EL CONFIDENCIAL 24/04/14
· Destituye al jefe de la UIP en Madrid
El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha revelado este miércoles en el Congreso que los servicios de información del cuerpo detectaron la implicación en los disturbios del pasado 22 de marzo tras las Marchas de la Dignidad de un amplio número de organizaciones vinculadas a la extrema izquierda entre las que se encontraba Ernai, la marca política que utiliza desde hace un año la división juvenil de la izquierda abertzale, y Askapena, la división internacional de Batasuna. El máximo responsable de la Policía también ha confirmado que en los altercados del 22-M, que provocaron heridas a 67 agentes de la Unidades de Intervención Policial (UIP) de los que 7 continúan aún de baja, participaron grupos independentistas vascos, catalanes y gallegos.
Cosidó ha aportado estos nuevos datos en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para informar de las conclusiones de la investigación interna que abrió la Dirección General para aclarar los posibles errores que provocaron que las UIP sufrieran el mayor número de heridos de su historia. Además de Ernai, también habrían participado otros colectivos de su misma esfera ideológica, como Yesca, Bukaneros, las Juventudes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Jaleo y el Colectivo no Tenemos Miedo. Asimismo, entre los 34 detenidos por esos hechos también había algún integrante del grupo anarquista Bandera Negra. Según Cosidó, todos estos grupos hicieron uso de “una violencia extrema nunca vista hasta ahora” utilizando petardos de enorme potencia, cuchillos y lanzamientos de todo tipo de objetos.
El director general ha asegurado que la “información reservada” abierta para esclarecer los posibles errores cometidos en el despliegue del 22-M ha concluido sin encontrar ninguna responsabilidad directa achacable a los mandos policiales que dirigieron ese operativo. “El despliegue fue correcto, el evento fue afrontado con los medios necesarios, con una información suficiente y con una actuación guiada por la proporcionalidad”, ha afirmado Cosidó. “Teniendo en cuenta las evidencias conseguidas y sin que se hayan podido averiguar responsabilidades, se procede al archivo de las actuaciones”, ha concluido el director general de la Policía, leyendo la información reservada.
No obstante, Cosidó ha admitido que, a pesar del resultado de la información reservada, se produjeron graves “fallos de comunicación y coordinación durante los altercados que impidieron que se reaccionará a tiempo llegando al foco” en el que se estaban produciendo los incidentes más graves, provocando a su juicio, un retraso que permitió que un subgrupo de las UIP fuera literalmente vapuleado por los radicales. Según ha admitido el jefe de la Policía, «hubo una dilación en el apoyo que se tenía que dar a un grupo que estaba siendo atacado por un número de violentos próximo a 1.000 con extrema virulencia». Según ha argumentado, por estos «fallos» ha tomado la decisión de relevar de su puesto al jefe del grupo primero de la UIP, máximo responsable de los efectivos destacados en Madrid, Francisco Javier Virsea. El director general de la Policía ha adelantado que ya se ha comunicado su traslado a otra sección del cuerpo.
Sin embargo, ha descartado los ceses de otros mandos policiales reclamados por los sindicatos, que sostienen que los errores en el operativo del 22-M fueron fruto de órdenes políticas. En concreto, denuncian que a los efectivos de las UIP no se les permitió defenderse de los violentos porque había observadores de la OSCE en Madrid fiscalizando la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy a las movilizaciones de ese día. Cosidó se ha referido a los observadores internacionales asegurando que «la Policía española no tiene absolutamente nada que ocultar a cualquier organización internacional» y ha añadido que «no hubo modificación ni despliegue ni de los protocolos por la presencia de esos observadores».
Además del cese del jefe de las UIP en Madrid, el director general de la Policía ha anunciado que su departamento pondrá en marcha un paquete de medidas que elevará, como ya anunció El Confidencial, el número de subgrupos que integran cada grupo de los antidisturbios, pasando de tres a cuatro, para garantizar que siempre haya 50 agentes listos para intervenir. También se creará un grupo de intervención rápida y se aumentará el número de agentes mínimo que actuará en disturbios especialmente violentos. Asimismo, Cosidó ha indicado que a partir de ahora el Estado ofrecerá asistencia jurídica a todos los agentes de las UIP que resulten heridos y que se les dotará de mayores medios para su protección personal. Además, se comprarán nuevos materiales para los efectivos, cuyo coste ascenderá a los 500.000 euros.
La Unión Federal de Policía (UFP) ha considerado insuficiente el cese anunciado por Cosidó y ha pedido que asuman su error el resto de mandos policiales. «No nos parece correcta la decisión y además Cosidó se contradice. Dice que el despliegue fue correcto y que no se pueden individualizar las responsabilidades pero al mismo tiempo decide cesar al jefe de las UIP en Madrid, que es el último del escalafón», ha denunciado el portavoz de la UFP, Serafín Giraldo. «Si es destituido el que recibió las órdenes, también tienen que ser destituidos los que se las dieron».