Ignacio Camacho-ABC

  • La división de la sociedad en bandos sin espacios de encuentro anula el valor ético del respeto a las reglas del juego

La peor consecuencia de la polarización llevada al extremo es la anulación de un elemento tan esencial en la democracia como el valor del respeto a las reglas de juego. La división de la sociedad en bandos sin espacios de encuentro –’nosotros’ y ‘ellos’– genera una atmósfera de colisión civil donde el sentido de pertenencia crea una atmósfera de impunidad selectiva al margen de cualquier criterio ético. Así, cuando alguien de la facción propia se corrompe, sus partidarios tienden a buscar pretextos para minimizar su comportamiento o directamente a refugiarse en un instinto gregario de enroque interno: sí, serán corruptos pero son ‘los nuestros’. Y ese juicio de parte determina un veredicto moral absolutorio de efectos sociales perversos.

Acostumbrados a digerir las mentiras del presidente y el continuo quebrantamiento de sus promesas, muchos votantes sanchistas están también dispuestos a perdonar la flagrante incoherencia de un Gobierno que llegó con la bandera de la regeneración para hundirse casi de inmediato en una ciénaga de venalidad sistémica. No es que se hayan vuelto ciegos incapaces de admitir las evidencias, sino que las asumen como un mal menor, un ingrato peaje para alcanzar el objetivo primordial de cerrar el paso a la derecha. En realidad nunca importó el discurso de la limpieza; se trataba sólo de asaltar el poder, como ahora se trata de mantenerlo de cualquier manera, si es necesario obviando la mala conciencia producida por la profusión de conductas deshonestas.

No es ni será el de los socialistas el único caso. El Felipe del GAL y de Roldán perdió por un pelo y el Rajoy de Bárcenas, la Gürtel y la Púnica ganó dos elecciones en un solo año, y si no retuvo la mayoría fue porque Ciudadanos embalsó el desencanto del voto moderado. Pero al menos a ambos los acabaron abandonando sus aliados, mientras los de Sánchez silban ante los escándalos por no favorecer a los adversarios o cierran filas con él a cambio de que les permita seguir desguazando las estructuras de Estado. Y hay otra diferencia, quizá más grave, que es la corrupción institucional, el desmantelamiento del mecanismo de contrapesos democráticos y la ocupación del aparato público al servicio y defensa de un proyecto personal de rasgos cesáreos.

Ese proceso de degradación queda resumido en la trama de las cloacas, una organización de extorsión generalizada cuya responsabilidad interpela a quien ostenta en el partido y en el Ejecutivo la autoridad máxima. Ese sumario constituye el dibujo de una red criminal creada para presionar a la Justicia, la Policía y la prensa con la finalidad de proteger al líder y a su círculo de confianza. Un caso palmario de conspiración a gran escala que en cualquier régimen liberal reclamaría una destitución parlamentaria inmediata. No en España, donde la escena política y el debate civil giran en torno a la metáfora de un muro construido para impedir la alternancia. Y donde millones de ciudadanos viven encapsulados en una burbuja de afinidades sectarias.