Los viejos del lugar recordarán seguramente aquella época de hace bastante más de medio siglo en la que los cortes de luz se producían con frecuencia, sin previo aviso, más en los pueblos que en las ciudades. El problema era bien claro: la capacidad productiva del sector eléctrico no era suficiente para abastecer una demanda creciente de energía, impulsada por la industrialización. El profesor Castañeda —del que fui alumno— estimó que como consecuencia de ello la renta industrial se redujo en unos 32.010 millones de pesetas (a precios de 1957) durante los años cuarenta y en otros 11.550 a lo largo de los cincuenta. El problema acabó solucionándose mediante la concesión de incentivos fiscales a la construcción de nuevas centrales hidráulicas y térmicas, así como, muy importantemente, a la ampliación de las redes de distribución de alta tensión, gestionadas éstas a través de una entidad privada –Unesa– cuyo capital estaba en manos de las principales compañías eléctricas.

Algunos dicen que la historia suele repetirse y lo cierto es que actualmente asistimos a un renacer de las restricciones eléctricas, aunque esta vez no tanto por medio de los cortes de la luz como por la negación de las autorizaciones de enganche a la red de distribución. Esto está afectando ya severamente a sectores como el de la construcción de viviendas, la instalación de centros de procesamiento de datos y la industria. Tales restricciones constituyen una rémora para la economía del país, en especial para la inversión productiva, lo que dificulta transitar de un modelo de crecimiento basado en el empleo de mano de obra de baja productividad a otro cuyo fundamento esté en el desarrollo tecnológico. Claro que ahora las líneas de alta tensión ya no están en manos privadas, pues Unesa se nacionalizó en 1982 al crearse Red Eléctrica –actualmente integrada en Redeia–. Y el caso es que esta entidad pública, en los últimos años, ha restringido las inversiones en la ampliación de sus instalaciones, creando así un cuello de botella en la distribución eléctrica que amenaza con cortocircuitar la reindustrialización. Lo que parece claro es que, en esto, la gestión estatal no es precisamente la más eficiente y que, por ello, tal vez convendría pensar en la privatización.