Corrupción en familia

Entre parientes, en clanes o como tradición legada de padres a hijos. La corrupción en Cataluña, o al menos la presunta, pues hay casos que aún no están juzgados, es algo que está muy ligado al núcleo familiar, como queda patente en procesos tan sonados como el de los Pujol, el del Palau de la Música, el del expresidente del Barça, el proceso Mercurio o el más reciente, el que salpica a la feria de abril catalana.

La familia con mayúsculas de los últimos 40 años en Cataluña, los Pujol Ferrusola, es la que tiene más frentes judiciales abiertos, cuatro. Presidente durante 23 años (1980-2003), Jordi Pujol dejó anonadados a los catalanes cuando el pasado 25 de julio confesó que había mantenido dinero no declarado en el extranjero durante tres décadas. Por no declarar unos cuatro millones de euros procedentes, según él, de una herencia de su padre, están imputados el propio expresidente de la Generalitat, Marta Ferrusola, y tres de los siete hijos (Marta, Mireia y Pere). Hace unas semana comparecieron ante el juez acusados de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Pero antes ya habían estallado otras causas contra la familia. Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del matrimonio, está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tras una denuncia de su exnovia, María Victoria Álvarez –la que protagonizó el escándalo de la Camarga con Alicia Sánchez Camacho– por blanqueo de capitales (33 millones de euros) a través de 11 bancos en paraísos fiscales. Y por el ‘caso ITV’ está imputado Oriol, el único hijo del clan que siguió la carrera política del padre.

Oriol Pujol llegó a número 2 de Convergència, pero el año pasado se apartó de la política. Se le investiga por tráfico de influencias y dos delitos de cohecho, por utilizar su influencia en beneficio de empresarios amigos. Se sospecha que cobró comisiones, a través de la empresa de su mujer, por trabajos de asesoría, entre los que figuraba concertar reuniones entre los empresarios y Artur Mas.

A Oleguer Pujol, el hijo pequeño, la Audiencia Nacional le imputa, por último, los delitos de blanqueo y fraude fiscal, por sus negocios a través de Drago Capital. Se habla de 3.000 millones en operaciones inmobiliarias. Pero aún está por ver si otro de los grandes procesos judiciales pendientes, el ‘caso Palau’, acaba también salpicando a Jordi Pujol. Según el juez instructor, Convergència se financió de manera irregular, con 5,1 millones de comisiones que Ferrovial pagó a través del Palau desde 1999 y por eso el partido nacionalista tiene su sede embargada.

Expolio y comisiones
Seis años después de que saltara a la luz, esta causa está algo empantanada, a la espera de que se fije la fecha del juicio por el expolio perpetrado por el presidente de la entidad, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull. Un saqueo cercano a los 30 millones, de los que sólo han reconocido una décima parte. Hay una veintena de imputados, entre directivos de la entidad cultural, extesoreros de Convergència y constructores. Pero también en este caso ha funcionadonado la familia.

Las hijas de Millet y Montull, condenados a un año de prisión, por el caso del hotel del Palau, una pieza separada del proceso principal, trabajaban en el coliseo, aunque la primera quedó desvinculada de la trama, después de que se la investigara al conocer que su padre había pagado parte de su boda con dinero proveniente del expolio. Gemma Montull, ex directora financiera de la entidad cultural, en cambio sí está imputada.

Otra de las familias con solera en Cataluña es la del expresidente del Barça, Josep Lluís Núñez, este sí, corruptor condenado a prisión junto a su hijo. Quien estuviera 22 años al frente de la nave blaugrana y su hijo, responsables de la inmobiliaria Núñez y Navarro, fueron condenados a seis años de prisión por sobornar a funcionarios de la agencia tributaria en el marco del conocido como ‘caso Hacienda’, aunque el Supremo les rebajó la pena a dos años. En el mes de noviembre pasado ingresaron en prisión, pero sólo estuvieron 38 días internos, al obtener el tercer grado.

Donde funcionaba el enchufismo familiar y la concentración de poder en torno a un clan es en Sabadell, donde en noviembre de 2012 estalló el ‘caso Mercurio’, que destapó una red de cobro de comisiones a cambio de obras públicas en torno al ayuntamiento vallesano. El caso tiene un total de 31 ramificaciones separadas, pero salpicó de pleno al gobierno municipal. De los 13 concejales, cuatro están imputados, entre ellos el ya exalcalde socialista, Manuel Bustos, y su hermano, Paco. También está imputada la mujer del exdirigente socialista, que era su jefa de gabinete.