En democracia, la voluntad de un pueblo no es lo que dice que escucha e interpreta el líder carismático (sea este Donald Trump, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras). La voluntad de los ciudadanos es la que se expresa en las urnas en el marco de unas reglas previamente acordadas por los mismos ciudadanos.

Entonces, ¿qué han dicho los catalanes en las elecciones del 14 de febrero?

Había mucho en juego, la salud democrática y el futuro de Cataluña y, por consiguiente, de España. Por eso, llamé a la máxima participación y pedí el voto para los partidos constitucionalistas, los únicos que podrían sacarnos del agujero en el que nos metieron el procés y la pandemia. El procés y la Covid-19 nos están hundiendo y Cataluña no podía permitirse volver a fracasar con otro gobierno independentista.

Valoré el esfuerzo de apertura de las listas del Partido Popular a candidatos procedentes de otras formaciones y con distintas sensibilidades políticas. Pero no podía votar PP porque no soy conservador, porque me considero un socialdemócrata liberal muy poco dogmático.

Valoré, asimismo, el cambio emprendido por Inés Arrimadas como líder de Ciudadanos, pero la mochila de los errores (el tono, el abandono de la centralidad, haber sacrificado su estrategia política para Cataluña y la ruptura de nuestro grupo en el Ayuntamiento de Barcelona) resultaba ya demasiado pesada.

Aunque el peor de los errores, compartido por ambos partidos, había sido el de la dependencia de Vox en Madrid y Andalucía. Vox ha obtenido más escaños (11) que Ciudadanos (6) y PP (3) juntos. Unos resultados que pueden calificarse de trágicos para ellos (el PP ya es casi inexistente en Cataluña) y pueden acabar siéndolo para España, cuya estabilidad necesita de una derecha moderada y un centro responsable capaces de alcanzar grandes pactos con los socialistas. Se abre ahora una lucha a muerte entre el nacional-populismo y el centroderecha, que debe mantenerse firme en la defensa de los valores democráticos y europeos.

Finalmente, voté al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). A pesar de sus ambigüedades durante el procés, a pesar del alto precio que estamos pagando por su coalición de gobierno en Madrid con Podemos y de lo insufrible de sus cesiones a EH Bildu y a ERC, a pesar de tantas cosas, Salvador Illa era la única alternativa al independentismo. Habiendo sido parte del problema, el PSC es ahora en cambio parte de la solución. Sobre él recae una gran responsabilidad que no puede eludir.

Aunque los resultados son conocidos, en los tiempos que corren no está de más fijar algunos. El PSC ha sido el partido más votado y casi el único que saca más votos que en 2017. Esquerra Republicana de Catalunya y el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, están prácticamente empatados en la segunda posición, tras perder entre ambos 600.000 votos de 2017. Los extremos (Vox y la Candidatura d’Unitat Popular, la CUP) se refuerzan considerablemente, aunque pierden votos en comparación con las últimas generales. El populismo alcanza los 93 escaños y dentro de esta categoría los partidos independentistas suman 74 (la mayoría absoluta requiere 68), superando la barrera del 50% de los votos aunque sólo supongan el 27% del censo (en 2017 fueron el 37%). También suman 74 el PSC, ERC y En Comú Podem.

Así pues, no ha habido ganadores. Lo más relevante ha sido la abstención, 2.609.518 no-votos, el 46,4% de los electores, la proporción más alta desde las primeras autonómicas en 1980. Las causas de esta desafección democrática son múltiples. La pandemia influyó retrayendo a mucha gente por miedo al contagio o por su impacto directo sobre la salud y las circunstancias personales. Pero también el cansancio y la impotencia, la sensación de que el voto no podrá sacarnos de un callejón que no tiene salida. Me temo que esto nos ha devuelto a la vieja anormalidad en la que una parte muy significativa de la sociedad catalana no se siente concernida por la política autonómica porque es cosa de otros, los de siempre. Lo demuestra el hecho de que la abstención ha sido claramente superior en la Cataluña metropolitana que en la interior.

Antes esto, ¿cuál ha sido la reacción del partido que parece tener la llave, ERC, “el nuevo independentismo gradualista” del que hablan algunos? ¿Qué intenciones o proyectos antepone? ¿La recuperación? ¿El consenso? No. Autodeterminación y amnistía. Pero como no hay ni puede haber autodeterminación ni amnistía, lo que hay es incapacidad para gobernar y mucha agresividad en las declaraciones de Junqueras y compañía. Fuera de Cataluña sólo tienen a Arnaldo Otegui, quien incluso protagonizó mítines en la reciente campaña siendo ovacionado por llevar, según dijo desde Ginebra Marta Rovira, “mucha mili”. Sabemos a lo que se refería y produce espanto.

ERC ha escogido a la CUP para abrir las conversaciones encaminadas a formar gobierno y enseguida han alcanzado un primer acuerdo, extensivo a Junts: cambiar el modelo policial catalán. Aún no han dicho cómo, pero el programa electoral de la CUP nos da la pista, quieren eliminar los grupos de intervención y los de información.

Claro, necesitan ese nuevo modelo policial para desplegar sin molestias el resto de su programa: “Embestidas por todo el territorio catalán”, “actos de desobediencia y luchas populares”, “insurrección democrática”, “la fuerza de la nación completa para desbordar a los Estados opresores, el francés y el español”.

Cuestionar la actuación policial ha sido la única respuesta de ERC a una semana de violencia desatada en las calles de Barcelona y otras poblaciones con la excusa de la entrada en prisión de Pablo Hasél (por cierto, ¿dónde está Marlaska?). En la línea de lo que se viene propugnando desde el Palau de la Generalitat, desde el Parlament de Catalunya y desde algunos medios de comunicación públicos y privados: el menosprecio de las leyes, de la Justicia y de las instituciones. La ley de la calle.

Estos acontecimientos no hacen sino acelerar la decadencia económica y social de Cataluña en un contexto complicadísimo. Los que puedan, se acabarán marchando por el camino que ya han tomado miles de empresas. Y el hundimiento que afecta ya a Barcelona arrasará económicamente a las comarcas, como ya está pasando por el efecto de la pandemia, privando a miles de jóvenes de oportunidades de futuro.

Yo ya hice lo que tenía que hacer en Barcelona, evitar que la alcaldía cayera en manos del independentismo sin pedir nada a cambio, y ahora puedo expresarme con una completa autonomía y desde la perspectiva de las responsabilidades políticas que he tenido en Francia, como ciudadano convencido del poder democrático de la Unión Europea.

Digo que ERC y Junts per Catalunya, que solo suman el 24% del censo, deberían permitir que Cataluña intente su recuperación social, económica y moral. Que se gobierne para los ciudadanos sin depender de un partido antisistema como la CUP. Hacer lo contrario es anteponer las agendas personales y el fanatismo a la necesidad real de los ciudadanos.

Y digo que la supuesta mayoría alternativa de izquierdas sería una trampa. Porque ERC no es un partido de izquierdas y En Comú-Podem no es otra cosa que populismo y radicalismo.

Y digo, también, que la única salida es un gobierno de concentración, à la Draghi, con un programa de recuperación y cordón sanitario a Vox y la CUP. Este es el que Carles Castro en La Vanguardia denominaba en un meridianamente claro análisis postelectoral “el mensaje silencioso de estas elecciones”, el vital entendimiento entre las principales fuerzas. Si no son capaces de encontrar una solución “las únicas voces que acabarán oyéndose serán las de los extremos”.  Y yo me rebelo contra la ley de la calle.

*** Manuel Valls es ex primer ministro de Francia y concejal de Barcelona pel Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona.