Ucrania no es un Estado fallido, pero camina por el alambre como si se tratara de un funambulista. Si cae hacia un lado o hacia otro —es el riesgo de cualquier equilibrista— dependerá de cómo se solucione la actual crisis. Pero hoy por hoy, como es obvio, su futuro es una incógnita, aunque no lo es su crítica situación. La más delicada desde su independencia de la Unión Soviética. 

Su estabilidad económica, por un lado, depende de los programas de asistencia financiera que aprueban las instituciones internacionales (FMI o Unión Europea); su política de seguridad está a merced de lo que decida la OTAN y la propia ambición de Putin, mientras que su estabilidad política no es más que una quimera. Volodímir Zelenski (44 años), su presidente, es un antiguo cómico que se hizo popular en la televisión de su país interpretando a un ucraniano medio que se termina convirtiendo en jefe del Estado. La paradoja es que Zelenski ha hecho realidad la ficción, pero preside un país sin soberanía en el que la U de Ucrania se escribe con la ‘c’ de corrupción. 

Cesce, la compañía semipública española, que se encarga de asegurar operaciones comerciales con el exterior, habla de Ucrania en su último informe como un país en el que “la oligarquía controla la economía del país y ejerce una enorme influencia sobre el poder político y judicial”. El informe reconoce que en los últimos años se han realizado “importantes avances en materia de lucha contra la corrupción”, como la creación de un tribunal especializado en la represión de conductas fraudulentas, pero aún continúa en niveles muy elevados. Ocupa, de hecho, el puesto número 117 (de 180) en la lista de países más corruptos.

El coste de la corrupción

No puede extrañar, como ha puesto de manifiesto el último informe del FMI, que el PIB per cápita de Ucrania representa apenas el 30% del que tiene Polonia, el 45% de Bielorrusia y el 80% de Georgia. Es decir, los países de su entorno económico y geográfico. Un estudio publicado por el Centro de Estrategia Económica, con sede en Kiev, estima que la ausencia de un buen Gobierno le cuesta anualmente a Ucrania 13.400 millones de dólares (cerca del 12% del PIB) debido a la evasión de impuestos, a la moratoria sobre la venta de las tierras, a los ingresos no percibidos por las privatizaciones y a las actividades no gravadas en actividades que crecen en la sombra y que tienen un tamaño “considerable”. 

El propio FMI ha estimado en su última evaluación de la economía ucraniana que si el país consigue reducir la corrupción en los próximos años hasta un nivel similar al promedio de la Unión Europea, el PIB per cápita aumentaría hasta representar el 50% de la UE en 2040, muy por encima del 20% actual. Para colmo, la actual escalada de la tensión ha expulsado a Ucrania del acceso a los mercados de capitales, como ha reconocido Oleskiy Lupin, director del departamento de mercados del Banco Nacional de Ucrania. La prima de riesgo ya roza el 1000%, con tipos de interés en los mercados secundarios cercanos al 25%. 

El problema de la corrupción es tan relevante, que Andrii Borovyk, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Ucrania ha mostrado su repulsa porque recientemente el Tribunal Constitucional decidió que ya no es ilegal que los empleados públicos mientan en sus declaraciones de bienes e intereses. Las declaraciones, sostiene Borovyk, ya no serán verificadas de forma independiente por la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción, lo que supondrá el archivo de más de cien causas abiertas, muchas de ellas abiertas contra las élites prorrusas, con gran influencia en el Tribunal Constitucional, aunque también contra los partidarios de acercarse más a Occidente, incluida la pertenencia a la OTAN. 

La realidad de Ucrania no se entiende sin la corrupción, lo que explica en buena medida el desastre de su economía 

La realidad social, política y económica de Ucrania, de hecho, no se entiende sin la corrupción, lo que explica en buena medida el desastre de su economía. La corrupción, de hecho, convierte al país en rehén del capital extranjero, no solo de Rusia, que paga por los peajes de los gasoductos que recorren su vasto territorio, hoy infrautilizados porque Putin ha reducido el volumen de gas que llega de Occidente para presionar y lograr la aprobación definitiva del Nord Stream 2, a través del mar Báltico, sino de la UE y el Fondo Monetario, que han prestado en los últimos años miles de millones de dólares. Sobre todo, a partir de 2014, cuando Rusia, tras el derrocamiento de Yanukóvich, perdió su capacidad de influencia sobre Kiev, aunque no sobre la parte oriental del territorio. 

Si antes de la guerra de 2014, cuando Rusia invadió Crimea, el país estaba con el agua al cuello, desde entonces todo ha ido peor, lo que explica que un año más tarde el Fondo Monetario Internacional (FMI), por entonces dirigido por Christine Lagarde, se viera obligado a aprobar ayudas por valor de 15.500 millones de euros a cambio de hacer reformas económicas y evitar la quiebra del país. En particular, una lucha más activa contra la corrupción y el lavado de dinero negro, y en general, subiendo el coste de la las materias primas, con precios de derribo durante la era de influencia rusa, además de asegurar la independencia del banco central para controlar la inflación. Los precios del gas han subido entre un 40% y un 56% respecto de los precios de importación anteriores a 2014, que es el año clave en la reciente historia de Ucrania.

Leña al fuego

La reducción del peso del Estado en la economía es otro de los objetivos del FMI, como señalaron los ‘hombres de negro’ del FMI en octubre del año pasado tras una visita de su personal técnico al país. La irrupción del covid no ha hecho más que añadir leña al fuego y en 2020 el FMI tuvo que aprobar otra línea de crédito por 3.800 millones de euros. 

Ucrania ha necesitado en los últimos años recursos equivalentes a 35.400 millones de euros 

¿El resultado? Incluyendo otras líneas de liquidez procedentes de instituciones bilaterales y multilaterales, Ucrania ha necesitado en los últimos años recursos equivalentes a 35.400 millones de euros. El último paquete de emergencia ha sido anunciado por la presidenta Von der Leyen el pasado lunes. Bruselas pondrá a disposición de Kiev otros 1.200 millones de euros en préstamos y subvenciones. Además de este paquete, la Comisión comenzará “pronto” a trabajar en un nuevo programa de ayudas y duplicará este año su ayuda bilateral en forma de subvenciones con otros 120 millones de euros. La situación es tan compleja que, como ha declarado la viceministra para la integración europea y euroatlántica, Olga Stefanishyna, que la inversión semanal que está obligado a hacer el Gobierno para asegurar la estabilidad financiera equivale a toda la asistencia militar que presta EEUU.

Una calamidad económica

Esto hace que la economía de Ucrania —41 millones de habitantes— se encuentre hoy prácticamente intervenida pese a no pertenecer ni a la OTAN ni a la UE. No podía ser de otra manera, como lo ha calificado el FMI, cuando su crecimiento ha sido “anémico” desde principios de los años noventa por falta de inversión y nulo avance de la productividad, lo que unido a la caída de la natalidad convierte al país en una calamidad económica. Ucrania tiene una población cada vez menor (un -0,5% anual desde 1990), lo que hace que sea el décimo país del mundo con una caída de la población más rápida.

Un dato refleja mejor que ningún otro el estado de cosas. Ucrania ha sido la quinta economía del planeta que menos ha crecido entre 1990 y 2017, según el Fondo Monetario, solo por delante de la República Democrática del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Burundi y Yemen. Es decir, algunos estados fallidos. 

Su inestabilidad política es tal que, como sugieren los análisis del Centro de Estrategia Económica, Ucrania ni siquiera ha caído en las redes comerciales o de inversión extranjera desplegadas por China en las últimas tres décadas, al contrario que los países de su entorno. Los últimos movimientos geopolíticos, sin embargo, parecen el terreno propicio para un cambio de posición y en los últimos años el gigante asiático ha incrementado de forma sustancial su presencia en Ucrania, principalmente a través de inversiones en energía o agricultura, además de participaciones en la construcción de motores de aviones. 

Toda comparación es odiosa, pero como dice el FMI, “Ucrania demuestra una débil protección de los derechos de propiedad, altos niveles de corrupción, sobornos y favoritismo, un poder judicial ineficaz, deficiencias en el marco legal a la hora de dar solución a las controversias comerciales y poca transparencia en las decisiones gubernamentales”. Poco más que añadir.