No solo no ha habido una rectificación al llamamiento de Aznar a la movilización contra la nonata ley de amnistía, sino que el PP ha decidido pasar los deberes a limpio. Una hiperventilada portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, que se permitió hablar en primera persona («espero») cuando emplazaba a Feijóo mientras acusaba de «golpista» al expresidente de Gobierno para que retirase cualquier llamamiento a manifestarse, ha visto frustrada su exigencia. Con la convocatoria de una concentración el domingo 24 de setiembre en Madrid y su adhesión a la manifestación convocada por Societat Civil Catalana para el próximo 8 de octubre en Barcelona, el partido que ganó las elecciones reivindica su derecho a dar cauce en las calles al rechazo que está provocando las negociaciones de Pedro Sánchez con el prófugo Puigdemont. Porque la calle no es patrimonio de la izquierda y porque el derecho de manifestación está garantizado por la Constitución.

Lo que hizo Aznar con su llamamiento, consciente de que ejerce mayor influencia en la familia popular que Felipe González en el PSOE actual, tenía una clara motivación de espolear la narcosis colectiva, la aparente indiferencia ante el atropello del marco constitucional que los secesionistas catalanes desde el poder autonómico quieren seguir llevando a cabo con un Sánchez débil y necesitado en el Parlamento. Fue un llamamiento contra la resignación ante un posible cambio de régimen, forzado por un Gobierno sometido a capricho de las minorías nacionalistas (26 escaños de 350 en el Congreso).

Estas convocatorias, sin duda, incomodan al Gobierno en funciones en un momento de máxima tensión negociadora con el prófugo Puigdemont. Pero muchas veces las manifestaciones pacíficas han servido para corregir desviaciones. Israel lleva 90 días saliendo a la calle contra el proyecto del Gobierno de impedir que el Tribunal Supremo pueda juzgar actos del Ejecutivo. Están en su derecho.

Hace seis años, en realidad, hubo dos manifestaciones en Barcelona en aquel mes de octubre. A la primera no acudieron los socialistas. A la segunda, después de haber comprobado las riadas de manifestantes de la ‘minoría silenciada’, sí. Aquellas manifestaciones, después del decisivo discurso del Rey y de la aplicación del 155, pararon el golpe secesionista. En realidad, la principal diferencia entre aquellas manifestaciones y las que se van a celebrar las próximas semanas no estriba en los lemas de fondo. La diferencia se sustancia en que los socialistas, que entonces se manifestaron, han cambiado de pantalla. Se han descolgado de la unidad constitucionalista. Eso sí, presentándose como los fieles guardianes de la Carta Magna. «Un diálogo con chantaje no es concebible en democracia», decían los socialistas de aquella manifestación en la que Borrell clamaba por que la Justicia actuase pronto «contra los que están haciendo daño a la gente». Se trata de impedir que los de ahora no se vendan por siete monedas en forma de escaños.