Jesús J. Hernández-El Correo

  • La asociación de víctimas critica que la consejera San José prometió más transparencia pero le niega datos de reclusos de ETA en segundo grado

Lo prometió hace un mes y quizá sin saberlo levantó un revuelo considerable. María Jesús San José se comprometió a informar «más» a las víctimas del terrorismo sobre las decisiones penitenciarias. Para las principales asociaciones de víctimas, no pasó desapercibida la frase de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. «Estamos pidiéndole información de forma constante y nos la está negando», advierte Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.

Hace unas semanas, la asociación preguntó al Ejecutivo vasco cuántos presos de ETA se han acogido al artículo 117 del reglamento penitenciario. Se trata de una excepción que permite que reclusos de segundo grado tengan beneficios del tercero antes de cumplir todos los requisitos. Ordóñez insiste en que «nos negaron saber cuántos y quiénes son». No era la primera vez.

En concreto, el artículo 117 permite a determinados internos desarrollar actividades fuera del centro penitenciario para facilitar su reinserción social. Covite, que ha remitido una carta a sus socios explicando la situación, considera que «se está privilegiando indebidamente a presos de ETA». Según detallan, «este programa debería aplicarse de forma excepcional y sin embargo se está utilizando con algunos presos de ETA como vía alternativa para darles la posibilidad de desarrollar trabajos y actividades fuera de prisión cuando no han cumplido las tres cuartas partes de la condena, requisito imprescindible para acceder al tercer grado, el único que no pueden burlar».

La asociación que preside Consuelo Ordóñez pide a sus asociados que «si recibís cualquier notificación que indique que alguno de los responsables de vuestros atentados está disfrutando del programa del artículo 117 del Reglamento Penitenciario, nos lo hagáis saber cuanto antes».

La mayoría de los reclusos de ETA ha logrado acceder a la semilibertad gracias a terceros grados. Covite insiste a sus asociados en que «ya burlan el requisito del arrepentimiento asegurando que lo están, cuando es obvio que no, pero el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena no lo es tan fácil porque es algo completamente objetivo». A su juicio, se trata de progresiones «fraudulentas» porque «no están arrepentidos». El Gobierno vasco aprobó 14 terceros grados el año pasado y lleva algo más de una veintena en este ejercicio, que «se suman a las casi 60 que concedió el PNV en tres años y a los recortes de penas por la convalidación de las condenas cumplidas en Francia».

Hay otro artículo del reglamento penitenciario, en concreto el 100.2, que se viene aplicando a algunos reclusos de la banda para que puedan salir durante unas horas. Es también una medida excepcional para quienes no cumplen todos los requisitos. En mayo de este año, había una veintena de reos de la banda en esa situación. La AVT señaló entonces que un 66% de los presos de ETA están en semilibertad y un 34% permanecen en régimen cerrado.