EL MUNDO – 23/05/16
· La Cámara adquiere una inédita importancia ante la posibilidad de una reforma constitucional.
Es la niña fea de la política. Los partidos quieren eliminarlo, reformarlo profundamente o, al menos, impulsarlo y revitalizar su funcionamiento. Muchos ciudadanos, incluso, olvidan coger su papeleta los domingos de urnas electorales –Ciudadanos ni siquiera las envió en el buzoneo electoral–. El Senado es el actor denostado de la política española, pese a que integra, junto al Congreso, el Parlamento.
Sin embargo, en las últimas semanas se ha avivado el debate por su control. Podemos ofertó al PSOE una alianza en campaña para destronar al PP en la Cámara Alta, donde ha gozado de mayoría hasta ahora. No en vano, el Senado es figura clave en algunos asuntos trascendentales: reforma constitucional, suspensión de una autonomía o el veto al techo de gasto.
Las elecciones generales están enfocadas a controlar el Congreso, pues son sus escaños los que nombran al presidente del Gobierno y los que tienen la práctica totalidad de las atribuciones del Poder Legislativo. No obstante, hay trámites, reformas o decisiones en las que la voz del Senado dicta sentencia y escapa a su tradicional papel de oposición a las decisiones del Congreso.
Quizás la más importante sea la reforma constitucional. El artículo 167 de la Carta Magna establece que «los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras» o, en su defecto «si el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma».
Asimismo, el artículo 168 dictamina que la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I, o al Título II, requiere de la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara. Esto es, el Senado es compañero de viaje obligado para cualquier cambio de calado en la Constitución. Y, por ende, es el objetivo de los partidos políticos para ser el timonel de estas reformas. Cabe recordar que PSOE, Podemos y Ciudadanos abogan por una reforma de la Carta Magna.
El Senado también es clave para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supone la suspensión de la autonomía de una comunidad y que en los últimos tiempos ha estado en boca de los políticos ante el desafío soberanista de Cataluña. La Carta Magna recoge que para aplicarlo se necesita de «la aprobación por mayoría absoluta del Senado».
Pero la fuerza de la Cámara Alta no sólo reside en la Constitución. Su control para los partidos también es apetecible en materia económica. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el Gobierno en 2012 otorga al Senado el derecho a veto en el techo de gasto. Esto es, si el Congreso lo aprueba, pero el Senado lo rechaza, el Ejecutivo deberá reelaborar una estimación del tope de gasto público en el plazo máximo de un mes, según el artículo 15 de la normativa.
Reformas, leyes… y nombramientos. La designación de cargos es otra facultad del Senado. El tercer pilar de su importancia orgánica. Decide nombramientos en instituciones claves: cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 10 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial y seis de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas.
En las generales del 20-D, el PP logró 144 senadores de un total de 266. Una mayoría absoluta que se convirtió en la mejor arma de Rajoy para haber desactivado cualquier reforma constitucional que hubiera podido proponerse. Con esos resultados electorales, podría no haber gobernado, pero forzosamente tendrían que haber contado con él para aprobar una reforma de la Carta Magna.
«No podrán gobernar porque tenemos la mayoría en el Senado», llegó a decir el presidente en funciones en enero, entonces ante un posible Gobierno PSOE-Podemos. «Es garantía de que aquí no se van a hacer disparates», añadió. Su veto expreso provocó, primero, que Pedro Sánchez le pidiera que no hiciera uso de esa mayoría absoluta para bloquear iniciativas.
En segundo lugar, y una vez consumada la nueva convocatoria de elecciones, provocó que Podemos planteara al PSOE en Valencia, Baleares y Aragón «la necesidad de forjar alianzas electorales que permitan presentar candidaturas conjuntas al Senado para poder desmontar, así, la estrategia de bloqueo del Partido Popular». La invitación fue declinada por Sánchez, pese a que, por ejemplo, Ximo Puig, líder socialista en Valencia, apostaba por esta vía.
«En las pasadas elecciones vimos también cómo el PP, con apenas el 28,7 % de los votos válidos emitidos para el Congreso, obtenía el 60 % de los escaños del Senado, consolidando así una minoría de obstrucción y bloqueo que dificultaría la acción del Gobierno de cambio democrático que aspiramos a construir tras el 26-J. Con esa mayoría, el PP podría ralentizar sine die el proceso legislativo y obstaculizar las profundas reformas que necesita nuestro país, entre ellas la propia reforma del Senado», fue la reflexión de Podemos.
EL MUNDO – 23/05/16