Corrupción

LOS extranjeros, dice un estudio del Instituto Elcano, no perciben España como un país corrupto. Normal. Ellos no viven aquí y es cierto que a los turistas no se les piden mordidas para evitar multas de tráfico u obtener atención sanitaria, como ocurre en otros lugares. La corrupción en España no es de esa naturaleza ni ha logrado impregnar a los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad, cuya ejemplaridad destaca en un paisaje salpicado de manchas oscuras hediondas. La corrupción se manifiesta en estos pagos de modos no menos dañinos, aunque sí más sutiles e inocuos para quien está de paso: en el funcionamiento de las distintas administraciones, los contratos públicos que paga el contribuyente, la financiación de los partidos, la mentira elevada a herramienta de uso común en la relación entre electores y electos, o la justicia. Por eso apenas incide en un sector privado pujante, responsable de dar servicio a los millones de turistas que nos visitan cada año y asegurar una balanza comercial positiva, mientras que su azote en la vida pública está logrando laminar la confianza de los ciudadanos en la democracia misma.

La corrupción es una enfermedad maligna que se ceba en lo que es de todos y ataca con virulencia los pilares del modelo de Gobierno por el que nos regimos. No se trata únicamente de su forma más obvia; la que ha llevado a la cárcel o cuando menos al banquillo a un alto número de políticos acusados de llevárselo crudo. Con ser grave, esa manifestación de podredumbre no sería capaz por sí sola de amenazar la estabilidad de nuestra convivencia. Peor es el espectáculo constante de confusión obscena entre legislativo, ejecutivo, judicial y cuarto poder; esto es, unos medios de comunicación traidores a su deber de informar y formar una opinión plural desde la independencia. Peores son las sospechas crecientes de contaminación política que arrastran las togas de incontables jueces y fiscales, empezando por los que tienen asignada, precisamente, la tarea específica de combatir esa corrupción, tal como quedó evidenciado ayer mismo en el Congreso. Las filtraciones interesadas que convierten cada nuevo escándalo en carnaza para ciertos programas de televisión. Las conversaciones grabadas con la pertinente orden judicial a algunos directivos de Atresmedia (Antena 3, la Sexta, La Razón) y más tarde difundidas, merced a las cuales nos enteramos de que existe una operación político-mediática urdida y puesta en práctica con el propósito de dividir al electorado de izquierdas y «hacer un sándwich» al PSOE entre el PP y Podemos.