En un pleno cargado de extrema tensión en el que las gruesas descalificaciones cruzadas sobre supuestas intenciones golpistas y el griterío sustituyeron a un civilizado intercambio de ideas, el Congreso aprobó ayer la reforma por la vía de urgencia del Código Penal promovida por el PSOE y Unidas Podemos en aspectos tan sensibles como los delitos de sedición y malversación. La proposición de ley, además, rebaja la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a magistrados del Tribunal Constitucional, cuya pendiente renovación -bloqueada por el PP- inclinaría la actual mayoría conservadora hacia el sector progresista. La corte de garantías decidirá el lunes si paraliza esos cambios -aún pendientes de tramitación en el Senado-, lo que carece de precedentes. El PP y Vox pretendían que suspendiera la votación al considerar que han sido incumplidos los trámites para modificar una ley orgánica. Junto a los recursos de ambos grupos, el TC estudiará un escrito en contra de los socialistas y la recusación de dos de sus miembros con el mandato caducado por parte de los morados.

A la vista de la aguda polarización entre las izquierdas y las derechas, el pronunciamiento del Constitucional puede desatar una crisis institucional muy preocupante que en parte se escenificó en el Congreso. La democracia es procedimiento. Es equilibrio entre la preeminencia de la mayoría y los contrapesos establecidos para garantizar la continuidad a la ley junto a la promoción del consenso. La renuencia del PP a renovar a tiempo el CGPJ y la del PSOE a procurar el entendimiento se han convertido en una bola de nieve que desencaja a los poderes del Estado. El pleno reflejó diferencias de criterio que tienden a ir a más, intereses radicalmente contrapuestos y un cruce de acusaciones huérfano de racionalidad sobre el cariz antidemocrático de las posturas adversarias.

La crisis institucional deriva de la deslegitimación de los contrapesos, del descrédito al que están siendo sometidas las instancias constitucionalmente ajenas a la pugna partidaria: el CGPJ, los órganos judiciales y el TC. Por ello es un despropósito injustificable que el PSOE y Unidas Podemos comparen lo ocurrido ayer con el 23-F o califiquen una determinada y eventual decisión de la corte de garantías como «una amenaza para la democracia», y que el PP sostenga que esta peligra solo porque él deje de tener una mayoría afín en el órgano de gobierno de los jueces o en el Constitucional. El debate político necesita cordura.