EL CONFIDENCIAL 09/05/17
· La Fiscalía y la Guardia Civil acumulan indicios de que altos cargos del Govern catalán habrían amañado contratos para la creación de una agencia tributaria y un sistema de inteligencia propios
La Fiscalía de la Audiencia Nacional empezó a investigar hace un año un posible delito de sedición en los planes de la Generalitat de Cataluña para construir la estructura de un Estado independiente, pero las diligencias también han terminado convirtiendo este caso en un nuevo procedimiento contra la corrupción. El Ministerio Público ha acumulado numerosos indicios de que los altos cargos del Govern que dirigen el proceso para la desconexión pudieron desviar fondos públicos de los contratos para crear una agencia tributaria y un servicio de inteligencia propios. Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, se investigan adjudicaciones públicas que suman al menos 900 millones de euros. La cifra definitiva será previsiblemente muy superior.
Las pesquisas se centran en la gestión del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), el organismo de la Generalitat responsable de centralizar, planificar, supervisar y ejecutar las inversiones en sistemas informáticos, redes y aplicaciones al servicio de la Administración catalana. Los agentes de la Guardia Civil que lideran la investigación han detectado presuntas irregularidades en el método escogido por el CTTI para conceder sus mayores adjudicaciones, el llamado sistema de diálogo competitivo, que otorga al licitador un amplio margen de maniobra para elegir a las empresas participantes en el concurso, modificar el objeto de los contratos y pactar el precio y la duración de los trabajos.
Según ha podido saber El Confidencial, entre los agujeros detectados se encuentra la celebración de concursos en los que solo participó una empresa; la aceptación de duraciones superiores al límite legal de 20 años para los contratos de colaboración público-privada (CCPP); licitaciones en las que ni siquiera se comprobó el cumplimiento de los requisitos de los candidatos; la ausencia continuada de las actas de las reuniones con las empresas, y la aplicación de criterios de valoración demasiado genéricos en los apartados subjetivos de los concursos. En otros casos, se despreció directamente el importe de las ofertas, atendiendo únicamente a sus características técnicas y propiciando así que fueran elegidas las más caras.
El Ministerio Público sospecha que los altos cargos del Govern aprovecharon esos vacíos para amañar los contratos públicos de la secesión, favorecer a ciertas empresas y licitar servicios por precios muy superiores a los reales. Según los indicios que también maneja la Guardia Civil, solo aquellas empresas que estaban dispuestas a abonar un “coeficiente de paso” o un porcentaje en comisiones ilegales podían acceder a determinados concursos del CTTI. La flexibilidad del diálogo competitivo habría facilitado el desvío de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito de los dirigentes que podían influir en los procesos.
Fuentes próximas al caso han confirmado que se investiga la adjudicación del Proyecto Red Abierta en 2010 por 211,8 millones a la UTE Imagina-Axia; los cuatro lotes de un contrato de 2011 para el “aprovisionamiento del puesto de trabajo y soporte al usuario de la Generalitat de Cataluña” que suman 562,7 millones (lote 1: Iecisa-Indra-Zemsania-Emte por 116,5 millones; lote 2: Telefónica por 190 millones; lote 3: Fujitsu-Canon-Microsistemes-Everis por 106,6 millones; lote 4: T-Systems ITC Iberia por 99,2 millones); una licitación a Deloitte y Capgemini de 44,7 millones en 2013 para dar “servicio de gobierno delegado de demanda y proyectos, de calidad, de gobierno operativo de servicios, y de soporte al gobierno transversal”, y otra adjudicación en agosto de 2016 por 80 millones a Deloitte y Capgemini junto a las también consultoras Everis, PriceWaterhouseCoopers y Ernst & Young, entre otras. En este último caso, el concepto de la licitación era aún más vago: “Acuerdo marco para la selección de los proveedores para la realización de servicios de soporte a las gestión de la información y la comunicación (en adelante TIC), abarcando los ámbitos de definición, seguimiento, control y operación de todos los procesos (…) Estos servicios de soporte es lo que denominamos gobernanza delegada”.
El pasado 31 de marzo, en el marco de esta investigación, la Guardia Civil acudió por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la mayoría de estas empresas (Telefónica, Deloitte, Capgemini, T-Systems…) para llevarse documentación sobre sus trabajos para el CTTI. También acudieron a este organismo para incautarse de información de los mismos contratos. El dispositivo iba a producirse dos días antes, el miércoles 29 de marzo. De hecho, los agentes del Instituto Armado llegaron a entrar a las 9:00 de esa jornada en las oficinas de las compañías investigadas pero, como contó El Confidencial este lunes, a las 10:30 recibieron la orden de abortar la operación y devolver los documentos que ya hubieran requisado en ese momento. Volvieron de nuevo a las empresas el viernes 31 de marzo y completaron los requerimientos, aunque esas 48 horas de retraso pudieron poner en riesgo la investigación.
Los expedientes analizados suman 899,7 millones de euros, pero esta cifra podría incrementarse, según las fuentes consultadas por este diario. Solo entre 2010 y 2012, el CTTI adjudicó por la vía del diálogo competitivo cinco grandes encargos por valor de 2.127 millones de euros. La gestión de este organismo público durante esos tres mismos ejercicios fue analizada precisamente por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en un informe publicado en 2016. La cámara de fiscalización solo analizó dos de las cinco licitaciones con diálogo competitivo de ese periodo, pero el resultado de la auditoría fue demoledor. Se saldó con 31 recomendaciones sobre cuestiones tan básicas como “definir con mayor detalle y claridad los criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor, y los baremos y sistemas para asignar la correspondiente puntuación”.
Inicialmente, como ya informó ‘El País’, la orden cursada por la Fiscalía para investigar a los adjudicatarios del CTTI tenía únicamente como objetivo determinar si las empresas han colaborado voluntariamente con la Generalitat en la creación de una agencia nacional de inteligencia (Cesicat) y un sistema tributario independiente para un hipotético Estado catalán, cometiendo así un delito de sedición. Los responsables del CTTI se enfrentan a la misma acusación. Pero la aparición de pruebas de que las inversiones en el proceso independentista también habrían sido utilizadas para saquear fondos del erario catalán han obligado al Ministerio Público a ampliar el foco para investigar otros delitos.
El grueso del periodo bajo investigación coincide con la llegada de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), actual Partido Democráta Europeo Catalán (PdeCAT), al Gobierno de la Generalitat en diciembre de 2010. La formación ya está siendo investigada por su presunta financiación ilegal con contratos de obras a través de otro gran organismo público de la Generalitat, Infraestructures, que al igual que el CTTI centraliza todas las adjudicaciones de la Administración catalana en su sector.