La anulación el viernes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de los aranceles globales que el presidente Donald Trump había impuesto al amparo de una ley de poderes de emergencia de 1977 invalida las falsamente llamadas tasas «recíprocas» aplicadas en abril de 2025 a la mayoría de los países del mundo y obliga a la Administración norteamericana a devolver cerca de 140.000 millones de dólares. Para la corte, la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso la potestad de fijar impuestos y derechos aduaneros, lo que significa que el máximo responsable del Poder Ejecutivo se extralimitó al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles amplios sin autorización específica de la Cámara. Que, además de con estupor, Trump reaccionara ante un revés de implicaciones globales desde el corazón del entramado democrático de su país con duras descalificaciones hacia los magistrados evidencia no solo el impacto de la resolución. Muestra singularmente, para alivio de todos aquellos que defienden el imperio de la ley dentro y fuera de EE UU, que aún existen jueces en Washington. O lo que es lo mismo, que los contrapesos –los contrapoderes– que han ilustrado lo mejor de la vieja democracia estadounidense todavía son capaces de actuar para embridar los excesos arbitrarios del líder del Ejecutivo y sus pulsiones autoritarias. Y ello con una composición del Supremo de orientación mayoritariamente conservadora, con dos de sus integrantes promocionados por el propio Trump en su primer mandato.