El mismo día en que se anunció el acuerdo alcanzado por el PP y Vox para la formación del Gobierno de Castilla y León, el Tribunal Constitucional anticipó el fallo de la sentencia por la que se resuelve el recurso de amparo planteado por la única parlamentaria vasca de Vox contra los acuerdos de la Mesa del Parlamento que limitaban drásticamente sus derechos de participación política. El Constitucional se ha pronunciado sobre los límites que debe respetar la denominada doctrina del ‘cordón sanitario’ que algunos propugnan aplicar a Vox.

La relevancia del amparo solicitado ha determinado que, a pesar de ser las salas del Tribunal (integradas por seis magistrados cada una) las competentes para resolver el recurso de amparo, el asunto haya sido asumido por el Pleno que integra a la totalidad de los magistrados. Allí, por siete votos frente a cuatro -y con el respaldo del ministerio fiscal- se ha estimado el amparo en lo que se refiere a las cuestiones fundamentales planteadas.

Los acuerdos de la Mesa del Parlamento vasco anulados por inconstitucionales son los que impedían a la parlamentaria cambiar el nombre del Grupo Parlamentario -incluyendo la denominación de su partido, Vox- y los que restringían sus posibilidades de participación en la Cámara (solo podía presentar una iniciativa cada tres plenos ordinarios), así como el tiempo de intervención en los debates (solo un tercio del correspondiente al resto de los grupos). Los acuerdos limitaban también sus posibilidades de controlar al Gobierno: le imponían como tope una interpelación y cuatro preguntas orales cada tres plenos de control al Gobierno autonómico.

El Constitucional entiende que con esas limitaciones se afecta al «núcleo esencial» de la labor parlamentaria, que no es otro que la iniciativa y el control del Gobierno, y se vulnera el derecho a la participación política de la parlamentaria. El Tribunal declara que la diputada tiene los mismos derechos que los demás y el Grupo en el que se integra como único miembro también. En definitiva, el reglamento de la Cámara establece un régimen de igualdad que debe ser respetado.

La vulneración de los derechos fundamentales de la diputada de Vox -que el Tribunal ha restablecido- se basó en una ampliación al ámbito parlamentario de la denominada teoría del ‘cordón sanitario’, según la cual es preciso impedir que Vox acceda a posiciones de gobierno. Para la Mesa del Parlamento vasco, había que impedir incluso que la diputada de Vox tuviera las mismas posibilidades de plantear iniciativas o controlar la acción del Ejecutivo que los demás. Se trata de un planteamiento manifiestamente inconstitucional. Y lo que resulta más sorprendente es el hecho de que lo defiendan quienes nunca han planteado cordones sanitarios frente a partidos claramente opuestos al orden constitucional.

La doctrina del Constitucional ha sido y es que España no es una democracia militante y que por ello hay que permitir la existencia de partidos que aspiren a la destrucción del orden constitucional siempre que lo hagan respetando los procedimientos. Realmente, una formación solo puede ser ilegalizada si se sirve de la violencia para la consecución de sus objetivos. En ese contexto, por un lado, Vox no ha recurrido nunca a la violencia; y, por otro, su programa no incluye -a diferencia del de otros- propuestas de destrucción del sistema, con la única salvedad de suprimir las comunidades autónomas, que, aunque nos pueda parecer tan disparatada como la supresión de la monarquía que defienden otras fuerzas, es igualmente legítima.

La teoría del ‘cordón sanitario’ frente a Vox u otras fuerzas políticas no puede ser aplicada en el seno de un Parlamento para discriminar y limitar los derechos de los representantes de un partido determinado.

Por lo que se refiere a su utilización para impedir el acceso al gobierno (nacional o regionales) de partidos políticos radicales, la doctrina del ‘cordón sanitario’ solo puede funcionar sobre la base de un consenso o acuerdo entre los partidos centrales o moderados. Ello exige, o bien respetar el derecho a formar gobierno del partido más votado cuando el otro no es capaz de articular una mayoría, o bien, cuando la distancia entre los partidos centrales es reducida, alumbrar gobiernos de gran coalición.

El PSOE podía haber evitado que Vox entrara en el Gobierno de Castilla y León facilitando la formación de un Gobierno del Partido Popular; de la misma manera que el PP podía haber evitado que Podemos entrase en el Gobierno de España permitiendo la investidura de Sánchez. Con todo, estos compromisos imprescindibles para mantener alejados del poder a los partidos radicales dan lugar a gobiernos minoritarios e inestables. Por ello la mejor fórmula es siempre la formación de amplias coaliciones de partidos moderados. Alemania es el ejemplo a seguir.