Contra España, un crimen de lesa patria

El encuentro de Salvador Illa con Carles Puigdemont en Bruselas es un acto criminal contra la democracia española. Ese ejercicio de sumisión del político socialista, asimilable a la “visita ad limina” que los obispos realizaban a Roma para rendir cuentas al Papa y demostrarle adhesión y obediencia, pone al Gobierno de España al servicio del independentismo. Y no le servirá ni para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma.

Impresiona comprobar cómo la sociedad española se ha adaptado a un escenario de golpe de Estado permanente. Al modo de las películas sobre mafiosos de Scorsese, donde se mata con la normalidad de quien bebe un vaso de agua, Illa y Sánchez convierten en algo trivial poner el Estado en manos de quienes aspiran a destruirlo. Como si se entregara la dirección del banco a los atracadores, sin inmutarse. Asistidos por un ejército de charlatanes propagandistas, han logrado que muchos asuman la destrucción del marco constitucional como algo natural, inevitable.

Desde RTVE, La Sexta y otras yerbas hacen pasar por un conflicto izquierda-derecha lo que inequívocamente es un proyecto de destrucción de la unidad nacional, en el que el PSOE es solo un peón de brega. El constitucionalismo debería ignorar a estos activistas a sueldo y centrarse en un principio básico: ¡si te agreden por español, debes defenderte como español! Te consideres de derecha o de izquierda. El sanchismo no tiene ideología subyacente propia, la toma prestada del secesionismo y del comunismo, en todas sus versiones. Pueden cambiar de opinión constantemente porque no tienen opinión, sobre amnistía o sobre cupo catalán.

En Cataluña, contra los intereses de una gran mayoría castellanoparlante, se ha expulsado el español de los centros escolares, provocando incrementos inaceptables de fracaso escolar. Hasta un etarra condenado coordina el boicot a la Vuelta.

Y en gestión, ineptos. El desastre que sufre Cataluña es una prueba: presupuestos prorrogados desde 2022; casi tres veces más deuda que Madrid, pero los catalanes deben esperar tres veces más días para una intervención hospitalaria; rendimiento escolar a la cola de las comunidades autónomas; ampliación del Prat, bloqueada; y todo así. Para las 200 familias que deciden en Cataluña, el visitante de Puigdemont es solo un “mientrastanto”, un propio que les va bien para sangrar a los españoles como salida a su escandaloso fracaso. Odian a la presidenta madrileña Ayuso, no por razones ideológicas, sino por el éxito del modelo económico de Madrid que les retrata.

Lo advirtió Santos Juliá en su obra Transición: los secesionistas utilizan los medios que les proporciona el sistema autonómico para ir creando “estructuras de Estado”. Lo que no podía imaginar el historiador en 2017 es que el sanchismo llegaría tan lejos en un “crimen de lesa patria” que ya intuía. No se pueden ignorar las consecuencias. Hoy, en el País Vasco, los partidos independentistas PNV y Bildu copan más del 60% del Parlamento autonómico, en tanto los vascos partidarios de la separación no superan el 20%. En Cataluña, contra los intereses de una gran mayoría castellanoparlante, se ha expulsado el español de los centros escolares, provocando incrementos inaceptables de fracaso escolar. Hasta un etarra condenado coordina el boicot a la Vuelta.

Lo que favorece a Vox

La historia deja una lección inapelable: con el nacionalismo independentista no se debe negociar, se le ha de combatir. A partir de casi cincuenta años de experiencia, a Felipe González y José María Aznar se les debería exigir el acto patriótico de reconocimiento del error fatal de confiar en una lealtad constitucional imposible de los partidos soberanistas vascos y catalanes, con resultados desastrosos. Sobre todo, cuando está tan arraigada en España la tendencia a la equidistancia en los análisis políticos. Como todos son culpables, nadie es responsable. Y así nos va.

A un ataque radical contra la unidad nacional no se responde con pases de baile. Se ha acusado a Núñez Feijóo de radical por no asistir al acto del Tribunal Supremo con la presencia del fiscal general García Ortiz. Como si no estuviéramos ante un ataque frontal a la división de poderes, nada menos. ¿Extremismos? Como ha apuntado Nicolás Redondo, lo que favorece el crecimiento de Vox son actos como la visita de Illa al prófugo de la Justicia española.

Un análisis por analogía con los países europeos confirma la tesis. Si fracasa Núñez Feijóo, el beneficiario no será un Partido Socialista reducido ya a pura arqueología, sino el partido de Santiago Abascal. Como Le Pen en Francia o Nigel Farage en Reino Unido. Para comprender la política realmente existente, no sirve la gramática del viejo bipartidismo. Véase cómo Ayuso ha frenado a Vox sin necesidad de imitarle.