Lo que más conviene a quienes diseñan la ingeniería legislativa destinada a conservar el apoyo mercenario de los aliados de Sánchez es que nos enredemos en circunloquios sobre las virtudes o defectos técnicos de los productos legales que se ponen en circulación. Mientras escrutamos cada uno de los árboles, es más fácil que perdamos de vista el bosque. 

Por supuesto, es tentador desmontar el rudimentario andamiaje argumental que sostiene engendros jurídicos como los indultos a gusto del indultado y en contra del tribunal que lo sentenció, la suplantación sistemática del procedimiento legislativo ordinario (que ha pasado a ser extraordinario) por los decretos-leyes, los estados de alarma anticonstitucionales, el secuestro de las competencias del Consejo General del Poder Judicial y, últimamente, la reescritura bastarda del Código Penal para dar satisfacción a la primera de las dos reclamaciones del independentismo, que es la amnistía de hecho por la sublevación institucional del 17 en Cataluña. La segunda, el referéndum de autodeterminación (probablemente enmascarado con el término consultivo), queda como prometedora zanahoria para la próxima legislatura, si es que dan los números y los socios permanecen fieles al patrón.

Los juristas que mantienen una relación honrada con su oficio hacen muy bien señalando las inconsistencias y peligros que se derivan de hacer aparecer y desaparecer tipos delictivos que afectan a la protección del orden constitucional, convertir lo que fue un desafío al Estado en una mera algarada callejera, pasarse por el arco del triunfo las advertencias y dictámenes de los órganos consultivos del Estado y permitir que los convictos por sedición supriman el delito de sedición y los malversadores —que son los mismos—, el de malversación. 

Si usted es concejal de un ayuntamiento, le entregan un presupuesto para hacer un puente y decide donar el dinero a una ONG, eso es una malversación por noble que parezca su destino; y si lo usa para financiar un golpe institucional, la cosa es mucho más grave que si se lo metiera en el bolsillo. Puestos a comparar, me parece más peligrosa la malversación de Junqueras y Puigdemont para derogar la Constitución que la de Roldán, que se llevaba los billetes a casa en bolsas de plástico. Diga lo que diga Bolaños, la mayoría de los Estados democráticos coincide con esta apreciación.

Está bien que los expertos no dependientes del poder denuncien, con legítimo escándalo, que esas maniobras legislativas, aplicadas a una de las leyes vertebrales del sistema jurídico, pisotean varios de los principios generales del derecho, uno de los cuales prohíbe legislar con nombres y apellidos, como el Gobierno admite con descaro que está haciendo. 

Con todo, lo interesante para el análisis político es preguntarse de entrada sobre la pertinencia y la oportunidad del debate. ¿Por qué nos vemos precisamente ahora discutiendo sobre sediciones, malversaciones y lo que venga detrás? ¿Qué urgencias justifican que el país se adentre en ese territorio resbaladizo para el Estado de derecho? ¿Qué clase de prioridad, además de la votación de los presupuestos, hace imprescindible para el interés nacional que todos esos marrones queden enjaretados en el Código Penal antes de fin de año?

No es preciso ser especialmente agudo ni malpensado para imaginar que:

1. Si Esquerra Republicana de Catalunya no fuera una pieza esencial de la mayoría oficialista, Pedro Sánchez no habría dedicado ni un segundo de su tiempo a meter mano al Código Penal para desmantelar el delito de sedición y desguazar el de malversación. Precisamente esos dos, qué casualidad.
2. Si Oriol Junqueras y sus compinches hubieran atracado un banco, la urgencia gubernamental sería revisar a toda velocidad el delito de robo con intimidación; si hubieran atropellado a un peatón, el de homicidio imprudente, y si hubieran evadido impuestos, se habrían puesto inmediatamente a revisión los delitos fiscales. Nada de todo esto tiene que ver con la racionalidad jurídica de los tipos delictivos, sino con el estatus político privilegiado que para el señor presidente tienen, aquí y ahora, unos concretos delincuentes.
3. Si no fuera año electoral y la primera cita con las urnas no estuviera fijada en el calendario para el 28 de mayo, Sánchez permitiría a sus señorías que pasaran tranquilamente la Navidad y se tomaría con mucha más calma esta y las demás leyes —electoralmente engorrosas y jurídicamente turbias— en las que se ha embarcado.

Así pues, el bien protegido en esta adaptación del Código Penal a una estrategia partidaria no es el bien común ni la necesidad social, sino la preservación, para hoy y para el futuro, del actual “bloque de poder”, por decirlo con el vocabulario de Pablo Iglesias. Lo que Sánchez pretende en la práctica es promulgar una ley de apoderamiento universal de Su Persona cuyo texto rezaría así: 

Exposición de motivos. Considerando que la permanencia en el poder del Gobierno Progresista es un objetivo supremo de interés nacional al que debe supeditarse cualquier instrumento normativo existente o por existir, por la autoridad que me ha sido conferida, decreto: 

Artículo 1 (y único): se habilita al Gobierno para promover cualquier modificación del ordenamiento jurídico orientada a garantizar el cumplimiento efectivo de dicho Objetivo Supremo, sin otra restricción que la de obtener el consentimiento de los partidos que forman parte de la actual mayoría parlamentaria. 

Disposición derogatoria: se habilita igualmente al Gobierno para derogar o dejar sin efecto cualquier norma o disposición que se oponga a lo establecido en el artículo anterior, así como para aplicar discrecionalmente la retroactividad de las leyes, atendiendo a la condición política de los afectados en cada caso.

Si lo hubiera hecho así, todo quedaría más claro y nos ahorraríamos muchas discusiones bizantinas. Después de las últimas designaciones, contaría sin duda con al menos dos votos favorables en el Tribunal Constitucional.

El destrozo —ya irreparable— que ha provocado la ley chapucera del solo sí es sí será un asunto de menor cuantía al lado de lo que puede suceder en los tribunales si entra en vigor esta cosa de las dos varas de medir la corrupción, redactada de puño y letra por el corrupto Junqueras con el beneplácito de Sánchez para el lucro político de ambos. Subastar en un bazar la ley de los delitos y las penas, manipularla al capricho del comprador y ponerla al servicio de un designio de poder es, por sí mismo, un acto de corrupción política, y no precisamente de los veniales (aunque sí de los venales).