la complicidad del Gobierno a través de los consulados, convertidos en una especie de burdas delegaciones del PSOE.
Que Sánchez lo haya intentado es suficiente para activar todas las alarmas y poner bajo vigilancia todos los procesos concurrentes en los comicios, incluyendo el voto por correo.
No se trata de airear teorías conspiranoicas, sino de extremar los controles ante la evidencia de que Sánchez siempre está dispuesto a todo con tal de intervenir, condicionar o alterar el libre comportamiento de los electores. Y ésa es la gran enseñanza de este triste capítulo: el líder socialista, que arrancó su carrera con una urna de cartón y un biombo, no es de fiar. Y su talante democrático es, simplemente, inexistente.