EL CORREO 24/02/13
· Jorge Mota impugnará la reelección de Consuelo Ordóñez como presidenta del colectivo porque entiende que parte de sus votantes no cumplen las normas de afiliación.
El futuro del Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite) se decidirá finalmente en los juzgados. La asociación celebró ayer en San Sebastián la asamblea general para elegir a su nueva ejecutiva y las tensiones internas volvieron a ser las protagonistas. La votación dio por vencedora a Consuelo Ordóñez por 186 sufragios frente a los 147 que obtuvo la candidatura encabezada por Jorge Mota. No obstante, estos últimos han decidido impugnar judicialmente el resultado por considerar que buena parte de las nuevas altas de socios presentada por Ordóñez para, según denuncian, «decantar la balanza a su favor», va en contra no solo de los estatutos de Covite, sino también de la ley estatal de víctimas.
Llueve sobre mojado. La historia de desencuentros entre las dos facciones se empezó a forjar hace meses y se hizo especialmente patente a finales de enero. La asociación tenía previsto elegir entonces a la persona que ostentaría la presidencia de la misma, si bien fue suspendida finalmente para analizar las solicitudes de altas que presentaron ambas candidaturas. Es decir, para comprobar que todas cumplían los requisitos para acceder al colectivo –ser víctima del terrorismo según marca la normativa vigente– y, con ello, tener derecho a voto. Los de Mota abogaron en un primer momento por celebrar la asamblea exclusivamente con las personas que ya formaban parte de la agrupación. Una decisión con la que, al parecer, no comulgaba Ordóñez. Esta última hizo valer en un primer momento su voto de calidad como presidenta en la junta directiva para permitir que se tuvieran en cuenta a las peticiones de nuevos socios y el viernes, víspera de la asamblea, dio el visto bueno a todas, pese a la oposición expresa de la plancha rival.
Ordóñez presentó 134 altas, mientras que sus contrincantes pusieron sobre la mesa 53. «Todas de víctimas del terrorismo», señaló ayer Mota. Hermano del funcionario de prisiones Ángel Mota, asesinado por ETA en 1990, el aspirante se mostró indignado por la «vergonzosa» escena vivida en la asamblea. Algunos asistentes al cónclave llegaron incluso a increpar a Consuelo Ordóñez, a la que pidieron que «no se aferre al poder». Votaron ‘in situ’ 68 personas, mientras que 277 lo hicieron de manera delegada. Fue precisamente esta última fórmula la que dio la victoria a la hermana del exconcejal del PP Gregorio Ordóñez. Si bien la mayoría de los asistentes apoyaron a Mota –un total de 44–, este último recabó 103 votos delegados, frente a los 174 de la actual presidenta.
«Cuñados, nueras, yernos…»
La polémica estriba en las nuevas altas. La candidatura de Mota acusa a Ordóñez de incluir a 25 personas amenazadas que «no han acreditado sufrir secuelas psicológicas ni haber sido indemnizados como víctimas» –así lo fija la ley estatal–, y otras 63 solicitudes de ciudadanos que no tienen primer o segundo grado de consanguinidad con una víctima del terrorismo, lo que, añadieron, «les invalidaría» en base a los estatutos de Covite. «Han metido a cuñados, sobrinos, nueras, yernos… Eso lo podíamos haber hecho nosotros, pero hemos respetado las normas», criticó Mota. Asimismo, y según añadió, el resto de altas presentadas por su rival, que sí son damnificados, residen fuera de Euskadi. «Esta es una asociación del y en el País Vasco. Para el resto del ámbito estatal ya está la AVT», expresó.
Ordóñez salió al paso de las críticas al asegurar que se aceptaron las nuevas incorporaciones «de acuerdo con los estatutos y a los criterios que ha tenido presentes hasta la fecha la asociación», que cobija a «amenazados, extorsionados, heridos, familiares de heridos, contraparientes, primos o cónyuges». En cuanto a los reproches de que la mayoría de las altas afines a su candidatura son de fuera de Euskadi, fue tajante. «Yo soy vasca, pero me tuve que ir por la campaña de persecución que he sufrido», replicó. Ordóñez ostentará la presidencia de Covite, aunque habrá que esperar a conocer si el juez da finalmente validez a la votación.
EL CORREO 24/02/13