La proposición no de ley acordada por el PNV y el PSE-EE en el Parlamento introduce sensatez en la polémica que ha dominado la vida política vasca en los últimos días. Los partidos que comparten el Gobierno censuran como «una actuación que supone un paso atrás en las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación» la presencia en la web de memoria del Ayuntamiento de Galdakao de presos etarras junto a víctimas de ETA. La iniciativa de jeltzales y socialistas exige a la institución liderada por EH Bildu que retire de la página a los miembros de la banda armada «porque no se puede considerar víctima a quien durante años practicó el terrorismo». Por su parte, consistorios peneuvistas como los de Erandio y Tolosa han llamado a la sociedad encargada de elaborar las publicaciones digitales, Aranzadi, a desactivarlas y a una reflexión sobre lo que debe incluirse en ellas.

La idoneidad de la iniciativa Galdakao Oroimena hay que juzgarla no tanto por su origen -un encargo de todos los grupos del Ayuntamiento sobre «violaciones de derechos humanos» a vecinos del municipio «a lo largo de su historia»- como por el resultado. Y este escandaliza a los colectivos de víctimas del terrorismo y a las fuerzas democráticas por incluir, en el apartado ‘memoria reciente’, a etarras de trayectoria especialmente sanguinaria. Y por aludir a «un conflicto político (…) que en la actualidad no puede darse por finalizado», una consideración que no representa a la inmensa mayoría de la sociedad vasca. El hecho de que Aranzadi se aferre a «criterios internacionales» para defender su trabajo no confunde a quienes, como la Fundación Buesa, recuerdan que «nunca se puede considerar violencia política el cumplimiento de penas» por gravísimos crímenes. Como tampoco cabe ignorar que es dinero público el que paga una web abierta al mundo que corre el riesgo de desorientar al lector menos informado.

La consejera de Justicia, Nerea Melgosa, se ha pronunciado contra «pautas a desechar para la construcción de una memoria crítica». Una exigencia que compromete a la sociedad en su conjunto, especialmente a sus representantes políticos. Que requiere firmeza para combatir relatos interesados y para defender la verdad de unas víctimas a las que perturba cualquier protagonismo de los causantes de su dolor. Porque lo único que de verdad podría humillarlas sería la desmemoria.