¿Convocará en el 27?

“Son las reglas del juego. La primera regla del poder es perseverar en los errores, no mostrar la menor fisura en el muro de la autoridad”, sostiene Vadim Baranov, consejero personal de Vladimir Putin, en El mago del Kremlin (pág. 268), la novela de Giuliano da Empoli que el año pasado vendió más de un millón de ejemplares en Francia, convertida hoy en objeto de culto de todo consultor político que se precie. “El jefe debe ser fuerte si quiere proteger a su pueblo. En cuanto muestre debilidad es eliminado o sustituido por otro. Es así en todas partes. La diferencia estriba en que, según donde se encuentre, el jefe depuesto puede ser empalado vivo o expedido a la otra parte del mundo para dar conferencias a 100.000 dólares cada una”.

– Tienes razón, Vadia — replica  Boris Berezovski, multimillonario empresario ruso miembro del círculo de confianza de Yeltsin, que tras ayudar a Putin a alcanzar el poder fue destruido por Putin —. Pero recuerda que en política no hay happy end. Incluso tu Rey Sol tenía, al final de su vida, terribles ataques de llanto.

– Qué quieres que te diga, Boris, la vida es una enfermedad mortal.

– En efecto, Vadia, precisamente por eso hay que saber cuándo llega el momento de dejar de hacer idioteces. Siempre he pensado que, entre las cosas que la política tiene en común con la mafia, está el hecho de que no te jubilas nunca. No puedes retirarte y dedicarte a otra cosa. Salvo que seas Johnny Torrio (presidente del sindicato de mafiosos de Chicago que salvó su vida a cambio de entregar el poder a un tal Al Capone).

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el jefe de la banda, la mafia social comunista que gobierna España, tampoco puede jubilarse, no puede retirarse y dedicarse a otra cosa, porque su único destino posible sería la cárcel, probablemente para el resto de sus días. Los tiranos no dimiten. Terminan colgados boca abajo de una viga de metal en la plaza de Loreto de Milán, caso de Benito Mussolini y Clara Petacci, o acaban acribillados por las balas de quienes estaban encargados de proteger su vida antes de que la llama revolucionaria prendiera imparable, caso del matrimonio Ceausescu. A veces mueren en la cama sin ceder un ápice de su omnímodo poder, caso de Stalin o, salvadas las distancias, Francisco Franco, su cadáver desfilando por la Castellana en una caja de pino después de que la parca, por fin, terminara de hacer su trabajo.

Tras la tragedia de Adamuz — ¿qué fue de los 46 muertos de la alta velocidad, qué ha pasado con ellos, de quién fue la culpa, alguien ha asumido alguna responsabilidad? — entre el gentío se ha extendido la idea, o más bien la certidumbre, de que no habrá adelanto electoral por muchas y muy graves que sean las desgracias que asolen el solar patrio, por muy notorios y escandalosos que sean los casos de corrupción que cerquen al capo, por muy evidente que resulte el hecho de que soportamos un Gobierno que no puede gobernar porque carece de respaldo parlamentario suficiente. Un Gobierno ayuno de legitimidad democrática, como están demostrando las derrotas electorales que cosecha en los territorios donde se disputa el poder autonómico. Habrá que esperar a 2027, tendremos que apurar el cáliz de esta legislatura basura hasta las heces. Conocemos a Sánchez, sabemos de su extrema debilidad, pero estamos al cabo de la calle de su urgencia por apalancarse en el poder como la mejor y más eficaz forma de protección personal ante la acción de la Justicia.

Llegaremos arrastrándonos hasta el verano del 27 a un coste seguramente insoportable para el país. Hay distintas versiones sobre la fecha en que el sátrapa debería disolver las Cortes y convocar nuevas generales. Ayer lo aclaraba aquí Gabriel Sanz: de acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central, el presidente está obligado a aprobar el decreto de disolución 25 días antes de que se cumplan los cuatro años de legislatura, en este caso el 28 de junio de 2027. Y, una vez publicado en el BOE al día siguiente, empezará a correr el calendario electoral de 54 días para la cita con las urnas: el domingo 22 de agosto como fecha límite. Hay, pues, un tope, pero hay sobre todo miedo, miedo entre mucha gente, un miedo que se va extendiendo entre cada vez mayores capas de población española, a que el final de la era Sánchez, la salida de la legislatura, sea traumática. Y aquí las opiniones se dividen en dos bandos: la de quienes sospechan que nuestro sátrapa ni siquiera llegará a convocar, por un lado, y la de quienes opinan que habrá elecciones pero que serán amañadas y que seguirá en el poder. Que habrá pucherazo electoral.

Palabras muy mayores todas, cierto, pero inevitables a tenor de lo vivido desde junio de 2018. Ha tomado cuerpo la sospecha de que un tipo incapaz de asumir responsabilidad alguna en las tragedias que ha vivido el país en estos años, desde el inconstitucional encierro de los españoles en la pandemia con su rosario de muerte hasta los fallecidos en el accidente de Adamuz, pasando por las 238 víctimas de la DANA, además de asediado por escándalos de corrupción de toda clase, no correrá el riesgo de convocar unas elecciones que sin duda perdería. Cada día más gente convencida de que el autócrata no convocará ni siquiera cuando está obligado a hacerlo a poco que tenga alguna posibilidad de seguir adelante invocando un grave problema de orden público, una alteración de la paz social, una crisis internacional, una gran catástrofe natural, etc. Y que un Tribunal Constitucional (TC) presidido por Conde-Pumpido validará cualquier tipo de aplazamiento.

Al hilo de la amnistía concedida a los autores del golpe de Estado de octubre de 2017 en Cataluña, el presidente del TC consagró dos principios doctrinales de extraordinaria relevancia y gravedad. Uno es el de la excepcionalidad; el otro, el del interés general. Nuestro Pompidú aprovechó la ocasión para erigirse no en intérprete de la ley, como corresponde al Constitucional, sino en simple y puro legislador. Y deja claro que cualquier iniciativa del poder ejecutivo puede estar justificada y ser legal con la aplicación de tales principios. ¿Pero quién decide lo que es “interés general”? Naturalmente no el Parlamento, sino Pedro Sánchez. De modo que, según esta interpretación, un clima de odio generalizado existente en un momento determinado, en junio del 27, por ejemplo, podría inducir al sátrapa a postergar la convocatoria de elecciones invocando una situación de excepcionalidad bajo el argumento del interés general. Un nuevo Torre Pacheco, por ejemplo. Hay mucha gente convencida de que aquel fue un primer gran ensayo de laboratorio con el que se intentó crear un clima de enfrentamiento social. Luego vino la ratificación con los sucesos ocurridos, septiembre pasado, con motivo de la Vuelta Ciclista a España, violencia que obligó a la organización a alterar el trazado de la prueba y suprimir kilometraje para evitar los disturbios provocados por la extrema izquierda que apadrina este Gobierno.

Mucha gente piensa, sin embargo, que el sujeto que amañó las primarias de su propio partido para llegar a la secretaría general no se atreverá a llegar tan lejos, a pesar de estar todos convencidos de que aún no hemos visto lo peor del personaje. Europa, sabe usted, no lo permitiría, se suele esgrimir, como si una UE en crisis terminal pudiera ser baluarte o fortín de esencias democráticas de algún tipo. Quienes así opinan creen que Sánchez convocará elecciones, pero hará lo posible por adulterar sus resultados, por manipularlas. Piensan que habrá pucherazo. Dos detalles ocurridos esta semana abonan esta tesis. Por un lado, un artículo de Iván Redondo en La Vanguardia en el que pronostica que su amo podría ganar las próximas generales. El autor de aquella genialidad según la cual Yolanda Díaz iba a ser la próxima presidenta del Gobierno de España, nos sorprendía el domingo pasado con una afirmación que, más allá de todo voluntarismo, roza el absurdo a la luz de los resultados autonómicos recientes y de la inmensa mayoría de las encuestas. ¿Se ha vuelto tonto el listo Redondo, de nuevo correteando por los pasillos de Moncloa, un tipo del que se dice está facturando 170.000 euros/mes a la multinacional norteamericana General Dynamics (Santa Bárbara Sistemas) a cambio de echar a los hermanos Escribano de la aventura de Indra? No precisamente. El otro asunto que ha llamado la atención es la publicación del último CIS en el que Félix Tezanos otorga a Sánchez una ventaja de 10 puntos sobre el PP, una aproximación delincuencial merecedora de querella en el juzgado de guardia, pero que obliga a algún tipo de reflexión sosegada. ¿Se ha vuelto también loco Tezanos?

El artículo del primero y la encuesta del segundo están unidos por un cordon umbilical muy claro: crear la sensación de que un Sánchez incapaz de salir a la calle sin que la gente le abronque podria ganar las proximas generales; generar un clima de opinión según el cual esa victoria no debería sorprender a nadie ni generar la menor sospecha porque ya hubo alguien que lo adelantó, “ya lo dijo Redondo y lo repitió todos los meses el amigo Tezanos con su CIS”. Tanto Redondo como Tezanos están alfombrando el paisaje del hipotético pucherazo. Están preparando el terreno para la manipulación electoral de las próximas generales. Esta semana hemos sabido que Sánchez y su círculo de íntimos, la banda del Peugeot, hoy todos encausados y/o en la cárcel, amañaron las primarias de 2017 que le dieron la victoria frente a Susana Díaz. ¿Es que alguien capaz de estafar a su propio partido iba a tener algún tipo de escrúpulo a la hora de intentar hacer lo mismo con su país, en la situación desesperada en la que se encuentra? En el mismo sentido, no cabe otra explicación racional para la decisión adoptada por este Gobierno de nacionalizar a cientos de miles de extranjeros, cuando la totalidad de los socios comunitarios están poniendo en marcha medidas restrictivas contra una avalancha que ha dañado gravemente las bases de su convivencia. Ninguna razón que no sea el interés inconfesable de alterar el censo de cara a futuras contiendas electorales.

“No va a parar nunca, ¿verdad?”, pregunta Berezovski a Baranov refiriéndose a Putin. “Las personas como él no pueden parar. Es la regla número uno de cualquier autócrata. Perseverar. No corregir lo que no ha funcionado, pero sobre todo jamás admitir los errores”. Convencido de sus nulas posibilidades de ganar en buena liz unas generales limpias, dirty Sánchez dedica sus mejores esfuerzos a engordar a Vox en la esperanza de que la borrachera de poder y euforia de los de Abascal haga muy difícil, sino imposible, la llegada a algún tipo de acuerdo con el PP de Núñez Feijóo, en las Comunidades Autónomas ahora y en toda España después, para la gobernanza de una nación necesitada de una auténtica revolución democrática para dejar atrás la pesadilla de esta legislatura y abordar las reformas en profundidad capaces de alumbrar un proyecto de país en el que una amplia mayoría de españoles, a derecha e izquierda, pueda volver a sentirse cómoda. Sabemos quién es el enemigo de cualquier salida pacífica para estos siniestros ocho años. El jefe de un grupo mafioso que piensa que un Gobierno de la derecha obligado a restablecer un cierto rigor en las cuentas públicas y a arrumbar gran parte de la legislación basura salida del sanchismo, le proporcionará desde la oposición gasolina bastante para incendiar la calle y hacerle la vida imposible. En la esperanza, finalmente, de que esos disturbios lleven a la coalición PP-Vox a una legislatura corta tras la cual él volvería al poder a lomos de un nuevo Frente Popular encargado de dirigir al país hacia esa República Plurinacional que la extrema izquierda pregona todos los días.

Ninguna acusación de corrupción o ineptitud flagrante será suficiente para moverle a renunciar. Al contrario, cuantas más mentiras, traiciones y escándalos se acumulen en la fosa séptica que le rodea, más motivos tendrá para aferrarse a una presidencia convertida en último burladero contra la acción de la justicia. En ausencia de una iniciativa patriótica clara y contundente, desacomplejada, por parte de PP+Vox, los riesgos de enfrentarse al sátrapa que nos gobierna dejan de merecer la pena, como ayer contaba aquí Carlos Martínez Gorriarán, algo que explica el apoyo del que sigue gozando por parte del vergonzante Ibex 35 (de ayer mismo: “Sánchez está muy fuerte”). Por eso se afana en acabar con la resistencia moral y paralizar la política; su última esperanza es que todo sea una montaña asfixiante de basura, tarea en la que se afana con éxito. No lo conseguirá. Acabará mal. Una mayoría de españoles (incluidos muchos votantes del PSOE) lo detestan. Probablemente intentará morir matando, dejando tras de sí un paisaje de ruinas. Y muchos cadáveres, empezando por los de quienes le ayudaron en su aventura vital y terminando por el del propio socialismo. Por el PSOE.  “Durante muchos años —pág. 311 de El mago del Kremlin—, Stalin y el resto de la nomenklatura habían vivido juntos codo con codo. Habitaban en los grandes pisos que antaño habían pertenecido a los funcionarios del zar. Stalin iba a buscarlos para jugar al ajedrez o para una cena íntima entre amigos. Habían crecido juntos como una familia. Los niños montaban en bicicleta y jugaban con la pelota en su derredor. Lo cual no impidió a Stalin, llegado el momento, exterminarlos uno tras otro. De hecho, esa familiaridad le facilitó la tarea. No podían imaginarse que su Koba les hiciera arrestar, torturar y asesinar. Porque el jefe tiene su instinto, tiene el olfato del depredador que ha de sobrevivir. Y, en última instancia, lo único que puede garantizarle la supervivencia es la muerte de todos los que le rodean”.