Está el Gobierno preocupado porque el ‘Koldogate’ es un escándalo fácil de entender para todo el mundo, un caso de tráfico de influencias, comisiones en contratos públicos, abuso de posición privilegiada y dinero sucio. Y porque esta vez no se trata de un Tito Berni más o menos alejado de los centros de poder donde se deciden los grandes asuntos sino de un ex ministro que hasta antier era parte del cinturón de confianza del presidente, un miembro preminente de su núcleo duro. A Ábalos le han enseñado –por segunda vez en dos años– la puerta de salida pero en las filas sanchistas cunde el temor de que aunque lo expulsen o él dimita no va a ser fácil sacarse las sospechas de encima ni levantar cortafuegos a la acción de la justicia. Hay un problema serio de corrupción y otro de responsabilidades políticas en un Ejecutivo que hasta ahora presumía de tener las manos limpias. Una crisis reputacional que afecta al menos a dos ministerios y a varias autonomías.

Sin embargo, esa perspectiva moral, por ampliamente compartida que sea, revela en las circunstancias actuales una importante disfunción en una sociedad más alarmada por la venalidad económica o financiera que por la distorsión del ordenamiento constitucional o el cambio discrecional de las reglas de juego para favorecer a personas concretas. Hay una falla ética general cuando unas corruptelas suscitan más rechazo que la desarticulación de los fundamentos del sistema mediante iniciativas legislativas tan ventajistas como torticeras. Cuando una significativa parte de los ciudadanos censura con justo rigor a unos tipos que se aprovechan de su posición de privilegio para llenarse los bolsillos mientras comprende o incluso apoya a un gobernante que está dispuesto a amnistiar graves delitos en su propio beneficio. Ese pragmático relativismo revela una endémica quiebra de principios, una perturbadora alteración de la escala de valores colectivos.

Tramas exactivas como la de Koldo han existido, existen y existirán siempre, por desgracia, en unas estructuras institucionales regidas por criterios de afinidad sectaria, vínculos amistosos o compensación de lealtades. Y será difícil que desaparezcan en tanto la política se base en un descarnado engranaje funcional de prerrogativas clientelares. Pero cuando surgen se pueden combatir con medidas de depuración y sobre todo con la correspondiente exigencia de responsabilidades penales. Lo complicado es defender el delicado mecanismo de las garantías jurídicas ante la intención de desmantelarlas para armar una coyuntural alianza parlamentaria. Eso es la amnistía: una deconstrucción interesada del Estado de derecho, una amenaza contra la igualdad ante la ley como razón soberana. Y correrá mucho más peligro la democracia mientras no entendamos que hay mayor corrupción en permitir que los delincuentes redacten las normas que en saltárselas.