La presentación en las listas de EH Bildu -formación que en realidad articula los intereses de Sortu- de antiguos miembros de ETA ha suscitado con razón el interés y la preocupación de la opinión pública. En las sociedades que han experimentado situaciones de violencia es fundamental el compromiso con la memoria democrática. Cuando la violencia tiene fuentes diversas, el funcionamiento de la memoria no puede ser selectivo a la hora de reivindicar la verdad, la justicia y la reparación. En el caso de España, el compromiso es por igual con las víctimas de la dictadura franquista y con las del terrorismo de ETA. En ambos casos hay que combatir el olvido y la desmemoria para que el recuerdo del mal y la memoria de los estragos totalitarios sirva de brújula para una sociedad mejor. No son admisibles los revisionismos que edulcoran esos pasados, sea el franquista, sea el etarra.

Cuando Falange Española de las Jons intentaba presentar a Carlos García Juliá, condenado por el asesinato de cinco abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid en 1977 -la candidatura ha sido anulada por defectos formales-, no solo se estaba permitiendo que un ciudadano que ya había cumplido su condena ejerciera libremente los derechos políticos que la ley le concedía. Se estaba lanzando un inequívoco mensaje político: García Juliá era conocido por esos asesinatos, y esa era la carta de presentación que acreditaba sus credenciales políticas. Había asesinado para cumplir objetivos políticos, y desde Falange querían hacer ver que se mostraban orgullosos de ello. No otra es la consideración que cabe establecer ante la noticia de la presentación en las listas municipales de EH Bildu de 44 exmiembros de ETA que igualmente habían cumplido sus penas correspondientes. El problema no es (o no solo es) que se presenten miembros de ETA condenados por sus crímenes; el problema es que se presentan (y los presenten) como parte de la reivindicación de ese pasado.

Ha habido exmiembros de ETA históricamente en muchas listas electorales; Mario Onaindia o Teo Uriarte -por citar a dos suficientemente conocidos- tuvieron una representación política relevante. Nadie dijo nada -salvo los que les afearon que renegaran de su pasado terrorista- porque se presentaron en el seno de organizaciones democráticas y porque habían dejado bien claro a todo el que los quisiera oír que no solo abjuraban de su pasado en ETA -y de las ideas que defendieron cuando militaban en ella-, sino que se convirtieron en destacados luchadores contra la organización terrorista.

Tampoco habría motivos para criticar las listas de EH Bildu si quienes estuvieran en ellas fueran personas que, aun siendo independentistas, impugnaron su trayectoria criminal, como Joseba Urrusolo Sistiaga o Carmen Guisasola. Esa es la cuestión fundamental y ese debería ser el centro del debate si por una vez consiguiéramos que las cuestiones principales se situaran por encima de la trifulca mitinera.

Entendemos que pedir a EH Bildu que reniegue de su pasado es pedirle que cambie de naturaleza; si algún día lo hiciera, efectivamente, habría trazado una línea clara de ruptura con su pasado y se habrían convertido en otra cosa muy diferente. No es probable que lo haga, más allá del oportunismo. En el documento que respaldaba verbalmente el cambio de ciclo, en junio de 2012 en Gernika, el colectivo de presos (EPPK) aseveraba: «El arrepentimiento-delación no es más que una vía diseñada para la destrucción de la persona y del militante, y por eso la criticamos y repudiamos. Las presiones, los chantajes y los intentos de doblegamiento deben cesar ya». De modo que mientras se mantenga esa posición, se les debe tratar como lo que son: los herederos de ETA, los continuadores por otros medios de una historia de ignominia y terror.

Herri Batasuna y otras organizaciones de su entorno (MLNV) utilizaron durante décadas la violencia para aterrorizar y cercenar la libertad de expresión e imponernos a todos su proyecto identitario basado en el levantamiento de una frontera étnica. Los homenajes a presos o la inclusión en las listas de EH Bildu de siete personas con delitos de sangre -que han prometido renunciar a su cargo en caso de ser elegidas- y otros 37 miembros de la banda potencia ante los jóvenes vascos y navarros la idea de que lo que hicieron tuvo una justificación.

Apoyamos todas las medidas legales que faciliten la reinserción social de los terroristas arrepentidos; su transformación es un logro para la sociedad y un reconocimiento a las víctimas. Por la misma razón, tanto a los partidos democráticos como a la sociedad civil incumbe la responsabilidad de ajustar sus prácticas con objeto de recordar a los herederos de los terroristas la tarea pendiente de la deslegitimación de su trayectoria criminal. Los revisionismos, en sus variantes, son incompatibles con el ejercicio cabal de la memoria democrática.

Firman también Martín Alonso Zarza (doctor en Ciencias Políticas y catedrático de Filosofía de instituto). Javier Merino (profesor de Historia, autor de ‘La izquierda radical ante ETA’, militante de IU y CC OO; Guillermo del Valle (abogado y director de ‘El jacobino’) y Joseba Eceolaza (escritor, ex parlamentario navarro y miembro de Batzarre y CC OO)